Las empresas con dos o más trabajadores deberán contar con botiquines de primeros auxilios adecuados al nivel de riesgo de sus operaciones, mientras que aquellas con 100 o más empleados por turno estarán obligadas a disponer de puestos de atención de emergencias equipados y personal capacitado, según establece una nueva resolución emitida por el Ministerio de Trabajo.
La disposición, contenida en la Resolución 09-26, sustituye la normativa vigente desde 2019 e introduce cambios en los estándares de prevención y atención de emergencias en los centros de trabajo del país.
Entre las principales novedades figura la clasificación de los botiquines en tres categorías, de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades laborales. Los de tipo A estarán destinados a empresas de bajo riesgo; los de tipo B, a actividades con riesgos intermedios; y los de tipo C, a industrias o centros de trabajo donde puedan ocurrir accidentes graves o fatales.
La resolución también establece que las empresas deberán designar responsables de primeros auxilios y garantizar al menos una persona capacitada por cada 50 trabajadores o fracción. La formación deberá renovarse cada dos años.
Asimismo, las empresas con plantillas de 100 o más empleados por turno tendrán que habilitar puestos de primeros auxilios con condiciones mínimas de infraestructura, acceso rápido desde las áreas de trabajo y equipamiento para brindar atención inicial. En determinados casos, estos espacios deberán incorporar desfibriladores externos automáticos (DEA).
La normativa actualiza además el contenido de los botiquines, eliminando medicamentos e insumos considerados obsoletos o que puedan fomentar la automedicación. Solo podrán utilizarse materiales y productos ajustados a los criterios sanitarios vigentes.
Otro de los cambios dispone que los botiquines y puestos de primeros auxilios formen parte de los planes de emergencia y de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas deberán realizar simulacros periódicos de evacuación y atención médica.
Las compañías tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a las nuevas exigencias. La supervisión del cumplimiento estará a cargo de la Inspección de Trabajo, el Viceministerio de Seguridad y Salud en el Trabajo y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
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