El empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochy Gómez, comparece este viernes ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para ofrecer su defensa material en el marco de la Operación Camaleón, el proceso judicial que lo acusa, junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, de estafa contra el Estado, lavado de activos, actos de terrorismo y sabotaje a infraestructuras críticas.
La magistrada Yanibet Rivas preside las audiencias preliminares de un caso que ha acumulado múltiples aplazamientos desde que fue presentado y que involucra contratos por más de RD$1,317 millones para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
José Ángel Gómez Canaán es un empresario del sector tecnológico, propietario de Aurix S.A.S., empresa que mantuvo contratos con el Estado dominicano para la gestión y modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. A través de Transcore Latam S.R.L. —empresa que el Ministerio Público sostiene que controlaba mediante testaferros y socios nominales—, se habría ejecutado el contrato de más de RD$1,317 millones adjudicado durante la dirección de Hugo Beras en el Intrant en 2023.
"263 millones es menor a 1,100 millones"
Con una frase de aritmética simple, Gómez intentó desmontar el núcleo de la acusación por estafa. Sostuvo que tanto él como sus socios adquirieron los equipos e instalaron la red semafórica con una inversión que supera ampliamente la suma recibida.
"Esto es simple matemática. 263 millones de pesos es menor a 1,100 millones. No es posible otro resultado", expresó, rechazando los señalamientos en su contra.
El imputado explicó que la inversión en el proyecto fue asumida íntegramente por el sector privado —incluyendo personal, tecnología, infraestructura y equipos— y que ese hecho fue reconocido por las propias autoridades. Indicó además que posee un 50% de participación en la estructura societaria, mientras que el resto corresponde a otros socios, y que las operaciones financieras no eran manejadas directamente por él.
Las fallas, según Gómez: decisiones sin conocimiento técnico
El empresario atribuyó el colapso de la red semafórica de agosto de 2024 —que paralizó arterias principales del Gran Santo Domingo— a "decisiones tomadas por las propias autoridades", quienes según dijo intentaron asumir el control del sistema sin conocer su funcionamiento ni aceptar la colaboración del equipo técnico.
Afirmó que él y su equipo permanecieron trabajando toda la noche, en comunicación hasta las 4:00 de la madrugada, tratando de evitar la situación. Señaló que lo ocurrido se debió a la desconexión de los nodos de comunicación de un sistema centralizado, acción que se realizó pese a advertencias previas.
Calificó de inconsistentes las acusaciones del Ministerio Público sobre presuntos actos de sabotaje.
Cuestionó la objetividad del informe del Intrant
Uno de los puntos de su defensa fue el cuestionamiento al informe técnico que sustenta la acusación, elaborado por el propio Intrant, institución que figura simultáneamente como víctima, querellante y actor civil en el caso.
Gómez puso en duda la imparcialidad del documento y señaló que fue firmado por personas que, según alegó, han mantenido ataques públicos en su contra en redes sociales durante los últimos años.
El Estado como único cliente —y como deudor
A pesar del proceso judicial, Gómez afirmó que el servicio nunca fue interrumpido, y reveló que el Estado dominicano le adeuda más de 700 millones de pesos. Explicó que continuaron operando porque el Estado era su único cliente y buscaban evitar afectaciones a un servicio público esencial.
También cuestionó las acusaciones de lavado de activos contra la empresa vinculada al servicio, señalando que las propias autoridades conocían los montos recibidos por la prestación y que continuaron realizando pagos incluso después de presentada la acusación. Sostuvo que las empresas involucradas cumplieron con sus obligaciones fiscales sobre los ingresos percibidos.
Bienes familiares bloqueados
El imputado denunció que bienes familiares han sido bloqueados como parte del proceso, incluyendo propiedades adquiridas en años anteriores que, según afirmó, no guardan relación con la investigación. Entre estos mencionó un terreno en Jarabacoa, adquirido mediante financiamiento bancario.
En octubre de 2025, el Ministerio Público ya había ejecutado la incautación preventiva de su residencia en la torre Lo Global de la capital dominicana, medida que su defensa calificó de ilegal.
Quién es Jochy Gómez
José Ángel Gómez Canaán es un empresario del sector tecnológico, propietario de Aurix S.A.S., empresa que mantuvo contratos con el Estado dominicano para la gestión y modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. A través de Transcore Latam S.R.L. —empresa que el Ministerio Público sostiene que controlaba mediante testaferros y socios nominales—, se habría ejecutado el contrato de más de RD$1,317 millones adjudicado durante la dirección de Hugo Beras en el Intrant en 2023.
El Ministerio Público alega además que Gómez Canaán creó Transcore Latam de manera fraudulenta, llegando incluso a usurpar la identidad de un ciudadano alemán para dar apariencia de legitimidad a la empresa.
Gómez, sin embargo, se presenta como un tecnólogo que colaboró con el Estado dominicano durante la pandemia del COVID-19, aportando tecnología para la detección del virus en coordinación con instituciones oficiales, y cuyo único cliente siempre fue el propio Estado.
Tras meses de silencio, el empresario rompió públicamente su versión en abril de 2025, acusando a funcionarios de traición y extorsión, y prometiendo revelar datos "caiga quien caiga". Este viernes cumplió parte de esa promesa ante el tribunal.
Operación Camaleón
La Operación Camaleón involucra, además de Beras y Gómez, a las empresas Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L., a través de las cuales el Ministerio Público sostiene que se otorgó acceso privilegiado a contratos del Intrant. El caso acumula acusaciones por estafa, corrupción, lavado de activos y actos de terrorismo, con un fraude estimado en más de RD$1,300 millones.
El juicio preliminar, que ha sufrido múltiples aplazamientos, continúa bajo la conducción de la jueza Yanibet Rivas en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En la misma audiencia, la abogada defensora de Gómez Canaán arremetió contra el expediente del Ministerio Público y sostuvo que las imputaciones presentan fallas estructurales que impiden sostener las acusaciones. Ante la jueza Rivas, la letrada argumentó que el órgano acusador no logró demostrar la supuesta utilización de identidades falsas de empresas ni establecer vínculos reales con las entidades internacionales mencionadas en el expediente —incluyendo algunas supuestamente vinculadas a Estados Unidos—, por lo que esas acusaciones, a su juicio, "se caen por falta de pruebas".
Cuestionó además la base legal del tipo penal de estafa, señalando que no se ha probado el uso de documentos falsos ni la afectación directa de víctimas, y que las personas que habrían sido perjudicadas ni siquiera se han constituido como querellantes, lo que limita la viabilidad del proceso.
La defensa también apuntó a contradicciones internas dentro del propio expediente acusatorio —entre ellas, la cancelación de un contrato entre empresas vinculadas al servicio de transporte, que a su entender desmonta la teoría del fraude— y rechazó la existencia de un perjuicio económico al Estado, argumentando que los equipos instalados continuaron en funcionamiento durante años como prueba de que hubo prestación real de servicios. Como punto final, denunció una irregularidad procesal de peso: los peritos que elaboraron el informe técnico presentado por el Ministerio Público no lo habrían firmado, lo que violaría disposiciones del Código Procesal Penal que exigen que estos documentos estén debidamente motivados y suscritos para tener validez legal.
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