Washington vive una crisis institucional tras la decisión del presidente Donald Trump de asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana. El fiscal general del distrito, Brian Schwalb, presentó una demanda para frenar la medida. La disputa deja al cuerpo policial con dos jefes en funciones y una ola de confusión.
Washington enfrentó este viernes 15 de agosto una jornada de confusión institucional tras la decisión del presidente Donald Trump de colocar al Departamento de Policía de la ciudad bajo control federal, una medida que coincidió con el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional.
La iniciativa fue justificada por la Casa Blanca como una respuesta a lo que el mandatario describió como una creciente ola de criminalidad y “anarquía”. La situación derivó en un escenario inusual: una fuerza policial con dos jefes en funciones.
El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, presentó este viernes una demanda ante un tribunal federal en Washington para frenar el intento del presidente Donald Trump de asumir el control del departamento de policía local.
"Esta es la amenaza más grave que el Home Rule DC haya enfrentado jamás, y estamos luchando para detenerla", declaró Schwalb.
La acción judicial busca que la justicia declare ilegal la medida impulsada por el mandatario, en un contexto de creciente tensión entre la Administración federal y las autoridades de la capital estadounidense. Schwalb sostiene que la intervención federal es contraria a la ley y podría generar un colapso en el funcionamiento del cuerpo policial.
La jefa de Policía de Washington, Pamela Smith, expresó su rechazo a la medida en una declaración incluida en el expediente judicial. “En mis casi tres décadas como agente del orden, nunca he visto una sola acción gubernamental que supusiera una amenaza mayor para la ley y el orden que esta peligrosa directiva”, afirmó.
La demanda fue presentada un día después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunciara que el jefe de la DEA, Terry Cole, asumiría temporalmente las funciones de comandante policial y tendría autoridad para aprobar las órdenes emitidas a los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana.
No precisó cuál sería el rol de la actual jefa, Pamela Smith, designada por el alcalde. “Las acciones ilegales de la Administración son una afrenta a la dignidad y a la autonomía de los 700.000 residentes que consideran a Washington D. C. su hogar”, afirmó Schwalb.
Schwalb advirtió sobre el precedente que podría sentar la decisión del presidente Donald Trump, al destacar que ningún mandatario había invocado previamente la Ley de Autonomía del Distrito (Home Rule Act) para intervenir directamente en el control del cuerpo policial local. Dicha normativa otorga al Distrito amplias facultades para gestionar sus asuntos internos, aunque bajo la supervisión final del Congreso.
Schwalb afirma que exceden las competencias federales definidas en la Ley de Autonomía de Washington D. C. de 1973. “Al declarar una adquisición hostil del Departamento de Policía Metropolitana, la Administración está abusando de su autoridad limitada y temporal en virtud de la Ley de Autonomía Local, infringiendo el derecho del Distrito al autogobierno y poniendo en peligro la seguridad de los residentes y visitantes de DC”, afirmó Schwalb en un comunicado.
En su recurso, Schwalb pidió bloquear de forma inmediata la orden de Bondi y preservar el control del Departamento de Policía en manos del alcalde y de la actual jefa del cuerpo policial. También requirió una orden de restricción temporal de emergencia, cuya audiencia fue programada para las 14.00 horas del viernes.
La alcaldesa Muriel Bowser apoyó la evaluación hecha por Schwalb. "Seamos claros sobre lo que exige la ley durante una emergencia declarada por el presidente: exige que el alcalde de Washington D.C. preste los servicios del Departamento de Policía Metropolitana para fines federales a solicitud del presidente", escribió Bowser en X. "Hemos cumplido con la ley. En referencia a la orden de la fiscal general de los Estados Unidos, no existe ninguna ley que transfiera la autoridad del personal del Distrito a un funcionario federal", añadió.
Williams Banks, profesor de derecho especializado en seguridad nacional en la Universidad de Syracuse, consideró que el fiscal general de Washington D. C. tiene “argumentos muy sólidos” para sostener que el presidente Trump ha sobrepasado los límites de autoridad establecidos por el Congreso. Sin embargo, advirtió que lo inédito de la situación complica prever cómo podría fallar un juez.
“No hay un manual para esto”, afirmó Banks. “No hay precedentes en ningún caso”, agregó.
