La denominada Ley Pro-Crecimiento (aún es un proyecto de ley) incorpora, por ejemplo, un gravamen extraordinario del 30 % dirigido a empresas de gran tamaño que superen un determinado volumen de facturación, una medida aprobada con carácter de urgencia que ha abierto el debate sobre sus efectos en la inversión, la competitividad y la recaudación estatal.
¿En qué consiste la Ley Pro-Crecimiento?
La legislación crea un esquema tributario excepcional orientado a incrementar los ingresos del Estado mediante un aporte adicional de las compañías con mayores niveles de facturación.
La iniciativa ha sido presentada como una herramienta para impulsar el crecimiento económico y fortalecer las finanzas públicas, aunque sectores empresariales advierten sobre sus posibles efectos sobre la actividad productiva.
Uno de los aspectos que más inquietudes ha generado es el denominado impuesto del 30 %, cuya aplicación está limitada a un segmento específico del tejido empresarial y no afecta de manera generalizada a pequeñas y medianas empresas.
¿Quiénes deberán pagar el impuesto?
De acuerdo con los criterios establecidos en la normativa, el tributo alcanzará a las empresas que registren ingresos superiores a los RD$1,000 millones.
Este es un umbral que concentra principalmente a grandes corporaciones de sectores como telecomunicaciones, energía, banca, industria manufacturera, comercio, combustibles y grandes cadenas de distribución.
Se estima que, aunque el número de compañías afectadas sería relativamente reducido, estas representan una parte significativa de la actividad económica nacional y del volumen de inversión privada.
Un impacto concentrado en las grandes empresas
El diseño de la medida busca concentrar la carga tributaria en los mayores contribuyentes, bajo el argumento de que poseen una mayor capacidad económica para asumir un aporte extraordinario.
Sin embargo, varios economistas advierten que un incremento en la presión fiscal podría trasladarse parcialmente a precios, inversiones o planes de expansión, dependiendo de las condiciones de cada mercado y del comportamiento de la economía.
¿Por cuánto tiempo estará vigente?
La ley contempla que el impuesto tenga un carácter temporal, aunque la duración específica y las condiciones para su eliminación dependerán de lo establecido en el texto definitivo que apruebe el Congreso (ya lo hizo el Senado y falta la Cámara de Diputados) y de su reglamentación posterior.
La temporalidad constituye uno de los elementos más observados por analistas económicos, quienes señalan que este tipo de gravámenes suele generar incertidumbre cuando no existen criterios claros sobre su finalización.
¿Por qué fue aprobada con urgencia?
La aprobación acelerada de la iniciativa responde a la necesidad del Gobierno de obtener mayores recursos fiscales para atender compromisos presupuestarios y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El procedimiento legislativo abre, no obstante, interrogantes sobre el nivel de discusión técnica alcanzado antes de su aprobación y sobre el impacto que la medida podría tener en la confianza del sector privado.
Reacciones del sector empresarial
Las principales organizaciones empresariales, entre ellas el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y diversas cámaras de comercio, han manifestado reservas respecto a la creación de nuevos impuestos.
Todas estas patronales han argumentado que falta que la iniciativa se concrete y se confirme o se rectifique sobre cuánto puede afectar un aumento de la carga fiscal a la competitividad y la atracción de inversiones.
Los gremios también han insistido en la necesidad de impulsar reformas estructurales orientadas a mejorar la eficiencia del gasto público y ampliar la base tributaria antes que incrementar los impuestos a los contribuyentes formales.
La discusión sobre la Ley Pro-Crecimiento se produce en un escenario en el que diversos organismos internacionales han recomendado a la República Dominicana fortalecer su capacidad recaudatoria para responder al aumento del gasto público y a las necesidades de inversión social e infraestructura.
Al mismo tiempo, el debate enfrenta dos visiones contrapuestas: la del Estado, que busca mayores ingresos para sostener sus políticas públicas, y la del sector empresarial, que advierte sobre el riesgo de afectar la inversión y el dinamismo económico mediante cargas tributarias adicionales.
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