San Juan y el país merecen la verdad, no el miedo. Las posibilidades para extraer el oro y sus consecuencias

El lunes 28 de abril de 2026, San Juan de la Maguana se detuvo. Comercios cerrados, escuelas vacías, neumáticos ardiendo en las calles. El Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida declaró un paro de 24 horas con un respaldo que sus organizadores estimaron en más del 95%. Es una imagen poderosa. Es también una imagen que merece ser entendida con toda su complejidad, no reducida a consigna, ni ignorada por quienes tienen el deber de informar con rigor.

Ofrecemos este análisis desde el respeto más profundo hacia quienes salieron a la calle. San Juan es una provincia agrícola que vive del agua. El río San Juan alimenta cultivos que sostienen familias. El miedo a perderlo es visceral, legítimo y completamente comprensible. Nadie que ame a su tierra debería pedir a esa comunidad que no sienta lo que siente. Como bien ha dejado escrito esta semana en Acento Víctor Gómez Valenzuela, "San Juan no es solo `el granero del Sur´ (responsable del 90% de la producción nacional de habichuelas y otros rubros agropecuarios)", sino también  es "un nodo hídrico estratégico que conecta con áreas protegidas críticas de la Cordillera Central y su biodiversidad".

Pero el respeto a la emoción no puede confundirse con el respeto a la desinformación. Y lo que ha circulado en estos días en redes sociales, en declaraciones políticas y en titulares de prensa sobre el Proyecto Romero contiene errores graves, omisiones deliberadas y comparaciones falsas que no le hacen ningún favor a San Juan y menos al país, y que niegan de plano la posibilidad de la explotació n de los recursos que nos ha dotado la naturaleza o la providencia.

I.  La acusación más repetida — y la más técnicamente incorrecta se refiere a que "la mina va a contaminar el agua de San Juan, el río Yaque del Sur y la presa de Sabaneta".

Esta acusación es la más emocional y la más eficaz políticamente — y también la que más deliberadamente confunde dos modelos mineros que no tienen nada en común.

El senador Félix Ramón Bautista Rosario argumentó en 2025 ante el Senado que la contaminación incluiría "metales pesados" y generaría un "efecto dominó" hasta la presa Monte Grande, afectando a más de medio millón de dominicanos. Es un argumento diseñado para impactar. Pero hay un problema fundamental: ese escenario describe lo que podría pasar con una mina a cielo abierto con presa de colas convencional y uso de cianuro. Ese no es el Proyecto Romero.

Todo cuanto se ha explicado, pública e institucionalmente, es que Romero es subterráneo, sin cianuro, sin presa de colas con agua a presión.

Los hechos técnicos, verificables en el perfil de proyecto publicado por GoldQuest y auditados por AECOM — firma líder mundial en ingeniería ambiental con presencia en 150 países —, son los siguientes:

▸  Operación 100% subterránea: huella superficial mínima, sin remoción de cientos de hectáreas de suelo.

▸  Cero cianuro en sitio: el principal agente de contaminación hídrica en la minería tradicional está eliminado por diseño, no por promesa.

▸  Paste Backfill: los residuos se reintroducen en las cavidades subterráneas como soporte estructural. No salen a la superficie.

▸  Dry Stack: los relaves que no se reutilizan se apilan en seco y compactado — sin agua a presión, sin riesgo de ruptura catastrófica.

▸  Reciclaje hídrico >90%: el agua que entra al proceso es mayoritariamente reutilizada. No hay descarga masiva a cuencas externas.

La tecnología cambió. El modelo cambió. El riesgo es fundamentalmente distinto.

Estamos recogiendo los datos del Informe Técnico Ejecutivo: Minería Subterránea vs. Cielo Abierto, Análisis de Riesgos y Beneficios Ecológicos. GoldQuest / Agnico Eagle. 2025. Si esto no se corresponde con la verdad, habría que refutarlo técnicamente.

II.  Cuando la ciencia se convierte en bandera política. La afirmación que se ha hecho es que "La Academia de Ciencias de la República Dominicana rechaza el proyecto"

Esta es quizás la distorsión más peligrosa del debate, porque utiliza la autoridad científica para legitimar una posición política. Y la Academia de Ciencias merece ser citada correctamente. Lo que hemos comprobado, de acuerdo con los datos aportados por la propia Academia de Ciencias, es que exigió más datos, más investigación, y aceptó ser veedora del proyecto, tal y como ha sido planteado.

