La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) rechazó la actuación de las autoridades durante la marcha realizada el pasado miércoles hacia el Palacio Nacional y acusó al Gobierno de incumplir los compromisos asumidos con el gremio en torno a sus principales reivindicaciones laborales.
En un pronunciamiento, el Comité Ejecutivo Nacional de la ANPA calificó como una "brutal represión policial" la intervención de los agentes cuando los manifestantes se dirigían, según afirmaron, de manera pacífica y organizada hacia la sede del Poder Ejecutivo.
El gremio también rechazó las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al asegurar que desconocía la realización de la marcha. Según la organización, la actividad fue notificada formalmente en dos ocasiones, conforme a lo establecido por la ley.
Asimismo, sostuvo que tanto el presidente de la República como el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, tenían conocimiento de que la movilización se llevaría a cabo si no se ofrecía una respuesta a las demandas presentadas por el sector.
La ANPA afirmó que el presidente solicitó un plazo de tres semanas para responder a sus principales exigencias, pero denunció que han transcurrido diez semanas sin que se materialicen soluciones.
Entre las demandas del gremio figuran:
- El otorgamiento de pensiones para profesionales agropecuarios.
- Un aumento salarial.
- La reposición de los profesionales cancelados de sus funciones.
La organización sostuvo que las propuestas presentadas por el ministro Andrés Bautista no responden a las necesidades planteadas por el sector y aseguró que, hasta el momento, no han recibido beneficios concretos.
Finalmente, la ANPA reiteró su llamado al presidente de la República para que ofrezca una respuesta definitiva a sus reclamos y deje de lado la controversia generada tras la manifestación, insistiendo en que su lucha se centra exclusivamente en reivindicaciones laborales para los profesionales agropecuarios.
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