Los abogados representantes de las víctimas de la tragedia del Jet Set afirmaron este martes que el contraperitaje encargado por la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, lejos de favorecer a los imputados, termina por reforzar la acusación por homicidio involuntario al confirmar la existencia de defectos de construcción y un deterioro estructural progresivo en la edificación.
El letrado Carlos Salcedo sostuvo que las conclusiones del informe independiente evidencian una negligencia prolongada en el tiempo y respaldan la teoría del Ministerio Público sobre las causas del colapso ocurrido el 8 de abril de 2025. En su criterio, el documento aportado por la propia defensa constituye un elemento que abona a la responsabilidad penal de los imputados.
La jurista Laura Acosta afirmó que la nueva experticia coincide con hallazgos ya contenidos en la acusación oficial, al señalar fallas estructurales y condiciones que, según indicó, hacían previsible el riesgo de colapso. "¿Y las 236 víctimas?", cuestionó la abogada, quien también criticó que los imputados muestren ahora preocupación por garantías procesales cuando, a su juicio, no tuvieron el mismo cuidado con quienes perdieron la vida esa noche.
La defensa de los hermanos Espaillat, en tanto, sostiene que tanto el peritaje oficial como el independiente deberán ser debatidos durante el juicio de fondo y valorados por el tribunal competente antes de emitir una decisión definitiva.
El Ministerio Público mantiene la acusación por presuntas violaciones al artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario por imprudencia, negligencia o inobservancia de reglamentos.
Qué es el caso Jet Set
La tragedia del Jet Set ocurrió en la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de la popular discoteca ubicada en Santo Domingo colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez —quien también falleció en el hecho—, dejando un saldo de 236 muertos y más de 100 heridos. El suceso se convirtió en la peor tragedia en un centro de entretenimiento en la historia dominicana.
Los propietarios del local, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, fueron imputados por el Ministerio Público, que acumuló hasta enero de 2026 un total de 346 querellas en su contra. En abril de 2026, los fiscales Emmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía presentaron ante el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional un documento acusatorio de 156 páginas, solicitando formalmente la apertura a juicio.
En el marco del proceso preliminar, el juez Raymundo Mejía Zorrilla autorizó en abril de 2026 la realización de un peritaje técnico privado solicitado por la defensa, a fin de garantizar el derecho de defensa y la igualdad de condiciones procesales. El informe, dirigido al magistrado el 14 de mayo de 2026 y elaborado por el ingeniero José Manuel Lockhart Romero junto a los peritos Gabriel Carrera y otros especialistas, concluyó que el colapso no fue provocado por una sobrecarga, sino por "un deterioro progresivo gradual e interno de la estructura combinado con defectos ocultos de construcción".
Paralelamente, querellantes y abogados de víctimas han exigido al juez variar la calificación jurídica del caso —actualmente tipificado como homicidio involuntario bajo el artículo 319— argumentando que dicha figura limita la pena máxima a dos años de prisión, lo que consideran insuficiente dada la magnitud de la tragedia.
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