Gobierno busca actualizar la Ley Minera 146-71 en medio del crecimiento del sector

El Gobierno trabaja en la actualización de la Ley Minera 146-71 para modernizar el marco regulatorio de la actividad extractiva y adecuarlo a los desafíos ambientales, fiscales y sociales del sector, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El proceso se plantea en un contexto de crecimiento de la minería, que registró una expansión interanual de 17.9 % en septiembre de 2026, convirtiéndose en la segunda actividad productiva de mayor crecimiento durante ese mes, según los datos citados por el funcionario.

Santos explicó que la actualización busca fortalecer la seguridad jurídica y establecer disposiciones acordes con las necesidades actuales de la industria.

Sin embargo, la reforma de la Ley Minera se ha planteado públicamente en distintas ocasiones desde enero de 2023.

En febrero de 2025 se anunció un plazo de 60 a 90 días para presentar la política minera y, en septiembre de ese año, se habló de depositar el proyecto en el Congreso en un plazo de 30 a 60 días.

Exportaciones de oro aumentan 49.8 %

El desempeño de la actividad minera estuvo asociado a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales para la construcción. Entre enero y septiembre, el sector acumuló un crecimiento de 5.2 %, en un período en el que la economía dominicana creció 4.6 %.

El crecimiento de la actividad también se reflejó en el comercio exterior. Las exportaciones de oro en bruto sumaron US$ 2,392.5 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento interanual de 49.8 %, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas.

La inversión extranjera directa destinada al sector minero alcanzó US$ 420.6 millones al segundo trimestre de 2026.

En materia laboral, los datos de la Tesorería citados por Santos sitúan el salario promedio del sector en RD$ 78,000 mensuales, frente a una media nacional estimada en RD$ 39,000.

El ministro señaló que la actividad también genera efectos sobre otras áreas de la economía mediante la contratación de bienes y servicios nacionales, los encadenamientos empresariales y las oportunidades de empleo en las comunidades vinculadas a las operaciones mineras.