¿Hasta cuándo mantendrá su silencio el Ministerio Público sobre la tragedia de la discoteca Jet Set, en la que fallecieron 231 personas?
Han pasado tres semanas, y la autoridad no ha informado sobre sus diligencias para determinar lo ocurrido y las consecuencias que del caso se derivan.
Es cierto que el presidente de la República, Luis Abinader, informó de actuaciones del gobierno, de medidas que se adoptaron para compensar y apoyar a las familias afectadas, y de la decisión del presidente para que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), con apoyo de investigadores internacionales, rinda un informe sobre el caso y sus causas.
Mas, la muerte de 231 personas es un suceso catastrófico. Se trata de una desgracia mayúscula en la que la autoridad del Ministerio Público es fundamental.
Se sabe que la dirección de Persecución es la responsable del caso, dirigida por Wilson Camacho. Tanto la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, como el director de Persecución, son personas de probada calificación y solvencia.
Sin embargo, han tardado mucho, para presentar datos, para decir que están trabajando, para ofrecer tranquilidad a los familiares de los fallecidos, y al propietario del lugar, Antonio Espaillat, quien se definió como el primer interesado en saber lo que pasó con la caída del techo de la discoteca. La Fiscalía del Distrito Nacional es otra dependencia del Ministerio Público con responsabilidad en la actuación pública.
No es suficiente la información, negada por el propietario de la discoteca, de la prohibición de cualquier cambio societario en cualquiera de las empresas del señor Espaillat. Existe constancia de que lo han intentado. Ello ha dado pie a incluir en las redes, sin ninguna confirmación, nombres de personas y empresas reconocidas. Muchas de esas menciones son maliciosas, y no pasan de ser especulaciones.
Sin información oficial damos pie a la especulación y la invención. En las redes abundan las fábulas y manipulaciones. Todo ello es abono para la confusión y para el tristísimo y justificado enfado de las familias afectadas, y para la sociedad en su conjunto, que espera palabras de aliento y datos que garanticen que no hay trasiegos ni complicidades irregulares.
Es lo mínimo que se puede pedir. Es lo mínimo que deseamos sobre este terrible caso, a tres semanas de haberse producido.
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