Las agresiones y el exilio de periodistas en América Latina y el Caribe

La relatoría Especial de Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acaba de emitir un informe especial sobre el fenómeno de los periodistas que han sufrido de éxilio en el siglo XXI, y que como consecuencia de su trabajo, se han visto bajo amenazas y persecuciones y han tenido que salir de sus países.

El relator especial, Pedro Vaca Villarreal, ha puesto especial atención a aquellos países donde se persigue y se exilia a los periodistas. Pero no se trata solo de periodistas individuales, redacciones completas, diarios informativos han pasado al exilio en Centroamerica, como consecuencia de la labor que ejercen.

El informe dice que ser periodista en el exilio conlleva la desconexión de las redes profesionales y sociales, el acceso limitado a fuentes de información en el terreno y un proceso de adaptación a nuevos contextos que, en muchos casos, puede poner en riesgo la continuidad de lau labor informativa. “La naturaleza prolongada del exilio obliga a las y los comunicadores a reconfigurar sus prácticas periodísticas y sus expectativas de retorno, dado que las condiciones que motivaron su salida tienden a persistir o incluso agravarse con el tiempo”, expresa el documento.

Analiza lo ocurrido entre el 2019 y el 2024, período de 5 años en que se ha registrado un aumento significativo de los casos de periodistas perseguidos que han debido irse al exilio, como recurso último para salvar sus vidas y preservar su derecho a la libertad de expresión.

“Esta tendencia se manifiesta con particular intensidad en Estados donde se han identificado patrones de debilitamiento sistemático de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. Los casos de Nicaragua, Venezuela y Cuba resultan bien ilustrativos de contextos donde el aparato estatal ha sido utilizado deliberadamente para eliminar la crítica y el disenso, provocando el exilio masivo de comunicadores. De acuerdo con el informe “Sombra” de Voces del Sur, si bien existió una disminución en el número de alertas de agresiones contra periodistas durante 2023, ello no refleja una mejora en el estado de la libertad de prensa sino más bien el efecto intimidatorio y disuasivo de la represión gubernamental”.

Otros son los casos, como ocurre en Guatemala, donde periodistas han sido setenciado a prisión, por la rectitud de su trabajo profesional y la voluntad de seguir siendo ejemplos de trabajo ético indoblegable en favor de la democracia. El caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín, director de El Periódico, es emblemático, y se espera su puesta en libertad en 2025.

De acuerdo con la relatoría especial, los casos siguientes son los más graves:

En Venezuela, la CIDH ha señalado que el desplazamiento forzado de personas guarda una estrecha relación con la instalación de una autocracia en el país. Según la Comisión, “la ausencia de un Estado de derecho ha provocado que las instituciones estatales diseñadas para promover y proteger los derechos humanos operen para asegurar la permanencia del partido de gobierno en el poder”. Esta cooptación del poder público por parte del Poder Ejecutivo fue posible gracias a la ausencia de independencia judicial. Particularmente desde finales de 2014 y comienzos de 2015, la Comisión ha observado un vertiginoso deterioro de la situación de derechos humanos en el país y un desplazamiento forzado de personas en la región nunca antes visto. Los reportes indican que al menos 374 profesionales de la comunicación se han visto forzados al exilio, con un éxodo intenso entre 2016 y 2020, que ha continuado entre 2021 y 2024.

En Cuba, la Comisión Interamericana ha advertido la ausencia de los elementos esenciales de la democracia participativa, así como la persistencia de las restricciones al ejercicio efectivo de la participación de otras fuerzas políticas en asuntos públicos, lo que ha motivado la salida de miles de personas del país en las últimas décadas. Históricamente, la CIDH ha denunciado de manera categórica la ausencia de condiciones que permitan una genuina participación política de sectores de diversa línea de pensamiento; en particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e independencia, obstáculos que impiden el acceso libre a diversas fuentes de información. La Relatoría ha señalado que Cuba es un país donde no existen garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales. Según organizaciones de la sociedad civil, al menos 150 comunicadores abandonaron el país tan solo entre 2022 y 2023