Es necesario distinguir dos instrumentos que el debate público ha mezclado con consecuencias que inducen a la confusión. El EIA ( Estudio de Impacto Ambiental)  es el estudio que exige la Ley 64-00 de Medio Ambiente para cualquier proyecto de esta naturaleza. Es obligatorio, no negociable, y es exactamente lo que la empresa gestora del proyecto está realizando: recibió los Términos de Referencia (TDR) del Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2025, inició los estudios en julio y espera presentar resultados entre julio y agosto de 2026, de acuerdo con los datos que han aportado los técnicos de la empresa El consultor líder es AECOM, firma estadounidense reconocida globalmente con presencia en más de 150 países. Los estándares aplicados son los de la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, el mismo marco que exigen los financistas institucionales internacionales.

La EAE (Evaluación Ambiental Estratégica)  es algo distinto: un instrumento de planificación territorial, no legalmente obligatorio bajo la Ley 64-00, que evaluaría la vocación y fragilidad de toda la región suroeste antes de autorizar actividades de alto impacto. Es lo que algunos sectores científicos y académicos han solicitado. Representantes de GoldQuest han dicho que la apoyan, pero han dejado claro que es complementaria al EIA, no sustituta. Ambos procesos pueden correr en paralelo.

III.  El Gobierno ya aprobó la mina  ¿o no?. Lo que se ha denunciado es que  "el gobierno de Abinader le dio luz verde al proyecto minero".

Esa no es la verdad. El gobierno del presidente Luis Abinader sólo autorizó el Estudio de Impacto Ambiental. Son dos cosas radicalmente distintas. Por eso hemos visto agresiones verbales, desconsideraciones públicas contra Paíno Henríquez, sin que haya prueba de que haya sido irresponsable en el desempeño de sus funciones.

El presidente Luis Abinader fue explícito a finales de 2025: no existe autorización alguna para la explotación minera en la zona. El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, lo confirmó esta semana: autorizar la realización del estudio no implica aprobación del proyecto, sino el inicio del proceso de evaluación que exige la normativa vigente. Lo que existe es la entrega de los Términos de Referencia del Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2025 — el documento que marca el inicio formal del EIA obligatorio. Nada más. Ningún permiso de explotación. Ningún visto bueno al proyecto. El proceso está en su etapa más temprana, y tiene aún múltiples filtros por superar antes de que cualquier pala toque el subsuelo.

Protestar contra una aprobación que no existe es construir una batalla sobre un malentendido. Y ese malentendido le hace daño a San Juan, porque desvía la energía ciudadana de lo que debería ser la demanda real: exigir que el EIA sea riguroso, independiente, transparente y vinculante. El proceso existe. Está activo. Y está abierto a la participación de la sociedad civil. Eso es exactamente lo que hay que usar. Negar la posibilidad de la exploración y explotación minera es negarse al desarrollo, a la utilización de los recursos de que la naturaleza nos dotó como país, como sociedad, que busca opciones para salir de la pobreza y suplir a la sociedad frente a las necesidades y desigualdades existentes.

IV.  ¿Y los beneficios económicos de verdad llegan? Lo que han dicho los oponentes a la explotación minera es que "el pueblo de San Juan no verá ni un peso. El dinero se lo llevarán los extranjeros".

Este argumento tiene una larga historia de validez en República Dominicana  y en muchos países latinoamericanos. La minería extractiva tradicional ha dejado comunidades empobrecidas mientras las ganancias viajaban a Toronto, Londres o Johannesburgo, a Estados Unidos. El escepticismo es completamente racional. Pueblos como Bonao, Cotuí, Pedernales conocen muy bien esa historia. Sin embargo, los datos que se manejan sobre los integrantes del proyecto son diferentes a los que muestra la historia minera y extractiva.

Más del 50% del capital de GoldQuest es dominicano. Los dividendos, en su mayor parte, se quedarían en el país.

La estructura accionaria de GoldQuest rompe el patrón histórico de manera significativa. Más del 50% del capital accionario está en manos de inversionistas dominicanos. El CEO Luis Santana lo expresó con precisión: 'Más de 1,000 familias dominicanas son inversionistas. Nosotros somos de aquí y nos duele nuestro país'. Eso no es retórica , es la composición real del capital registrado en la bolsa canadiense. Y los hechos lo respaldan: las rondas de capital privado de 2024 y 2025  incluyendo más de $23 millones  fueron levantadas directamente en la República Dominicana, entre inversionistas locales. Los dividendos que genere Romero no viajarían a fondos de pensiones en Toronto. Se distribuyen entre dominicanas y dominicanos que los gastan, invierten y hacen circular dentro de la economía nacional. El Estado Dominicano recibiría importantes beneficios.

