El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves en medio de la crisis desatada por la intervención de Ueno Bank.
La decisión llega después de que legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaran un juicio político para destituirlo.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los presentes la acusación contra Peña y su envío al Senado, que será finalmente el encargado de juzgar al mandatario y decidir sobre su eventual destitución.
La renuncia, por su parte, todavía debe ser aceptada o rechazada por el Congreso. Hasta que se formalice su salida, Peña continúa en el cargo.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", comunicó Peña, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.
Aseguró que su prioridad en este momento es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero"
"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", afirmó.
El presidente, que asumió el cargo en agosto de 2023, expresó su deseo de que se garantice la devolución de los depósitos y se protejan los fondos públicos afectados.
El Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero y desatando protestas.
Peña había sido accionista del grupo propietario de la entidad hasta el año pasado.
El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederlo.
Diputados rechazó el pedido de juicio político presentado también contra Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor.
Si la renuncia es aceptada o Peña es destituido, la Constitución establece que Alliana debe asumir la presidencia y completar el mandato, que termina en 2028.
Dimisión en plena crisis
Seis diputados fueron designados para defender ante el Senado los cinco ejes de la acusación aprobada por la Cámara Baja.
Para destituir a Peña, se requieren 30 votos de los 45 senadores.
El proceso había ganado fuerza después de que su propio Partido Colorado respaldara el enjuiciamiento.
Horacio Cartes, líder de la formación y mentor político de Peña, había anunciado su apoyo a la iniciativa, dejando al mandatario cada vez más aislado.
La crisis estalló esta semana con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera con cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes.
El Banco Central, encargado de supervisar los bancos del país, tomó el control de la entidad tras detectar que su capital había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
El cierre paralizó la aplicación, las tarjetas y las transferencias del banco, mientras los clientes acudían a las sucursales en busca de respuestas.
Entre los afectados figuraban unos 32.000 jubilados que cobraban sus pensiones a través de Ueno.
El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que trasladaría sus cuentas a otra entidad para mantener los pagos.
Además de los depósitos particulares, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos.
En la entidad también había inversiones del sistema de pensiones y recursos de instituciones como la empresa estatal de electricidad y la represa hidroeléctrica de Itaipú.
Las acusaciones contra Peña
Los diputados que aprobaron el juicio político acusan a Peña de utilizar su cargo para favorecer a un banco con el que mantenía vínculos económicos.
Sostienen que antepuso intereses privados a sus responsabilidades como presidente, lo que constituiría un "mal desempeño" de sus funciones.
Uno de los principales cuestionamientos fue que conservó acciones en el grupo propietario de Ueno después de asumir la presidencia en 2023.
Para los acusadores, esa participación generaba un conflicto de intereses: el mandatario debía velar por el interés público al tomar decisiones que podían beneficiar a sus propios negocios.
También cuestionan la designación en 2023 de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. Carvallo había presidido Financiera Ueno, la entidad de la que surgió Ueno Bank.
Su nombramiento supuso pasar de dirigir una empresa financiera a encabezar el organismo encargado de supervisar el sector.
Otro de los ejes de la acusación fue la colocación de fondos destinados a las jubilaciones en el banco.
El Instituto de Previsión Social (IPS), que administra las pensiones de buena parte de los trabajadores paraguayos, tenía unos US$355 millones invertidos en Ueno, según reconoció su gerente financiera. Los diputados atribuyen esa concentración de recursos a la intervención de Peña para favorecer a la entidad.
El presidente había rechazado las acusaciones sobre vínculos indebidos con Ueno y defendido que las posibles irregularidades debían investigarse en los tribunales.
Ante la crisis, Peña había pedido "serenidad" y asegurado que su prioridad era proteger a los ahorradores.
También anunció un sustituto para Carvallo y prometió que los responsables de las irregularidades responderían ante la justicia "sin excepciones".
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