En la República Dominicana, la cultura ha sobrevivido más por la voluntad de sus creadores que por la solidez de sus instituciones.
Desde que, en enero del año pasado, comencé a publicar en Acento, algunos funcionarios y dependientes del Ministerio de Cultura han cuestionado mis planteamientos, no de manera pública, sino en reuniones en voz baja y en mensajes dispersos en grupos de WhatsApp. Sin embargo, la mayoría de las artistas, gestores culturales e intelectuales ha recibido estos textos como lo que son: una reafirmación. Una coincidencia sostenida que reconoce su rigor, su intención constructiva y la urgencia de abrir este debate.
No escribo contra personas, sino a favor de un sistema cultural más sólido, justo y sostenible.
Durante más de veinticinco años, la creación dominicana ha avanzado más rápido que las instituciones llamadas a sostenerla. Hemos visto cómo los artistas resisten más que las políticas, cómo la energía creativa del país persiste incluso cuando las estructuras se revelan frágiles, improvisadas o permeables a prácticas clientelares.
La República Dominicana crea. Pero no siempre cuida lo que crea. Y lo que no se cuida, se desvanece: primero en la memoria, luego en la identidad.
La cultura no es un lujo: es un derecho
Pensar la cultura no es un gesto ornamental: es un acto político y profundamente humano.
La cultura es un derecho fundamental reconocido internacionalmente. El Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de su comunidad, a gozar de las artes y a compartir el progreso científico. Este principio se amplía en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a crear, expresarse y acceder al patrimonio cultural sin discriminación.
Esto implica una verdad esencial: la cultura no es concesión del poder; es un derecho de la ciudadanía.
Incluye acceso, participación real, creación, evaluación y disfrute de la vida cultural; la protección del patrimonio material, inmaterial y digital; el respeto a las lenguas, memorias y diversidades; y la posibilidad concreta de que cada comunidad se exprese desde su identidad.
Cuando ese derecho se debilita, también se erosiona la dignidad social.
De la crítica a la acción
La cultura no puede seguir siendo administrada como calendario, espectáculo o botín político. Mientras se gestione así, no habrá política cultural: habrá administración de apariencias.
La cultura es educación colectiva, pedagogía del sentir y del pensar, espacio donde se construye ciudadanía. Allí donde el arte llega con continuidad, se fortalece la democracia; donde se ausenta, crece el vacío simbólico.
No basta con exhibir cultura en la capital. Cada provincia, cada barrio y cada territorio deben tener voz, capacidad de decisión y condiciones reales para sostener sus procesos creativos.
La descentralización no es traslado de eventos: es transferencia efectiva de poder cultural. Implica presupuestos, formación, autonomía programática y participación estructurada, lejos de la lógica de cuotas y clientelismos que han distorsionado la gestión cultural.
La construcción de un sistema cultural exige reglas claras, criterios definidos y perfiles profesionales: experiencia, visión y responsabilidad institucional. Solo así la creación dejará de depender de la improvisación o del “evento por evento”, para convertirse en un proyecto sostenido, con horizonte y sentido colectivo.
Propuestas para un sistema cultural sostenible
No se trata de ideas abstractas, sino de decisiones concretas que implican voluntad política y transformación de prácticas.
Como desarrollo en mi próximo libro La cultura sin plan, estas reflexiones no solo señalan carencias: trazan rutas posibles.
Descentralización real: recursos, autonomía y capacidad de decisión para provincias y comunidades, más allá del traslado simbólico de actividades.
Fortalecimiento institucional: formación continua de gestores y técnicos, con criterios profesionales y visión estratégica.
Participación efectiva: mecanismos que permitan a artistas y comunidades incidir en las decisiones sobre programas y patrimonio.
Educación cultural: articulación entre escuela, comunidad y creación artística para formar sensibilidad y pensamiento crítico.
Sostenibilidad: planificación, seguimiento y evaluación profesional, superando prácticas basadas en intereses clientelares.
Estas acciones apuntan a un cambio de fondo: que la cultura deje de ser espectáculo o instrumento político, y se convierta en estructura, sistema y proyecto de país.
El papel de los artistas y la ciudadanía
La crítica no es ataque: es responsabilidad.
Este planteamiento interpela a todos:
Al Estado, para construir políticas culturales con visión, ética, continuidad y transparencia.
A los gestores, para consolidar procesos estables y criterios profesionales.
A los artistas, para ejercer su derecho crítico y asumir un rol activo en la transformación de su entorno.
A la ciudadanía, para participar en la gobernanza cultural.
Porque la cultura no se delega: se construye colectivamente.
Vivir la cultura como derecho
El siglo XXI nos coloca ante una disyuntiva clara: continuar administrando actividades aisladas o construir un sistema cultural con visión, memoria, territorio, derechos y coherencia.
No se trata de producir más eventos, sino de formar más conciencia.
No de inaugurar espacios, sino de habitarlos simbólicamente.
No de exhibir cultura, sino de vivirla como derecho.
La República Dominicana posee una potencia creativa extraordinaria. Habita en barrios y campos, en artistas y comunidades visibles e invisibilizadas.
Lo que falta no es talento: es convertir esa potencia en proyecto común, con planificación, participación y continuidad, lejos de la improvisación y las prácticas clientelares que fragmentan la política cultural.
Cuando la cultura deja de ser excepción y se vuelve estructura, el país aprende a mirarse sin miedo y a imaginarse sin límites. La creación deja de ser adorno para convertirse en columna. La identidad deja de ser discurso y se transforma en práctica viva.
Invitación final
Este ensayo no es un punto de llegada, sino una invitación: a pensar, debatir, participar y reconstruir la relación entre Estado, sociedad y vida cultural.
Porque un país que cultiva su creación no solo preserva su pasado: construye sentido en el presente y proyecta su porvenir con dignidad.
Como afirmó Pedro Henríquez Ureña: «Sólo la cultura salva a los pueblos».
Pero salvar no es inmovilizar la memoria, sino hacerla respirar; no es encerrar la identidad, sino ponerla en diálogo con su tiempo. Salvar es crear, compartir y proyectar hacia el futuro lo mejor de lo que somos.
Porque un país que asume la cultura como derecho no solo se expresa mejor: se comprende, se respeta y se construye con mayor dignidad.
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