Huérfanos, voces ocultas de las víctimas de la violencia de género

Sin esperarlo, María Josefina se convirtió en madre hace una década. Ella se hizo cargo de Juan Antonio cuando tenía ocho meses y apenas balbuceaba unas palabras, debido a que su madre Ana Luisa, su hermana menor, fue asesinada. La asesinó el padre del niño y expareja sentimental.

No es único ni en pocas ciudades a la redonda el caso de Juan Antonio (nombres ficticios por pedido de las víctimas). En República Dominicana se registran unos 300 niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad porque la violencia basada en género les arrebató a sus madres, y luego, a su padre por suicidio o condenas judiciales.

A estos niños, niñas y adolescentes (NNA) se les cataloga como huérfanos a causa de la violencia basada en género y el feminicidio, quienes ven “la vida seguir” pese a que sus progenitores ya no están presentes.

El feminicidio tiene un impacto devastador en los niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre, afectando su desarrollo emocional, psicológico y social; acción que los ítems tres, cuatro y 16, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordan las problemáticas que los Gobiernos deben erradicar para proveer una infancia segura y de bienestar.

Según el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), estos menores tienen derecho a vivir en un entorno seguro, recibir apoyo psicológico y acceder a recursos que favorezcan su bienestar.

De acuerdo con la abogada Verónica Núñez en muchos casos, los niños quedan al cuidado de familiares cercanos, como sus abuelas, tías o hermanos mayores, quienes, aunque desean brindarles protección, a menudo carecen de los medios económicos y emocionales necesarios para hacerlo. 

Fue el caso de la odontóloga Miledys Carrasco, a quien su expareja sentimental Félix Vargas, le arrebató la vida y el bienestar socioeconómico de su hija durante el 2024, que dejó en orfandad. La Dirección Central de Investigación (Dicrim) dio a conocer que el victimario fue abatido en un intercambio de disparos.

Ante esta situación, señaló que a pesar de que la ley establece su derecho a recibir apoyo psicológico y económico, “el sistema no siempre garantiza un seguimiento adecuado… Esto deja a las familias, especialmente a los tutores de la tercera edad, con una carga emocional y financiera significativa al tener que cuidar a los menores sin el acompañamiento adecuado”. 

Para Núñez, el feminicidio tiene un impacto devastador en los NNA que pierden a su madre, afectando su desarrollo emocional, psicológico y social. “En la práctica, garantizar estos derechos sigue siendo un desafío debido a la necesidad de mejorar los recursos disponibles y fortalecer las estructuras de las instituciones responsables”, comentó a ACENTO.

De hecho, Giovanni Hernández Espinal, abogado especialista en derecho de familia, agregó que es necesario ver el flagelo más allá de la violencia basada en género y referirse al entorno familiar, como violencia intrafamiliar, que en su grado extremo desemboca en feminicidio, que le ha segado la vida a 71 féminas en 2024, según estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fundación Vida Sin Violencia.

En el período enero-abril del 2025, la Policía Nacional ha puesto estadísticas a los feminicidios: 20 mujeres que dejaron en la orfandad a sus descendientes.

En el país ubicado en la región del Caribe se registra una tasa asesinatos a féminas de 2.4 por cada 100,000 mujeres, detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Estas cifras evidencian que el país se enfrenta al desafío urgente de proteger a los menores y erradicar la violencia basada en género, alineándose a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de erradicar cualquier forma de violencia, proveer calidad y bienestar de vida a los infantes para la década del 2030.

Una población que merece atención y políticas públicas específicas

Más de 3.5 millones de niños, niñas y adolescentes viven en República Dominicana, representando el 33 % de la población nacional, conforme la Oficina Nacional de Estadística (ONE), pero una parte de ellos carga con una herida invisible: la orfandad provocada por feminicidios.

El Observatorio Político Dominicano, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), señala que 92 hijos quedaron huérfanos en 2021. De esta cantidad, más del 73 % de los hijos de las víctimas eran menores de edad, mientras que el 43.7 % de los casos perdieron a sus padres al mismo tiempo porque se convirtieron la “víctima y el victimario”.

