La Suprema Corte de Justicia (SCJ) respaldó la posición del Ministerio Público sobre la representación legal de personas jurídicas en procesos penales, al fallar contra la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
Mediante la Resolución núm. 001-022-2025-SRLS-00393, emitida el 3 de marzo de 2025 y notificada el 17 de julio, la Segunda Sala de la SCJ rechazó la negativa de la ONDP a representar a empresas en calidad de defensa pública.
El fallo pone fin a una disputa iniciada tras la instrucción general emitida por la ONDP el 22 de septiembre de 2021, donde se prohibía a los defensores públicos asumir la representación de organizaciones.
La instrucción establecía sanciones para cualquier coordinador o defensor público que diera entrada a casos de entidades jurídicas, limitando la asistencia legal únicamente a personas físicas.
El conflicto se agravó cuando la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) impugnó dicha directriz y logró una primera victoria en 2024 con la Resolución núm. 249-02-2024-SRES-00080 del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Esa decisión declaró inconstitucional la instrucción de la ONDP, al considerarla contraria a los artículos 39, 69, 74, 138 y 176 de la Constitución dominicana, y ordenó asignar defensa pública a las compañías RG&S Soluciones Financieras y Único Real State e Inversiones.
Se impuso a la ONDP una astreinte de RD$ 5,000 diarios por cada día de incumplimiento de la decisión judicial.
La SCJ reiteró que, conforme al Código Procesal Penal, las decisiones judiciales son recurribles solo bajo las condiciones expresamente previstas en la ley.
El tribunal enfatizó el principio de taxatividad objetiva, señalando que no toda disposición judicial puede apelarse automáticamente, en función del artículo 393 del Código.
En una decisión relacionada, el 3 de julio de 2025, la jueza interina Chadalis Rosario del Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal también falló contra la ONDP.
En ese caso, el Ministerio Público logró una nueva astreinte de RD$ 2,000 diarios por la negativa de la ONDP a representar a la razón social Agente de Cambio Estrella, acusada de lavado de activos.
La ONDP había comunicado que su rol no abarca la asistencia a empresas, sino exclusivamente a personas físicas sin recursos ni representación privada, en procesos penales.
Ambas decisiones consolidan un precedente sobre el derecho a defensa técnica de entidades jurídicas imputadas y la obligación institucional de garantizar dicho derecho en procesos penales.
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