'Son parches': académicos advierten que la reforma fiscal promulgada no toca las raíces del problema

El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron en tiempo récord y bajo declaratoria de urgencia, el proyecto de ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. Sí, cinco días en el Congreso, dos sesiones consecutivas y una mayoría aplastante del partido oficialista PRM bastaron para darle luz verde a una iniciativa que el gobierno espera convierta en entre RD$40,000 y RD$50,000 millones de pesos en ingresos adicionales para el Estado. Anoche, el presidente Luis Abinader la promulgó bajo el criterio de la urgencia busca enfrentar la crisis ante las presiones de la coyuntura económica global.

Pero para dos de los economistas más reconocidos del país, la velocidad del trámite no es lo único que llama la atención. Lo que más preocupa es lo que la propuesta no hace.

"Parches", no reforma

El doctor Manuel Santana, decano del Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), no tuvo reparos en usar la palabra que muchos en el establishment económico evitan: parche.

"Son parches. Hay que ser honesto", afirmó Santana. "Para hacer una reforma estructural se requiere un consenso del conjunto de sectores del país, y ya sabemos lo difícil que es ponerse de acuerdo con empresarios, políticos, la oposición, con cualquier sector que tiene incidencia en la economía".

Su colega Vladimir Pimentel, coordinador de la carrera de Economía del INTEC, comparte el diagnóstico, aunque matiza el lenguaje. "La propuesta es muy acotada, muy puntual, y no necesariamente está vista para hacer una transformación estructural", señaló. Para Pimentel, lo que está en juego no es tanto el nombre —reforma, plan, conjunto de medidas— sino cómo se implementa lo que se apruebe.

Ambos académicos coinciden en que el debate semántico sobre si llamarla "reforma fiscal" o "plan procrecimiento" responde, en parte, a un cálculo político. "Se debe en mayor medida al trauma de la reforma presentada hace un tiempo, que dio al traste con que no se le llame reforma fiscal para no asustar a la población", explicó Santana. "Es un miedo a que se diga que es o no una reforma fiscal".

El dilema de las tres variables

Pimentel encuadró la discusión en términos de teoría económica: todo gobierno enfrenta el desafío de mantener simultáneamente la estabilidad de precios, el crecimiento económico y el balance fiscal. En ese triángulo de tensiones, el gobierno dominicano tomó sus decisiones.

"El ministro de Hacienda lo planteó muy claro: hay una situación importante por el tema de los precios del petróleo", recordó el académico. Mientras América Latina aumentó en promedio un 30% el precio de los combustibles, República Dominicana lo hizo en un 15%, absorbiendo la diferencia con fondos públicos. "Eso tiene un costo fiscal y tiene sus límites", advirtió.

La lógica keynesiana que subyace a la propuesta, según Pimentel, es que para sostener un crecimiento histórico superior al 5% —que se desaceleró el año pasado y comenzó a recuperarse en 2026— el Estado necesita garantizar inversión pública. Y para eso necesita recursos.

Lo que sí tiene la reforma fiscal: medidas puntuales con impacto diferenciado

Los académicos identificaron algunas medidas que consideran positivas dentro del paquete:

• Eliminación del anticipo para pequeñas y medianas empresas, un obstáculo histórico para el emprendimiento.
• Indexación de salarios, establecida por ley pero nunca aplicada de manera consistente.
• Aumento del 3% en el impuesto sobre la renta a empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones —aunque no entrará en vigencia hasta 2027.
• Focalización de subsidios hacia los sectores más vulnerables, con énfasis en hogares encabezados por mujeres.
• Simplificación tributaria: reducción de la periodicidad de pagos impositivos de mensual a trimestral.
• Digitalización de procesos de pago para reducir la complejidad del cumplimiento fiscal.

Sin embargo, también hay medidas que generan costos directos para la ciudadanía: el impuesto a los cheques sube de 0.15 a 0.20, y los pasajes de transporte incorporan un recargo de RD$10.

"Es un balance de aspectos positivos y aspectos que no son favorables, sea para la clase media o para el sector que fuere", reconoció Pimentel. Un punto que ambos destacaron como clave para la aprobación política: el ITEBIS no fue tocado, lo que protege el consumo popular y facilitó el consenso.