La Ley 136-03 establece en el Artículo 82 la posibilidad de que el niño, niña o adolescente huérfano tras un feminicidio, pueda, dependiendo el caso, estar bajo la responsabilidad de uno de sus padres, ascendientes o una tercera persona. En el caso de uno de los padres sea perpetrador de la muerte del otro, la ley en su artículo 76, literal A, establece como una causal para que le sean terminada la autoridad parental sobre el NNA al perpetrador del feminicidio.

Birmania Sánchez Camacho, abogada y catedrática, indicó a ACENTO que uno de los problemas sociales más graves en República Dominicana es la ocurrencia continua y casi cotidiana de feminicidios. Citó la falta de registro y cifras consolidadas, dificultad para obtener atención psicológica, revictimización en la escuela y la necesidad de un acompañamiento seguido.

Si bien el concepto de feminicidio y su conceptualización como un delito específico fue incorporado en la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, no contempla unas disposiciones específicas que se refieran directamente a los derechos, protección o atención de los niños que quedan huérfanos por feminicidio.

Sin embargo, la abogada Paola Romero señaló que se requiere de una referencia clara y específica que preste atención a los niños, niñas y adolescentes huérfanos por violencia de género.

“El vacío específico en la Ley 24-97 evidencia la necesidad de políticas más claras y directas para proteger y asistir a estos menores, una problemática que ha sido motivo de propuestas para reforzar la legislación y asegurar un sistema de protección integral”, comentó Romero.

Agregó que las leyes en República Dominicana protegen el derecho de los niños a una educación accesible y al acceso a servicios de salud mental. Consideró que la implementación de estas políticas y servicios “todavía enfrentan desafíos debido a limitaciones presupuestarias, falta de recursos y dificultades en el acceso equitativo, lo que deja áreas de mejora en la cobertura y la calidad de la atención que reciben”.

Giovanni Hernández Espinal, abogado especialista en Derecho de Familia, señaló que desde la perspectiva jurídica habría que crear un marco legal que “se nutra de estadísticas y el abordaje caso a caso que han manejado en la implementación de ese protocolo, para hacer propuestas, modificación o creación de leyes, pero adaptadas a la realidad actual”.

Flagelo que los acompaña desde la sombra para toda la vida

El 28 de marzo es la fecha que quedará marcada en la vida de una niña de dos años, Céspedes Sánchez. Fue en horas de la madrugada cuando Sander Céspedes asesinó a su madre, Yissely Sánchez, causándole heridas de arma blanca y agrediendo a su hija. Este suceso se enmarca en el 27 % de los niños, que cita la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron testigos de las muertes violentas de sus madres.

La Fundación Vida Sin Violencia estima unas estadísticas. En 2019, 24 casos de feminicidios tuvieron a menores de edad presentes en el momento del crimen. Además, del total de los casos que ascendieron a 89 mujeres víctimas dejaron 122 niños, niñas y adolescentes en la orfandad.

“La atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos parte de la necesidad de un enfoque integral que incluya acompañamiento socio familiar, apoyo psicológico, acompañamiento y vinculación a instancias de protección comunitarias”, explicó Birmania Sánchez Camacho, abogada.

La especialista recalcó que existe un vacío de ofertas de servicios de terapia psicosocial y apoyo en materia de salud mental de forma continua y sistemática desde el Estado y los Gobiernos municipales hacia la niñez y adolescencia en situación de orfandad por feminicidios.

Los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos por feminicidio en el país son víctimas vicarias de la violencia de género extrema del feminicidio.

Por lo general, la situación en la que quedan es “de total indefensión porque no solo pierden la madre, sino que con frecuencia el padre feminicida se suicida, por lo que la orfandad es doble”, reflexionó el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

“Cuando el suicidio no ocurre, el padre feminicida va a la cárcel, lo que implica que tampoco será una presencia en la vida de sus hijos e hijas”.

La entidad estatal aclaró a ACENTO que, como resultado del trauma, los infantes ven afectada su salud emocional y deben atravesar procesos de inadaptación escolar, familiar y social.

