La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) rechazó el Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código de Trabajo, aprobado en primera lectura por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo, al considerar que la iniciativa ignora propuestas fundamentales para racionalizar y flexibilizar las cargas regulatorias y económicas que pesan sobre los emprendimientos formales y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Para los jóvenes empresarios, el principio rector de cualquier reforma laboral debe ser proteger derechos sin levantar nuevas barreras a la formalización. Sin embargo, a su juicio, el texto aprobado por los diputados se aleja de ese objetivo en al menos tres puntos críticos.
Tres omisiones que preocupan al sector
El primero es la exclusión de una propuesta que sí figuraba en el proyecto aprobado por el Senado: la alineación del Comité Nacional de Salarios con los parámetros de clasificación oficial de MIPYMES establecidos por la Ley núm. 488-08. Sin esa correspondencia, advierten, las decisiones salariales pueden resultar desproporcionadas para empresas de menor escala.
El segundo punto de conflicto es el esquema de multas laborales, que ANJE califica de desproporcional para las MIPYMES. Aplicar las mismas penalidades a una microempresa que a una gran corporación, argumentan, no solo es inequitativo sino que desincentiva la formalización precisamente en el segmento donde la informalidad es más alta. Según datos citados por el propio presidente de ANJE, Boris de León Reyes, siete de cada diez MIPYMES operan fuera del sistema formal.
El tercer reparo apunta al teletrabajo: el esquema regulatorio propuesto es considerado rígido y podría desincentivar la creación de empleos formales bajo esa modalidad, justo cuando el trabajo remoto emerge como una respuesta estratégica ante los desafíos del mercado laboral moderno.
La segunda lectura, como oportunidad
Tomando en cuenta el estado avanzado del trámite legislativo, ANJE entiende que la segunda lectura del proyecto se erige en una oportunidad crucial para realizar ajustes técnicos y rescatar los consensos que aseguren una reforma equilibrada, viable y coherente con los objetivos de empleo formal, competitividad, seguridad jurídica y sostenibilidad empresarial.
En esa línea, la organización se sumó al llamado al diálogo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y de las decenas de organizaciones del sector privado que, desde el 20 de mayo, han advertido que la normativa sancionada aún no refleja plenamente los acuerdos alcanzados durante meses de diálogo tripartito.
"Los legisladores tienen en sus manos una decisión de carácter histórico. Una reforma bien calibrada puede convertirse en un impulso clave para el desarrollo del país; una mal diseñada, en cambio, corre el riesgo de profundizar las cargas existentes y limitar las oportunidades de crecimiento, formalización y generación de empleos de calidad", puntualizó Boris de León Reyes, presidente de ANJE.
Modernización sí, pero con equilibrio
ANJE reconoce la necesidad de actualizar el Código de Trabajo —una normativa que no experimenta modificaciones profundas desde 1992— para adecuarlo a las nuevas dinámicas del mercado laboral, los avances tecnológicos, la transformación productiva y los desafíos de formalización que enfrenta la República Dominicana.
No obstante, la organización insiste en que la reforma debe ser una que verdaderamente impulse la productividad, la competitividad y la creación de más y mejores empleos, sin que el costo de cumplir con la ley se convierta en el principal obstáculo para quien quiere emprender o crecer dentro del sistema formal.
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