La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que a partir del próximo 20 de agosto entrará en vigor un nuevo reglamento del Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Se trata de una normativa que busca restringir la participación de empresas inscritas en actividades económicas que no guardan relación con su experiencia o capacidad operativa, con el argumento de fortalecer la transparencia y reducir prácticas consideradas irregulares dentro del sistema de compras gubernamentales.
El Registro de Proveedores del Estado constituye uno de los principales requisitos para que empresas y personas jurídicas puedan participar en licitaciones y procesos de contratación pública en la República Dominicana.
La entidad explicó que el reglamento DGCP-SNCP 01-2026 introduce un criterio de correspondencia obligatoria entre las actividades comerciales que una empresa registra ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y aquellas con las que pretende contratar con el Estado.
Según la institución, durante años numerosas sociedades incorporaron una amplia diversidad de actividades económicas en su inscripción como proveedores públicos, independientemente de su objeto principal o de su capacidad técnica, lo que les permitía participar simultáneamente en procesos de contratación de naturaleza muy distinta.
Desde la perspectiva oficial, esta práctica generó distorsiones en la competencia y elevó los riesgos administrativos, financieros y jurídicos para las entidades estatales.
Clasificación técnica pretende favorecer una competencia más equitativa
Catálogo internacional servirá para definir las especialidades
Como parte del nuevo esquema, las actividades económicas declaradas ante la DGII serán traducidas al Registro de Proveedores utilizando el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, un mecanismo que permitirá una clasificación más específica de los bienes y servicios que cada empresa está en condiciones de ofrecer.
La DGCP sostuvo que una actividad económica general podrá desagregarse en varias categorías específicas dentro del registro, con el objetivo de mantener el acceso legítimo de los proveedores al mercado público sin permitir inscripciones excesivamente amplias.
La institución considera que esta especialización contribuirá a que las micro, pequeñas y medianas empresas y otros sectores especializados compitan en condiciones más equilibradas frente a compañías que anteriormente figuraban con un número elevado de actividades comerciales.
Transparencia y control como ejes de la reforma
La entrada en vigor del reglamento forma parte de una estrategia de fortalecimiento de los mecanismos de control en las contrataciones estatales, en un contexto en el que los procesos de compras públicas han sido objeto de cuestionamientos por deficiencias en la supervisión y por la participación de empresas con limitada experiencia en determinadas áreas.
La DGCP sostiene que la nueva regulación permitirá verificar con mayor precisión la capacidad real de los proveedores y reducir los espacios para estructuras empresariales que participan en múltiples procesos sin una especialización demostrable.
Las reformas al sistema de compras públicas forman parte de un proceso más amplio orientado a fortalecer los mecanismos de fiscalización, promover una mayor competencia y elevar los estándares de transparencia en el uso de los recursos públicos.
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