La sentencia que emite el No Ha Lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

Lo más relevante de la sentencia de la magistrada de la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, no fue la exclusión del ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, ni el envío a juicio de fondo al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero y compartes, sino la exclusión y el impulso a la candidatura presidencial del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

El auto de No Ha Lugar a las acusaciones del Ministerio Público contra cinco de los cuarenta imputados, luce más una complacencia con la presión previa montada en favor del señor Gonzalo Castillo. Una declaración de la embajadora de los Estados Unidos, censurando que en el pasado se cancelaron visados por razones políticas, y de inmediato restableciendo el visado americano a Gonzalo Castillo, pareció muy directamente un mensaje al poder judicial, de actuar de acuerdo con los deseos y concepciones que hoy se popularizan sobre la política del presidente Donald Trump, y donde la justicia siempre mira, para no desentonar.

Aunque no lo fuera, pareció coordinado. La magistrada Ramírez no encontró sustento en las acusaciones y pruebas del Ministerio Público contra los dos ex ministros, y en particular sobre Castillo, a quien le restableció la visa, lo que ha servido para el relanzamiento en grande de Gonzalo Castillo a las internas del Partido de la Liberación Dominicana, y que de acuerdo a las encuestas podría convertirse en el candidato competidor, frente a Fuerza del Pueblo y frente al Partido Revolucionario Moderno.

El Cuarto Juzgado de Instrucción no determina culpabilidad o no de los encartados en el expediente del Ministerio Público, sino que revisa las pruebas, las discute y valora si es válido que el caso vaya a juicio de fondo, por un tribunal superior, o si existe una debilidad notable, una insuficiencia de pruebas, que impida el juicio de fondo y por tanto se emite el No Ha Lugar. Los ex ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otras tres personas fueron favorecidos para que no vayan a juicio. El Ministerio Público ya dijo que se trata de una “apreciación errónea de la magistrada Altagracia Ramírez”.

El tribunal sí encontró pruebas y envió a juicio de fondo a 35 de los 40 imputados, entre ellos al exministro Donald Guerrero, al abogado Ángel Lockward, al excontralor Omar de Jesús Camacho, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirillo Mccabe; al director de Catastro Claudio Silver Peña, y al exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa, entre otros.

La pregunta que mucha gente sigue haciéndose, en muchas ocasiones con cierta sorna y picardía, si la justicia ha actuado con independencia de criterio, o si es cierto que las pruebas contra los cinco favorecidos por el No Ha Lugar eran insuficientes, o si los mensajes y presiones (se desconoce hasta dónde pudieron llegar), fueron de gran calado y tuvieron el poder de “convencer” a la magistrada de actuar con “prudencia” ante acusaciones desde centros de poder fáctico, que le cambiaran el curso de sus indagaciones.

La sentencia reúne un historial pocas veces conocidos en la historia de la judicatura dominicana. Para emitir esta decisión duplex, la magistrada necesitó 3,408 páginas, 254 páginas menos que las utilizadas por el Ministerio Público para presentar su acusación y pruebas, que fueron 3,662 páginas. Y aquí todo el mundo sabe la preferencia del Ministerio Público por abundar en los documentos acusatorios de los casos de corrupción administrativa.

Nuestra recomendación es que todo el interesado, en vez de andar preguntando y lanzando puyas, que lea la sentencia de la sentencia de la magistrada Altagracia Ramírez y se convenza de las sutilezas con que la justicia maneja casos que tienen ramificaciones internacionales, solo por decir que en los tribunales de Estados Unidos ha habido hábitos de la izquierda por hundir al actual presidente de los Estados Unidos.