Los dos fantasmas: evasión e informalidad

Cuando se les preguntó si los RD$40,000 millones a 50,000 millones proyectados son alcanzables frente a los dos grandes problemas estructurales de la economía dominicana —la evasión fiscal y la informalidad— la respuesta fue directa.

"La mayor parte del conjunto de medidas no apunta a una reducción real de la evasión fiscal", admitió Santana. Y el dato que respalda esa preocupación es contundente: la presión tributaria de República Dominicana ronda el 14% del PIB, cuando el promedio de América Latina oscila entre el 19% y el 20%.

"Hay una evasión alta en impuestos sobre la renta y una evasión alta en el ITEBIS, y esos son recursos que diezman al Estado, que tiene que ir a buscar de otras fuentes cuando, mejorando la eficiencia, podría alcanzar niveles de ingresos adecuados para enfrentar los distintos problemas del país", explicó el decano.

Para Pimentel, la solución pasa por la transparencia. "Si llegásemos a un punto de gran transparencia, no tuviéramos que estar haciendo tantas reformas fiscales cada cierto tiempo. La población, al recibir las informaciones del Estado de manera clara y precisa, entendería mejor la necesidad que tenga el Estado de obtener ingresos en un momento determinado".

El gasto corriente: la crítica que no calla

La oposición, con Leonel Fernández a la cabeza, ha señalado que cerca de 9 de cada 10 pesos ejecutados por el gobierno se destinan a gasto corriente, mientras apenas 1 peso va a inversión de capital. Los académicos del INTEC no desestiman esa crítica, aunque la contextualizan.

"La realidad de la estructura del gasto del Estado dominicano en los diferentes gobiernos es que el gasto corriente ha sido históricamente elevado", reconoció Pimentel. No obstante, citó datos del propio Ministerio de Hacienda: entre 2024 y 2025, el gasto corriente se redujo en un 5% y el gasto de capital aumentó en 1.1%.

Santana fue más directo al trazar la línea histórica: "Los gobiernos del PLD hicieron mucho énfasis en infraestructura. Los gobiernos del PRD y el PRM han tenido históricamente una preferencia por el gasto corriente". Y aunque reconoció que el gobierno actual ha dado señales de querer revertir esa tendencia, advirtió que "desmontar una estructura presupuestaria no es algo que se logra de la noche a la mañana".

El punto de fondo, según ambos, es que un presupuesto ejecutado de manera eficiente debe equilibrar gasto corriente y gasto de capital. "El gasto de capital genera desarrollo: son infraestructuras, nuevas escuelas, nuevos hospitales. El gasto corriente, en algunos elementos, es improductivo", sintetizó Santana.

La nómina pública: el elefante en la habitación

Otro de los temas que los académicos abordaron con franqueza fue la nómina pública, calificada por Santana como "nómina improductiva" en muchos casos. "Todos los gobiernos han incrementado la nómina pública. Cada uno de los gobiernos que llega tiene sus acólitos y quiere complacerlos, y probablemente por eso se incurre en nóminas que no son productivas".

La solución, sin embargo, no es simple. "La respuesta que se le puede dar a ese problema no es de corto plazo. Es una respuesta de mediano y largo plazo", aclaró. Con el avance de la inteligencia artificial y la digitalización del Estado, ambos ven una oportunidad de racionalizar sin necesariamente generar desempleo masivo.

¿Hasta cuándo alcanzan los parches?

La pregunta final tiene una mirada prospectiva: ¿Cuánto tiempo compran estas medidas antes de que el país necesite otra intervención fiscal?

"Son soluciones muy cortoplacistas, al estilo de bombero apagando fuego", respondió Santana sin rodeos. "Particularmente entiendo que hasta con una pequeña reducción en los subsidios de los combustibles, estos RD$40,000 o 50,000 millones se podían alcanzar. Podemos aguantar un par de añitos".

Pimentel, más cauto en el tono, insistió en que el valor real de la propuesta dependerá de su implementación. "Es a donde tenemos que mirar: se toma esta medida, esta decisión, ¿cómo la implementamos y logramos que realmente se cumpla?".

Lo que ambos tienen claro es que la República Dominicana tiene una deuda pendiente con su propio sistema fiscal: una reforma integral, consensuada y profunda que ningún gobierno ha podido —o querido— encarar. Mientras eso no ocurra, los parches seguirán siendo la respuesta dominicana a problemas estructurales que llevan décadas sin resolverse.

Vea la entrevista completa realizada en el programa Mirada Femenina