Los casos Coral y Coral 5G llegan este lunes a uno de sus momentos más decisivos. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto emitir sentencia en el juicio de fondo seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles acusados por el Ministerio Público de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría sustraído más de RD$4,500 millones de instituciones estatales.
La decisión que inició a las 3:00 de la tarde de este lunes 15 de junio y pondrá fin, en primera instancia, a uno de los procesos judiciales por corrupción más extensos, mediáticos y complejos de los últimos años en la República Dominicana.
El expediente agrupa las operaciones Coral y Coral 5G, dos investigaciones que fueron fusionadas por estar vinculadas a estructuras que, según la acusación, operaron desde organismos de seguridad del Estado durante la pasada administración gubernamental.
El juicio involucra a exfuncionarios militares y policiales que ocuparon posiciones estratégicas en entidades como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otras instituciones públicas.
El tribunal que emitirá la sentencia
La sentencia será dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Este tribunal ha tenido a su cargo la etapa de juicio de fondo, en la que fueron presentadas las pruebas del Ministerio Público, los argumentos de las defensas, los testimonios, peritajes, documentos y las conclusiones finales de las partes.
La decisión de las juezas será determinante porque establecerá si los principales acusados son condenados o descargados, y en caso de condena, qué penas deberán cumplir y qué bienes podrían ser decomisados a favor del Estado.
El fallo también será observado como una prueba de alto impacto para el sistema de justicia dominicano, debido a la cantidad de imputados, la magnitud económica atribuida al caso y el perfil de los acusados.
Qué es el caso Coral
El caso Coral salió a la luz pública en abril de 2021, cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos y arrestos contra una estructura que, según la acusación, operaba dentro de instituciones militares y policiales para desviar recursos públicos.
El principal señalado en esta primera etapa fue el mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
De acuerdo con el órgano acusador, la presunta red habría utilizado mecanismos como nóminas irregulares, pagos a personas que no realizaban funciones reales, manejo indebido de fondos públicos, uso de empresas vinculadas y adquisición de bienes con dinero de origen ilícito.
La investigación fue ampliada posteriormente con la operación Coral 5G, que incorporó a otros oficiales y civiles presuntamente vinculados a un esquema similar de corrupción administrativa.
Principales acusados
Entre los principales imputados figuran Adán Benoni Cáceres Silvestre, exdirector del Cusep, señalado por el Ministerio Público como uno de los cabecillas del entramado.
También está acusado el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), señalado como una figura central dentro del caso Coral 5G.
Otro de los principales procesados es el coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep, a quien la acusación ubica como pieza operativa clave dentro de la presunta estructura.
El expediente incluye además al general Julio Camilo de los Santos Viola, al general Boanerges Reyes Batista, al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como la pastora Rossy, y a otros militares, policías y civiles vinculados al caso.
También figuran procesados Kelman Santana Martínez, Tanner Antonio Flete Guzmán, José Manuel Rosario Pirón, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
La acusación del Ministerio Público
El Ministerio Público sostiene que los acusados formaron parte de una red que operó entre 2012 y 2020 para desviar fondos públicos desde instituciones vinculadas a la seguridad presidencial, turística y otros organismos estatales.
La acusación atribuye a los imputados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falseamiento u omisión en declaración jurada, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y testaferrato.
Según el órgano acusador, los miembros del entramado habrían incrementado sus patrimonios de manera irregular mediante recursos sustraídos al Estado, utilizando empresas, propiedades, prestanombres y mecanismos financieros para ocultar el origen del dinero.
El Ministerio Público ha planteado que los fondos presuntamente desviados fueron utilizados para la adquisición de inmuebles, vehículos de lujo, fincas, villas, empresas y otros bienes.
Las penas solicitadas
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó penas de hasta 20 años de prisión contra varios de los principales acusados.
Entre los procesados para quienes se pidieron 20 años de prisión figuran los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
La misma pena fue solicitada para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Para otros imputados, el Ministerio Público pidió penas de 15, 10 y 5 años de prisión, dependiendo del grado de participación atribuido en el expediente.
Además de las penas privativas de libertad, la acusación solicitó multas, decomiso de bienes incautados y la disolución o sanción de varias personas jurídicas presuntamente utilizadas dentro del entramado.
Las defensas y sus argumentos
Las defensas de los imputados han rechazado las acusaciones del Ministerio Público y han pedido al tribunal dictar sentencias absolutorias.
