El pasado 30 de abril, el presidente Luis Abinader encabezó el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, donde el Gobierno presentó un plan de contención del gasto público para generar una disponibilidad de RD$ 40,000 millones y hacer frente al impacto del alza del petróleo, derivada del conflicto bélico en el Medio Oriente.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que se revisarán y ajustarán todas las apropiaciones presupuestarias que aún no han sido comprometidas bajo contrato. El anuncio llegó semanas después de que, a finales de marzo, el Gobierno ya había ampliado en RD$ 12,000 millones el subsidio a los combustibles —sumándolos a los RD$ 10,000 millones incluidos en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026—, para un total de RD$ 22,000 millones destinados a contener el alza en los precios de los derivados del petróleo.
Una interrogante clave que el Gobierno no aclaró: ¿los RD$ 40,000 millones se suman a esos RD$ 22,000 millones, o los incluyen? Si se suman, el esfuerzo fiscal total ascendería a RD$ 62,000 millones. El contexto internacional explica la urgencia: el crudo Brent superó los US$ 126 por barril el 30 de abril, su nivel más alto desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.
Las 11 partidas presupuestarias en la mira del recorte
El plan contempla ajustes en al menos once partidas del PGE-2026, aprobado mediante la Ley 99-25. Entre las principales áreas de reducción se encuentran:
- Gastos operacionales
- Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales
- Compra de vehículos y equipos de transporte
- Otras contrataciones de servicios
- Organización de eventos y festividades
- Textiles y vestuarios
- Publicidad y propaganda
- Viáticos
- Combustibles, lubricantes y productos químicos
- Transferencias a organismos descentralizados y autónomos
- Transferencias a partidos políticos y a empresas públicas financieras
En conjunto, estas partidas suman RD$ 405,349 millones apropiados en el PGE-2026. Sin embargo, ese número bruto es engañoso.
Por qué no todo ese dinero está disponible para recortar
El economista Nelson Suárez Paulino, autor del análisis "Fuentes de ahorro en el PGE-2026 frente al shock del petróleo", advierte que dentro de esas partidas hay fondos que no pueden tocarse sin afectar servicios esenciales:
RD$ 97,273 millones destinados al Servicio Nacional de Salud (SNS), para la atención directa de la población.
RD$ 85,438.9 millones para el subsidio al sector eléctrico.
RD$ 24,869.3 millones para alimentación escolar.
Al descontar estos montos protegidos, las apropiaciones realmente susceptibles de ajuste se reducen a RD$ 197,767.7 millones. Y si a eso se le resta lo ya ejecutado entre enero y abril de 2026 —estimado en RD$ 45,418.6 millones—, el saldo disponible para generar ahorro es de RD$ 152,349.1 millones.
El recorte del 32.3%: viable, pero exigente
Con un saldo disponible de RD$ 152,349.1 millones, alcanzar la meta de RD$ 40,000 millones implica aplicar una reducción promedio del 32.3% a cada una de las partidas disponibles. Según el análisis de Suárez Paulino, las partidas que absorberían los mayores recortes serían:
| Partida | Rebaja estimada (RD$ millones) |
|---|---|
| Transferencias a empresas públicas | 13,149.7 |
| Transferencias a instituciones descentralizadas | 12,438.5 |
| Otros servicios (técnicos y profesionales) | 4,384.3 |
| Combustibles y lubricantes | 2,228.8 |
| Publicidad y propaganda | 2,052.0 |
| Conservación y reparaciones menores | 1,447.3 |
| Viáticos | 1,163.7 |
| Textiles y vestuarios | 1,017.3 |
| Otras contrataciones de servicios | 997.0 |
| Eventos y festividades | 617.7 |
| Automóviles y camiones | 220.2 |
| Transferencias a partidos políticos | 283.6 |
En el caso de los partidos políticos, si se aplica el mismo criterio del 32.3%, el sacrificio sería de RD$ 283.6 millones. Si se aplica un recorte del 50% —como se ha mencionado públicamente—, la rebaja llegaría a RD$ 540 millones.
Factible, pero con una advertencia de fondo
Suárez Paulino concluye que el ejercicio de ajuste es factible y que no afectaría gastos esenciales ni de alta prioridad. "Los ajustes planteados afectarán las disponibilidades inicialmente aprobadas en el PGE-2026, pero en modo alguno estarían afectando gastos esenciales", señala el economista.
No obstante, lanza una crítica de fondo: que este tipo de racionalización del gasto se produzca únicamente bajo la presión de una crisis externa, y no como una práctica permanente y transparente de la gestión presupuestaria. Una lectura que coincide con lo que el propio Gobierno reconoció al comparar su respuesta ante la crisis de Ucrania en 2022 y la actual: en ambos casos, las medidas llegaron como reacción y no como previsión.
El análisis también plantea que la coyuntura debe servir de impulso para fortalecer la sostenibilidad fiscal del país a través de medidas estructurales: modernizar el sistema tributario, revisar los esquemas de exenciones y exoneraciones, y reducir los altos niveles de evasión y elusión fiscal. Todo esto, en un contexto en que, según el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía, la crisis de suministro de petróleo derivada del cierre del estrecho de Ormuz no tiene precedentes históricos.
Lea el análisis completo del economista Nelson Cruz
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