Aprendizaje de los jueces en materia de difamación e injuria

Los tribunales dominicanos han ido aprendiendo a manejar los casos de difamación e injuria.

Poco a poco van afinando la actuación con los casos que han ido llegando desde diferentes víctimas, que incluyen periodistas, legisladores, funcionarios públicos, miembros del Ministerio Público y otros ciudadanos decididos a no seguir aceptando que sus nombres y vidas serán aireados fantasiosamente, con claras intenciones de hacer daño, por especialistas en difamación y extorsión.

No era conocida la disposición de los jueces para conocer casos de denuncias de difamación e injuria en el pasado, dado que se involucraba a periodistas y comunicadores, que a la postre se convertirían en enemigos y actuarían también afectando la imagen, la historia, y hasta la credibilidad de los jueces.

Pocos magistrados se atrevían a conocer estos temas.

La difamación y la injuria es una materia vieja, pero cuenta con una legislación que ha sido cambiada en múltiples ocasiones por el Tribunal Constitucional. Hay nuevos medios, nuevos instrumentos y escasa legislación al respecto, aparte de un mínimo legado de jurisprudencia.

Hasta que explosionó la mentira divulgada por Johnny Arrendel contra periodistas dominicanos que supuestamente eran asalariados de USAID y que actuaban motivados por los ingresos recibidos. Una mentira difamatoria de cabo a rabo, que motivó una actuación legal que está en curso, pese al arrepentimiento del difamador, que admitió haber divulgado un mensaje mentiroso.

Pero los ejemplos mayores siguieron levantando una polvareda que hedía y lucía más putrefacta que una rata de cinco días muerta.

Llegaron los casos contra funcionarios públicos, como la ministra de Interior y Policía, a quien una persona le atribuyó ser quien supuestamente aparecía en un vídeo; todo para querer provocar un escándalo y de atribuirle a la funcionaria supuestas perversiones. Y esa mentira fue aireada y  promovida por personas perversas, con asiento en la televisión y en las redes sociales.

La radio, YouTube, X y tantas otras plataformas se utilizaron para invadir el espacio de la información y la opinión, con la presencia de un supuesto investigador, que se escudaba en que contaba con informes de organismos de inteligencia de los Estados Unidos, sobre drogas, narcotráfico, robos, corrupción, relaciones sexuales, retiro de visados, deportaciones y tantas otras invenciones para denigrar a políticos, empresarios, comunicadores y un largo etcétera.

Ya los jueces han aprendido a dictar prisión de imputados por no comparecer cuando se les citaba. Esa es la forma de restablecer la solemnidad de los tribunales y de hacer a entender que una demanda puede causar reparaciones morales importantes.

Ya los jueces han aprendido a identificar a los difamadores y vociferantes en las redes cuando acuden con su misma cantaleta a los tribunales, a presentar procacidades ante los jueces sobre las que sostienen su quehacer nauseabundo. Y por eso los jueces dictan prisión por agresiones verbales y por mentir ante los tribunales y los jueces. Porque los sujetos sometidos tampoco reconocen el rol y la solemnidad de un juez ni de un tribunal.

Se trata de signos alentadores para avanzar hacia el respeto. Pero sobre todo para se aprenda a distinguir de una vez por todas a un periodista profesional de un difamador que se hace pasar como “comunicador” o como “influencer” para extorsionar y obtener ganancias delinquiendo. Los jueces están aprendiendo a conocer al ciego durmiendo y al cojo sentado.