La disposición de la Oficina Nacional de la Defensa Pública de restringir la representación legal gratuita de empresas imputadas en procesos penales mantiene un pulso con decisiones judiciales que han ordenado asignarles abogados y declarado inconstitucionales varios oficios relacionados con esa limitación, en una controversia que ha alcanzado casos de presunta corrupción administrativa.
La disposición del director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, de restringir la asistencia legal gratuita a empresas imputadas en procesos penales contrasta con decisiones judiciales que han ordenado asignarles defensores públicos y declarado inconstitucionales varios oficios relacionados con esa limitación.
Tal es el caso de la Resolución núm. 062-2023-SRDP-00045, del 9 de noviembre de 2023, evacuada por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside la magistrada Yanibet Rivas Méndez, en la cual se declaró inconstitucionales, por la vía del control difuso, los oficios número 001/2021, del 22 de septiembre de 2021, y número 604-2023, 605-2023 y 606-2023, del 18 de septiembre de 2023.
jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
El tribunal consideró que esas disposiciones afectaban derechos fundamentales, entre ellos el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y el derecho a obtener una decisión dentro de un plazo razonable.
La decisión fue emitida a raíz de una solicitud presentada por Hortensia López de Valle, representada por los abogados Jorge Lora Olivares, José Stalin Almonte y J. Lora Castillo.
Ordenaron asignar abogados a tres empresas
En el cuarto ordinal de la resolución, la magistrada acogió parcialmente la solicitud y ordenó a la Oficina Nacional de la Defensa Pública asignar, en un plazo de 24 horas, un abogado para representar a las empresas Metrocar S.R.L., Metrocredito Metrocar S.R.L y Mercabanc Metrocar S.R.L.
Las sociedades enfrentaban imputaciones por presuntas infracciones a disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera núm. 183-02, la legislación sobre registro mercantil, el Código Penal dominicano y las leyes relativas al lavado de activos.
Además, el juzgado impuso a la Oficina Nacional de la Defensa Pública una astreinte de RD$5,000 por cada día de retraso en el cumplimiento de la orden, a favor de Hortensia López de Valle, una vez vencido el plazo establecido.
Pese a la existencia de esta sentencia el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, en reiteradas ocasiones ha afirmado que ningún tribunal puede establecer disposiciones respecto de la institución que dirige, debido a que esta es un órgano constitucional con autonomía.
Procesos judiciales de corrupción administrativa
Algunos de los casos de corrupción administrativa que donde algunos jueces han solicitado a la defensoría pública representar algunas empresas de exfuncionarios de la pasada y actual gestión se encuentran los siguientes
En el presente año las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional intimaron a la Oficina Nacional de la Defensa Pública para que ordenara la representación legal de una empresa imputada. El tribunal advirtió que, ante el incumplimiento de la orden judicial, el Ministerio Público podría accionar penalmente por desacato.
El caso se encuentra en etapa de juicio de fondo e involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, además de otras personas físicas y empresas.
Asimismo, en el 2023 en el proceso por la presunta trama de corrupción administrativa que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió una solicitud del Ministerio Público para que se asignará un defensor público a la empresa F & F Ezel Import, SRL, que alegó no contar con recursos para costear su defensa.
En ese momento, el órgano persecutor argumentó que las personas jurídicas tienen derecho a la defensa pública y deben contar con las garantías del debido proceso.
De igual manera ocurrió en el 2024, donde el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también dispuso asistencia legal para empresas imputadas.
Entre las sociedades señaladas figuran Único Real State, acusada de recibir más de RD$122 millones y de ser tenedora de bienes muebles e inmuebles valorados en millones de pesos, y RG&S Soluciones Financieras, imputada de presuntamente servir como instrumento para el lavado de activos.
Según las imputaciones descritas, esta última empresa habría recibido transferencias bancarias por más de RD$25 millones entre 2014 y 2021.
El proceso involucra, entre otros, a los exdirectores del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Adán Cáceres, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Juan Carlos Torres, así como a la pastora Rossy Guzmán, Rafael Núñez de Aza y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
La Suprema respaldó al Ministerio Público
En este caso, en marzo de 2025, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló en contra de la posición de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) de excluir a las personas jurídicas de la asistencia legal gratuita en procesos penales, al rechazar su negativa a representar a empresas imputadas.
Mediante la Resolución núm. 001-022-2025-SRLS-00393, emitida el 3 de marzo de 2025 y notificada el 17 de julio de ese año, la Segunda Sala de la SCJ se pronunció sobre la controversia en torno al alcance de la defensa pública para las sociedades comerciales sometidas a procesos judiciales.
El conflicto se originó con una instrucción general emitida por la ONDP el 22 de septiembre de 2021, que impedía a los defensores públicos asumir la representación de personas jurídicas y limitaba ese servicio a las personas físicas. La disposición también contemplaba sanciones para coordinadores y defensores que admitieran casos de entidades comerciales.
La medida fue impugnada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que obtuvo una decisión favorable en 2024.
Mediante la Resolución núm. 249-02-2024-SRES-00080, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró inconstitucional la instrucción de la ONDP por considerar que contravenía los artículos 39, 69, 74, 138 y 176 de la Constitución dominicana.
En esa decisión, el tribunal ordenó asignar defensa pública a las compañías RG&S Soluciones Financieras y Único Real State e Inversiones, ambas vinculadas al proceso judicial en el que se discutía su derecho a contar con representación legal.
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