América Latina y el Caribe ha demostrado un compromiso creciente con una matriz energética más limpia y sostenible, sin embargo, aún enfrenta retos en modernización de infraestructura, pérdida energética y los efectos del cambio climático.
La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) sugirió a la región incrementar la incorporación de energías renovables debido a la “abundancia de recursos naturales” que la posicionan como líder en fuentes renovables solares y eólicas.
Si bien la región ya registró más del 70 % de la energía procedente fuentes limpias y “son resultados hasta el momento destacables”, reflejan la urgencia de implementar acciones que permitan avanzar con más prisa.
Citó que se debe fortalecer la infraestructura e incorporar nuevas tecnologías para que el sector energético logre ser “eficiente, reducir emisiones, mejorar la competitividad y aliviar la presión de los sistemas energéticos”.
Además, ejemplificó que al fortalecer la infraestructura energética se logrará mayor incorporación de fuentes renovables, reducir pérdidas y asegurar un servicio confiable. Destacó que el acceso estable y asequible a la energía se convierte en un pilar esencial para proteger a la población y garantizar el desarrollo.
En República Dominicana, el informe de Desempeño Empresas Eléctricas Estatales período de julio 2025, del Viceministerio de Energía Eléctrica, se detalló que las empresas compraron 11,627 gigavatios-hora (GWh), pero 4,550.9 GWh no fueron facturados, para el 39.1 % de pérdida.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) sostuvo que un 4.2 % de la energía que fue facturada no fue cobrada, “al sumar los dos porcentajes, se obtiene el resultado de 43.3 % de pérdidas totales”.
Asimismo, de acuerdo con la Olade, esta modernización requiere de inversiones en redes inteligentes, sistemas de almacenamiento y tecnologías digitales que permitan gestionar la demanda con mayor eficiencia.
De hecho, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Joel Santos, dijo en 2024 que el país necesitará entre 250 y 400 megavatios (MW) en sistemas de almacenamiento de energía para el 2028. Esto, según explicó, es que la energía solar presenta retos de intermitencia, por lo que el almacenamiento será “crucial” para traspasar la energía a las horas de mayor demanda. El funcionario detalló en 2027 será la licitación para la compra de baterías.
Aunque la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) informaron que está en proceso la actualización del marco normativo para crear un marco adecuado para desarrollar estos sistemas.
Pero Edward Veras, director de la CNE, dijo que se publicará un borrador de la actualización del Plan Energético Nacional 2022-2036, donde se incluirá las energías renovables y su almacenamiento.
Además, la Olade agregó, el fortalecimiento de la infraestructura debe ir acompañado de estándares de calidad y mecanismos que faciliten el acceso a las comunidades remotas.
Los países enfrentan cada vez con mayor frecuencia sequías prolongadas, huracanes y ciclones más intensos, así como olas de calor recurrentes. A esto se suman el aumento del nivel del mar y la proliferación del sargazo, cuya recolección costó a las economías caribeñas unos US$ 120 millones en 2018, según el estudio “Los impactos económicos del sargazo en el Caribe”, elaborado por el SarAdapt Project Report.
A este conjunto de eventos se les conoce como cambio climático, fenómeno que reta las finanzas públicas de la región de América Latina y el Caribe, en especial República Dominicana, que ha visto destinar hasta el 0.3 % de su producto interno bruto (PIB) en pérdidas, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Este porcentaje se traduce a US$ 381.4 millones.
Pero ante el evento atmosférico, los países deben abordar la mitigación y adaptación al cambio climático, diversificar, a la vez, las fuentes energéticas y mejorar la planificación para reducir vulnerabilidades.
En el período enero-julio del 2025, el Gobierno ejecutó RD$ 75,054 millones en gastos vinculados al cambio climático, de acuerdo con la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Esta cantidad representó el 0.9 % del PIB nacional, lo que pone en cifras algunas de las acciones del Gobierno central para combatir el evento natural.
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