En Nicaragua, la CIDH ha documentado un progresivo deterioro de las garantías democráticas y los derechos humanos, particularmente desde abril de 2018, cuando la respuesta represiva del Estado frente a las protestas sociales marcó el inicio de una profunda crisis política y de derechos humanos en el país. Este periodo se ha caracterizado por la concentración excesiva de poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de los mecanismos de frenos y contrapesos institucionales, configurando un entorno de represión que afecta especialmente a periodistas y actores de la sociedad civil. Desde entonces, se instauró una prohibición de facto de las manifestaciones y protestas sociales de sectores percibidos como opositores al gobierno. El Estado ha desplegado una estrategia multifacética de cooptación de espacios públicos y digitales, así como de persecución y censura contra expresiones de disidencia o crítica. La instrumentalización del poder judicial, las detenciones arbitrarias y la censura en el ámbito digital son prácticas comunes utilizadas para silenciar cualquier discurso que cuestione o critique la versión oficial, y han obligado a miles de personas a huir de la represión. De acuerdo con datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), en Nicaragua aproximadamente 289 personas trabajadoras vinculadas a medios de comunicación se han visto forzadas al exilio desde el inicio de la crisis social, política y de derechos humanos en abril de 2018. De este total, 178 (el 61%) son específicamente personas periodistas y reporteras, mientras que el resto corresponde a personas directivas, técnicas, editoras, camarógrafas y otras profesionales de medios. Entre las personas periodistas exiliadas, 44 (el 25%) han tenido que abandonar la profesión por razones económicas, mientras que 31 (el 17.5%) combinan el ejercicio periodístico con otras actividades económicas para subsistir. Los principales países de destino de personas nicaragüenses exiliadas son Costa Rica, Honduras, España y Estados Unidos.

En Haití, la Relatoría Especial advierte una situación crítica que ha forzado a numerosos periodistas al exilio en medio de una crisis multidimensional caracterizada por la inestabilidad política, el debilitamiento de las instituciones democráticas, niveles sin precedentes de violencia e inseguridad, y una grave crisis humanitaria. La Relatoría advierte con profunda preocupación que el colapso institucional, la ausencia de autoridades electas y el control territorial por parte de grupos armados han creado condiciones extremadamente adversas para el ejercicio del periodismo. Los ataques contra la prensa incluyen asesinatos, secuestros, amenazas, e incendios de instalaciones de medios. La Relatoría nota que no existen registros oficiales sobre el número de periodistas exiliados. Asimismo, constata con alarma que la disfuncionalidad del sistema de justicia y la falta de mecanismos de protección estatal han generado un contexto de total impunidad que continúa forzando a la migración de comunicadores como único medio para preservar su vida e integridad.

Si bien los casos anteriormente descritos constituyen los escenarios más críticos en la región, por patrones de represión estatal sistemática o quebrantamiento del orden constitucional y democrático, la Relatoría Especial observa que la migración forzada de periodistas se ha extendido también a otros países de las Américas. Esta tendencia responde a diversos factores que incluyen el debilitamiento de las instituciones democráticas, la presencia del crimen organizado, el deterioro del debate público, el uso indebido del derecho penal, las presiones económicas contra medios independientes y el uso de tecnologías de vigilancia como medio de control e intimidación. Estos factores en su conjunto amenazan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

En Guatemala, al menos 26 periodistas se habrían visto forzados a abandonar el país entre 2022 y 2023. Esta situación se enmarca en un contexto de instrumentalización del sistema penal como mecanismo de intimidación contra voces críticas, campañas de desprestigio, y el debilitamiento de la lucha contra la impunidad, tal como ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes anuales. Según la Red Rompe el Miedo Guatemala, se registró un incremento sostenido en los casos de exilio de periodistas, con un pico de 11 casos en 2023, que coincide con la intensificación de procesos de criminalización contra periodistas. La Relatoría nota que, si bien el nuevo gobierno ha anunciado medidas dirigidas a garantizar el retorno de periodistas exiliados y fortalecer su protección, persisten desafíos significativos para su implementación efectiva por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público.

En Honduras, la violencia y la impunidad prevalece como uno de los principales factores que fuerzan el exilio de periodistas. De acuerdo con la información recibida durante la visita in loco de la CIDH en abril de 2023, la mayoría de los casos de violencia y amenazas contra periodistas permanecen sin investigación efectiva ni sanción por parte de las autoridades competentes. Esta situación se ve agravada por las deficiencias observadas en el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia; que, según lo reportado, no estaría cumpliendo de manera efectiva y oportuna con sus obligaciones de protección e investigación. En este contexto, la asociación ASOPODEHU informó a la CIDH y la RELE durante una audiencia pública que, entre enero de 2023 y julio de 2024, cuatro periodistas se habrían exiliado y otros cuatro se encontraban en proceso de abandonar el país.

En El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reporta que, entre 2022 y 2023, al menos cinco periodistas se habrían visto forzados al exilio, la mayoría mujeres, debido a situaciones de riesgo derivadas de su labor. Esto ocurre en un contexto de progresivo deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, caracterizado por campañas de acoso digital, estigmatización en el discurso público por parte de funcionarios públicos, hostigamiento judicial, amenazas directas y violencia basada en género. En los últimos años, la CIDH y su Relatoría también documentaron el uso de software de vigilancia Pegasus contra al menos 35 personas, incluyendo 22 periodistas de medios de investigación, así como obstrucciones al ejercicio informativo durante el régimen de excepción.