Ante esto, Sheila Báez dijo que el problema es una tragedia que muchas veces pasa desapercibida para la sociedad. Señaló que, aunque existen protocolos de atención y leyes propuestas, la falta de seguimiento y sistematización de la información sobre estos niños y adolescentes, que quedan desprotegidos y vulnerables, es una de las mayores debilidades del sistema.

“Estos niños son invisibles para el Estado”, lamentó.

Este pensamiento indicó que, si bien se han dado pasos importantes en el reconocimiento del feminicidio, la falta de medidas preventivas, el “desinterés por los huérfanos por este asesinato y la impunidad persistente siguen siendo grandes desafíos” que requieren una respuesta más efectiva y compasiva por parte del gobierno y la sociedad.

De acuerdo con el abogado Jean Cristófer Pérez “es necesario” incrementar las penas y asegurar que incluyan medidas de rehabilitación para los agresores, además de establecer un tratamiento legal específico para niños en casos de feminicidio.

“En el caso de niños huérfanos huérfanos por feminicidio, que hay que indicar que esta figura legal no existe y afecta directamente a los hijos, como en casos de violencia extrema donde los niños son testigos o quedan huérfanos”, comentó Pérez.

En el país se registran leyes como la Ley 136-03 que establece el Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También la legislación 88-03, que crea las casas de acogida y refugios para albergar a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica.

Señaló la Ley 136-03 que garantiza todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. “En cuanto a la 24-97, esta ley debe ser modificada, existe un anteproyecto en el congreso para su modificación, pero eso no es prioridad”, consideró.

Para Birmania Sánchez Camacho, catedrática, el feminicidio ha provocado no solo precariedades económicas, educativas, sociales y psicoemocionales en la población huérfana “sino también situaciones de rupturas y conflictos entre las familias”.

“La situación no es la justicia, los jueces se encargan de imponer una sanción, esto va más lejos, es la falta de las políticas públicas”, aseguró Sánchez Camacho.

¿Es suficiente?

La exdiputada Magda Rodríguez dijo que el Estado busca establecer un mecanismo para proveer una pensión equivalente al salario mínimo a los menores de edad en condición de orfandad como consecuencia de los feminicidios. Su propuesta se realizó en 2023, con un proyecto que estimaba que el 35 % de los huérfanos tiene que recurrir a trabajar cuando son víctimas de los feminicidios.

Es en el nuevo código penal, estancado en el Congreso Nacional, que se hace hincapié a los feminicidios, que el hecho se cometa en presencia de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, colaterales y afines o frente a niños, niñas y adolescentes. Además, que la víctima esté en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al parto.

El homicidio es un tema abordado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 “paz, justicia e instituciones sólidas” que cuenta con la meta 16.1 “reducir todas las formas de violencia”.

La Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en el ítem 1.2.2.9 hace hincapié en fortalecer y ampliar los sistemas integrales de denuncia, atención y protección a personas víctimas de violencia, en particular mujeres, adolescentes, niños y niñas, incluyendo centros de refugio y atención.

Pese a que se aborda esta problemática social desde hace 12 años atrás, el abogado Jean Christopher Pérez indicó que se deben incluir agravantes específicas para casos donde los menores sean afectados directa o indirectamente, con penas más severas para el perpetrador. 

“La ausencia de un delito específico limita el marco legal para abordar las consecuencias adicionales en los niños… Las deficiencias en el sistema de protección infantil con “la escasez de programas que ofrezcan asistencia integral a menores en estas situaciones”. 

Paola Romero aclaró que existen políticas que buscan proteger a estos niños, como programas de protección social que se ejercen desde distintas entidades del Estado como Conani, pero la implementación enfrenta obstáculos como la falta de recursos, coordinación interinstitucional, el seguimiento adecuado y facilidades para garantizar un hogar a estos niños mediante instrumentos legales en República Dominicana. 

De acuerdo con los expertos, los niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio en República Dominicana enfrentan una realidad marcada por el abandono institucional, secuelas emocionales y la falta de políticas públicas específicas que den seguimiento a su realidad.

Aunque existen leyes y protocolos, su implementación es débil y el acompañamiento estatal resulta insuficiente. Esta población requiere de acciones urgentes, integrales y sostenidas para romper el ciclo de violencia y garantizarles una vida digna.