La Coalición de ONG por la Infancia expresó preocupación por la implementación de protocolos migratorios en hospitales públicos de República Dominicana que han resultado en la detención y repatriación de mujeres haitianas embarazadas, incluyendo adolescentes.
La red de organizaciones denunció que estas prácticas vulneran el derecho a la salud, el principio de no discriminación y el interés superior del niño, especialmente cuando se aplican en contextos de parto.
Aunque reconocen el derecho del Estado dominicano a establecer controles migratorios, insisten en que su ejecución dentro de espacios hospitalarios resulta incompatible con estándares internacionales ratificados por el país.
La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por República Dominicana en 1991, y otros tratados de derechos humanos, protegen a mujeres y niños en situación de movilidad y exigen entornos seguros para su atención médica.
Las ONG advierten que estas medidas afectan la confianza de las comunidades migrantes en los servicios de salud y podrían disuadir el acceso oportuno a atención, con consecuencias graves para madres y recién nacidos.
Según el estudio FREDI, un 43 % de los hogares con niños en zonas fronterizas enfrentan privaciones severas, y más del 60 % de la niñez vive en pobreza multidimensional, lo que agrava la situación de vulnerabilidad.
El informe también señala que niñas y adolescentes migrantes o descendientes de migrantes están expuestas a discriminación institucional, embarazo no acompañado y falta de documentación, limitando su acceso a salud y educación.
La Coalición recuerda que todo niño debe nacer en un entorno seguro y digno, lo cual implica garantizar condiciones que reduzcan la mortalidad materna y fomenten un vínculo positivo desde el nacimiento.
Ante la situación, proponen revisar y adecuar los protocolos migratorios en contextos médicos, priorizando la protección de mujeres embarazadas, recién nacidos y personas vulnerables.
También plantean un protocolo interinstitucional que articule salud, migración y sociedad civil, basado en la primacía de la vida y la no discriminación.
La formación del personal de salud en derechos humanos y protección infantil, junto con mecanismos de derivación segura, son otras de las medidas urgentes recomendadas.
Finalmente, la Coalición propone establecer canales de monitoreo y evaluación para prevenir violaciones de derechos y garantizar una atención humanitaria, ética y respetuosa en los centros de salud.
La red reafirma su disposición a colaborar con las autoridades para construir soluciones que aseguren entornos protectores y libres de discriminación para todos los niños y niñas del país.
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