Trump defiende su medida
Antes de partir hacia Alaska para una cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin, Trump defendió desde la Casa Blanca el uso de militares en tareas de seguridad interna, en respuesta a las críticas que cuestionan su idoneidad para asumir funciones policiales.
“He escuchado hablar de cómo la Guardia Nacional o el Ejército no están capacitados en Policía, pero sí en sentido común, y están capacitados para no permitir que la gente incendie edificios, bombardee edificios y dispare contra la gente, todas esas cosas”, aseguró el presidente.
El Departamento de Justicia declinó comentar sobre la demanda presentada por el Distrito de Columbia, mientras que la Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de pronunciamiento formuladas el viernes por la mañana por las agencias de noticias.
La intervención federal en el cuerpo policial de la capital es el más reciente intento del presidente por ampliar los márgenes de su autoridad legal, recurriendo a disposiciones poco conocidas y a una declaratoria de emergencia para sustentar su discurso de mano dura contra el crimen y sus planes de intensificar las deportaciones de migrantes en situación irregular.
Se trata además de una de las acciones más radicales de control federal sobre un Gobierno local en tiempos recientes. Si bien Washington enfrenta desafíos relacionados con la violencia y la crisis de personas sin hogar, su tasa de homicidios sigue por debajo de la de otras grandes urbes del país y no refleja el colapso de seguridad que la administración Trump intenta describir.
“Están bajo investigación en este momento. Nos están dando estadísticas de delincuencia falsas, al igual que dieron otras estadísticas en el mundo financiero (…) Washington D.C. está en su peor momento, y pronto estará en su mejor momento. Vas a tener una ciudad muy segura, vas a tener una ciudad libre de delincuencia. Quiero decir, digo eso: prácticamente una ciudad libre de delincuencia”, repitió Trump ayer.
Las autoridades policiales de Washington sostienen que los delitos violentos han descendido a su nivel más bajo en tres décadas, tras un repunte significativo en 2023. Los robos de automóviles, por ejemplo, se redujeron en aproximadamente un 50% en 2024 y han continuado a la baja este año.
Se rompería el pacto de autonomía de Washington
El fiscal general del Distrito de Columbia, un cargo de elección popular, es el principal asesor legal del Gobierno local y actúa de manera independiente del fiscal federal designado por el presidente para la jurisdicción de Washington, actualmente en manos de la exjueza y expresentadora de Fox News Jeanine Ferris Pirro.
El presidente Donald Trump nombró a Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos, posición que encabeza el aparato nacional de justicia.
La orden emitida por Bondi fue anunciada pese a que, horas antes, la jefa de Policía del Distrito, Pamela Smith, había instruido a sus oficiales a compartir información con autoridades migratorias únicamente si las personas en cuestión se encontraban bajo custodia —por ejemplo, detenidas en controles de tráfico o puestos de control—.
El Departamento de Justicia manifestó que Bondi se oponía a esa directiva, al considerar que promovía la continuidad de las llamadas “políticas santuario”, que restringen la cooperación entre cuerpos policiales locales y agentes federales de inmigración.
Bondi anunció la revocación de la orden emitida por la jefa de Policía de Washington, así como de otras políticas del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), que restringían las investigaciones sobre el estatus migratorio de las personas y prohibían las detenciones basadas únicamente en órdenes federales de migración.
Bondi señaló que, a partir de ahora, toda nueva directiva policial deberá contar con la aprobación del recién designado jefe interino del departamento, Terry Cole, procedente de la DEA.
Aunque el presidente de Estados Unidos tiene mayor autoridad sobre la capital federal que sobre otras ciudades del país, Washington D. C. cuenta con un alcalde y un consejo municipal elegidos por voto popular desde la aprobación de la Ley de Autonomía en 1973.
Donald Trump se convirtió en el primer mandatario en ejercer control directo sobre la fuerza policial de la ciudad desde que se promulgó esa legislación. La norma establece que dicho control puede extenderse por un máximo de 30 días sin autorización del Congreso, aunque el presidente ha insinuado que intentará prolongarlo.
El fiscal general del distrito, Brian Schwalb, sostiene que la ley limita el papel del presidente a requerir asistencia policial del alcalde para fines federales específicos, sin facultades para asumir el control operativo del cuerpo.
Con AP y medios locales
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