El medio digital El Faro se vio forzado a trasladar su estructura administrativa y legal a Costa Rica en abril de 2023, tras 25 años de operación en el país, debido a lo que describieron como falta de condiciones para seguir operando. Según información de fuente pública, el medio y sus empleados habrían enfrentado múltiples formas de hostigamiento, incluyendo campañas de deslegitimación y difamación originadas presuntamente desde Casa Presidencial, seguimientos físicos, amenazas, acoso a anunciantes y espionaje ilegal mediante el software Pegasus. La RELE advierte que el medio también habría sido objeto de múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda con presuntas “acusaciones fabricadas”, llegando incluso a ser acusado públicamente de lavado de dinero por el presidente en cadena nacional de radio y televisión. La situación de riesgo llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a otorgar medidas cautelares a 34 miembros de El Faro en febrero de 2021, las cuales fueron más adelante ampliadas a tres integrantes más.

En Ecuador se registra un incremento significativo en el exilio de periodistas en los últimos años, en un contexto de escalada de violencia vinculada al crimen organizado. Según información aportada por el Estado y organizaciones de la sociedad civil, al menos 14 periodistas y comunicadores se habrían visto obligados al exilio entre 2023 y 2024, debido a situaciones de riesgo ligadas al crimen organizado y la violencia. En la mayoría de estos casos, las amenazas de muerte provenientes presuntamente de grupos criminales habrían precipitado la decisión de abandonar el país. Según la información recibida, las agresiones contra la prensa por parte de grupos criminales aumentaron un 870% en comparación con 2020, registrándose 42 amenazas de muerte contra periodistas entre 2022 y abril de 2024.

En Paraguay, si bien no existen cifras consolidadas sobre el exilio forzado de periodistas, la Relatoría Especial ha tomado conocimiento de casos recientes de comunicadores que se habrían visto forzados a abandonar el país tras recibir amenazas de muerte. La Relatoría ha observado un contexto de violencia contra la prensa, particularmente en zonas fronterizas como el departamento de Amambay, donde se han registrado ocho de los 21 asesinatos de periodistas documentados desde 1989. De acuerdo con la información recibida, las amenazas y el consecuente exilio estarían vinculados principalmente a la cobertura de temas como corrupción, narcotráfico y crimen organizado.

Por otro lado, la Relatoría reconoce que la situación de migración forzada de periodistas en las Américas, si bien presenta características específicas derivadas del contexto regional político y socioeconómico, se enmarca en una tendencia global de deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y restricciones a la labor periodística. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2023 al menos 460 periodistas de 62 países requirieron asistencia financiera para abandonar sus países de origen, cifra que representa un incremento del 100% respecto al año anterior. Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reportó un aumento del 227% en la asistencia a periodistas en situación de exilio forzado entre 2020 y 2023. En América Latina y el Caribe, esta asistencia se incrementó en un 40% en 2023 respecto al año anterior, siendo las personas provenientes de Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Haití y Cuba las principales beneficiarias.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Relatoría Especial observa que el incremento del exilio forzado de periodistas en las Américas constituye una grave afectación al derecho a la libertad de expresión y es un indicador del deterioro de las garantías democráticas para el ejercicio de este derecho en la región. Esta tendencia resulta particularmente preocupante en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde se han documentado patrones sistemáticos de persecución contra la prensa independiente que han derivado en la salida masiva de comunicadores del país.

En un contexto de erosión democrática y escalada de violencia, la Relatoría advierte la existencia de acciones articuladas para silenciar las voces críticas que ejercen una función de control y escrutinio sobre el poder público. Los ataques contra medios y periodistas independientes abarcan desde campañas de desprestigio y persecución judicial mediante el uso indebido del derecho penal y administrativo, hasta amenazas directas contra la vida e integridad personal. Resulta especialmente preocupante que estos patrones de agresión provengan tanto de agentes estatales como de particulares cuyos intereses se ven afectados por investigaciones periodísticas que revelan corrupción, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.

Esta Relatoría Especial subraya que el exilio forzado de periodistas no constituye una elección voluntaria sino una medida de último recurso ante circunstancias que hacen insostenible la permanencia en el país de origen. Debe presumirse que, salvo circunstancias excepcionales, una persona no abandona su hogar, familia, redes de apoyo y proyecto de vida sin que existan razones imperiosas que la obliguen a ello. En el caso de las y los periodistas, estas razones están directamente vinculadas con obstáculos al ejercicio de su labor informativa y amenazas concretas a su vida e integridad personal.