En sus planteamientos, los abogados han sostenido que la acusación no logró demostrar, de manera individualizada y suficiente, la responsabilidad penal de sus representados.
Uno de los argumentos centrales de las defensas ha sido que el Ministerio Público no habría probado la existencia de una asociación criminal en los términos planteados en la acusación, ni la participación directa de varios imputados en las operaciones descritas.
En el caso de Adán Cáceres Silvestre, su defensa ha insistido en que las pretensiones de condena carecen de pruebas suficientes y pertinentes. El propio exjefe del Cusep ejerció su derecho a la defensa en la fase final del juicio y pidió ser absuelto.
Otros imputados también han sostenido que no firmaron nóminas, no autorizaron pagos irregulares o no participaron en maniobras fraudulentas, por lo que solicitaron al tribunal rechazar la teoría del Ministerio Público.
Raúl Girón y la cooperación con el Ministerio Público
Uno de los nombres más relevantes del expediente es el de Raúl Alejandro Girón Jiménez, mayor del Ejército y considerado uno de los testigos clave del Ministerio Público.
Girón admitió hechos y ofreció declaraciones que fueron utilizadas por el órgano acusador para sustentar parte de la teoría del caso.
Por su cooperación, el Ministerio Público solicitó que se tome en cuenta el tiempo que ha cumplido bajo arresto domiciliario y que el resto de la pena pueda ser suspendido bajo reglas específicas de cumplimiento.
Su participación ha sido uno de los puntos más debatidos del proceso, debido a que varias defensas cuestionaron la credibilidad de los testigos colaboradores y alegaron que sus declaraciones no eran suficientes para sustentar condenas.
Bienes incautados y decomiso solicitado
El componente patrimonial es uno de los aspectos centrales del caso Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público solicitó el decomiso de bienes incautados, entre ellos villas, casas, vehículos de lujo, inmuebles, dinero en efectivo y otros activos que, según la acusación, estarían vinculados a fondos sustraídos al Estado.
La acusación también ha señalado la existencia de cientos de inmuebles, vehículos de alto valor y sumas millonarias en efectivo presuntamente relacionadas con la red.
En caso de condena, el tribunal deberá decidir no solo sobre las penas de prisión, sino también sobre el destino de esos bienes y si procede su decomiso definitivo a favor del Estado.
Por qué la sentencia es importante
La sentencia del caso Coral y Coral 5G tiene implicaciones penales, institucionales y políticas.
En el plano penal, definirá si los acusados son responsables de los delitos atribuidos y qué sanciones deberán cumplir.
En el plano institucional, el fallo será observado como una medición de la capacidad del sistema judicial para procesar casos complejos de corrupción administrativa que involucran estructuras militares, policiales y civiles.
En el plano político, el caso se ha convertido en uno de los expedientes emblemáticos de la persecución de la corrupción pública en la República Dominicana, especialmente por los vínculos de los imputados con organismos de seguridad del Estado durante una administración anterior.
También tendrá impacto en el debate sobre el decomiso de bienes, la recuperación de activos públicos, el uso de testigos colaboradores y la fortaleza de las pruebas en procesos de criminalidad administrativa compleja.
Lo que puede decidir el tribunal
El tribunal puede acoger total o parcialmente la acusación del Ministerio Público, dictando condenas contra algunos o todos los imputados.
También puede descargar a acusados si considera que las pruebas no fueron suficientes para establecer responsabilidad penal más allá de duda razonable.
Otra posibilidad es que el tribunal imponga penas distintas a las solicitadas por el Ministerio Público, dependiendo de la valoración que haga sobre la participación individual de cada imputado.
La decisión también deberá pronunciarse sobre multas, decomisos, personas jurídicas involucradas y eventuales responsabilidades patrimoniales.
Un fallo esperado tras años de proceso
El caso Coral inició en 2021 y desde entonces ha atravesado distintas etapas judiciales, incluyendo arrestos, medidas de coerción, investigación, acusación, audiencia preliminar, apertura a juicio y juicio de fondo.
La sentencia que se emitirá este lunes marcará el cierre de una primera etapa decisiva, aunque no necesariamente el final definitivo del expediente, debido a que las partes podrían recurrir la decisión ante instancias superiores.
Por su magnitud, duración y complejidad, el caso Coral y Coral 5G se mantiene como uno de los mayores procesos por corrupción conocidos en los tribunales dominicanos.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional definirá el rumbo judicial de los principales acusados y fijará un precedente relevante sobre la persecución penal de estructuras de corrupción vinculadas al manejo de fondos públicos.
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