Aquí entra el efecto multiplicador monetario: USD $400 millones reinvertidos localmente por accionistas dominicanos, circulando 30 veces en la economía a través del consumo, los contratos, los salarios y los servicios, generan hasta USD $12,000 millones en actividad económica adicional. Eso equivale al 10% del PIB nacional de USD $120,000 millones  solo por el capital de los socios locales, sin contar los impuestos al Estado.

V.  ¿Quién garantiza que no será otro Pueblo Viejo? Eso es lo que, con razón, quienes rechazan la exploración y explotación se preguntan, y se responden con esta expresión: "Ya vimos lo que pasó con Barrick”. ¿Por qué habríamos de creerle a otra minera?".  Es la pregunta más honesta y más justa de todo el debate. Y merece una respuesta igual de consistente, de parte de las autoridades y de los proponentes de la explotación.

La experiencia histórica que genera miedo en la ciudadanía dominicana corresponde mayoritariamente a la minería a cielo abierto: operaciones que remueven cientos de hectáreas de superficie, generan millones de toneladas de roca residual, construyen presas de colas con agua a presión y utilizan agentes químicos que representan riesgos permanentes para las cuencas. Ese modelo existe, tiene un historial documentado y el rechazo que genera es legítimo y justificado. Ya lo vimos y lo tenemos de ejemplo.

Romero no es ese modelo, es lo que han explicado sus promotores. La diferencia no es cosmética, es arquitectónica y tecnológica:

▸  Cielo abierto: remoción masiva de superficie, miles de hectáreas afectadas, hueco permanente que no puede rellenarse, fragmentación de ecosistemas, botaderos de sobrecarga visibles por décadas.

▸  Subterráneo (Romero), de acuerdo a lo que se plantea: huella superficial mínima, más del 90% del área concesionada permanece intacta, acceso por rampa y pozo, sin alteración del paisaje.

▸  Cielo abierto: presas de colas convencionales con agua a presión, riesgo de ruptura catastrófica, pasivos ambientales que duran generaciones.

▸  Subterráneo (Romero): Lo que ellos denominan Paste Backfill — los residuos se reintroducen en la mina como soporte — y Dry Stack — relaves en seco, compactados, sin agua a presión. Sin presa de colas convencional. Sin riesgo de colapso hídrico.

▸  Cielo abierto: uso intensivo de cianuro y otros agentes químicos para separar el mineral de la roca, con riesgo permanente de lixiviación hacia acuíferos.

▸  Subterráneo (Romero), siguiendo su descripción: proceso de flotación sin cianuro ni mercurio en sitio. El CEO Luis Santana lo garantizó públicamente de manera explícita e irrevocable.

La empresa Agnico Eagle Mines, con el 10.2% del capital y representación en la Junta Directiva de GoldQuest, opera este mismo modelo subterráneo en Kittilä, Finlandia  una de las regiones ambientalmente más sensibles del mundo, con estándares de protección hídrica entre los más exigentes del planeta. Dieciséis años de operación ininterrumpida sin un solo incidente de contaminación de acuíferos documentado. Ese es el precedente real. De acuerdo con los proponentes, no es una promesa, sino un historial verificable.

La propuesta incluye, además, un plan de manejo de cuenca hídrica con una inversión dedicada de US$11 millones, un compromiso financiero concreto que respalda la afirmación de cero impacto sobre el río San Juan y la presa de Sabaneta.

VI.  Lo que San Juan podría reclamar, en procura de cierta racionalidad, y la forma de conseguirlo.  Entender todo lo anterior no significa que San Juan deba aceptar este proyecto sin condiciones. Significa exactamente lo contrario: que San Juan tiene los argumentos, la información y la institucionalidad disponibles para construir garantías reales, verificables y vinculantes. Los que hoy protestan, reclaman, y se violentan preocupados por su futuro, pudieran pensarlo y buscar colocarse del lado del beneficio comunitario y regional.

▸  Exigir que la Academia de Ciencias tenga rol protagónico real — no decorativo — en cada etapa del EIA, con poder de veto técnico si los estudios revelan riesgos inaceptables.

▸  Insistir en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para que se evalúe el impacto integral sobre la región sur, no solo sobre el yacimiento puntual.

▸  Negociar un fondo de desarrollo comunitario vinculante — porcentaje fijo de las regalías destinado a infraestructura hídrica, salud y educación en la provincia de San Juan.

▸  Establecer mecanismos de monitoreo ambiental independiente y permanente, con acceso público a los datos en tiempo real durante toda la vida útil de la operación.

▸  Garantizar que cualquier permiso de explotación sea condicionado al cumplimiento verificado de cada compromiso ambiental establecido en el EIA.

Esas demandas son alcanzables. Son razonables. Y son infinitamente más útiles para proteger el agua de San Juan que una huelga que bloquea el proceso científico antes de que arroje resultados.