El memorándum de entendimiento no vinculante suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir en tránsito a nacionales de terceros países deportados por Washington, excluyendo a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados, encendió el debate político nacional.
Dirigentes opositores de distintas corrientes coincidieron en exigir mayor transparencia al Gobierno del presidente Luis Abinader, mientras el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, defendió el alcance del acuerdo y aseguró que no compromete la soberanía nacional.
El convenio, enmarcado en la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”, establece que República Dominicana permitirá el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condición de tránsito, con el respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para garantizar su permanencia temporal y facilitar su retorno ordenado a sus países de origen.
Paz cuestiona “oscuridad y opacidad”
El dirigente político Rafael Paz fue uno de los más críticos frente al anuncio. Señaló que el Gobierno ha manejado el tema con “oscuridad y opacidad” y recordó que el propio presidente Abinader había negado anteriormente la posibilidad de un acuerdo de esta naturaleza.
Paz subrayó que los asuntos vinculados a seguridad nacional requieren mayor rigurosidad institucional y transparencia, y advirtió que parte de la información conocida por la ciudadanía dominicana circuló primero a través de medios extranjeros y no mediante voceros oficiales del Estado.
“El Gobierno tiene que explicar claramente qué es lo que hay”, planteó.
Navarro pide respetar la Constitución y la soberanía
El excanciller de la República Andrés Navarro consideró que el Gobierno debe revelar con urgencia los términos específicos del acuerdo.
A su juicio, la relación bilateral con Estados Unidos debe mantenerse y fortalecerse, pero siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y bajo el principio de soberanía nacional.
Navarro advirtió que la falta de transparencia ha generado preocupación y especulaciones en la opinión pública, por lo que exhortó al Ejecutivo a explicar el contenido del convenio a través de los mecanismos institucionales correspondientes.
Sostuvo que transparentar el proceso no solo ayudaría a despejar dudas ciudadanas, sino que también contribuiría a fortalecer las relaciones internacionales y a generar mayor seguridad en el país.
Castillo cuestiona el alcance del acuerdo
El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, fue más allá de la exigencia de transparencia y cuestionó directamente el fondo del acuerdo.
Afirmó que una decisión de esa magnitud debió ser consultada con el pueblo dominicano y con el Congreso Nacional antes de ser firmada.
Castillo expresó preocupación por la llegada de ciudadanos de terceros países sin que, a su juicio, exista suficiente claridad sobre su situación legal, el tiempo de permanencia en territorio dominicano y los mecanismos de control que se aplicarían.
También pidió explicaciones formales a la Cancillería sobre las garantías que tendría el país para evitar que una medida temporal derive en responsabilidades permanentes.
Mariotti reclama discusión en el Congreso
El diputado Charlie Mariotti Paz también reclamó que el acuerdo sea discutido en el Congreso Nacional.
Cuestionó la forma en que se manejó la información pública sobre el memorándum y sostuvo que una decisión de esta naturaleza debe ser explicada con claridad por las autoridades competentes.
Mariotti aclaró que reconoce la importancia estratégica de las relaciones con Estados Unidos, pero insistió en que deben garantizarse transparencia, reglas claras y protección de la soberanía nacional antes de fijar una posición definitiva sobre el convenio.
O’Neal señala contradicción del Ejecutivo
La diputada Juliana O’Neal apuntó directamente a una contradicción del Ejecutivo.
Recordó que el presidente Abinader había asegurado previamente que la República Dominicana no recibiría deportados de otros países, por lo que exigió una explicación clara al mandatario sobre las condiciones del acuerdo y sus implicaciones reales para el país.
O’Neal sostuvo que la ciudadanía merece conocer cómo esta medida podría impactar la seguridad, la política migratoria y la situación social de la nación.
Paliza: el acuerdo no compromete la soberanía
Desde el oficialismo, el ministro José Ignacio Paliza salió al paso de las críticas y defendió el acuerdo como un paso adicional dentro del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos, en el marco de iniciativas conjuntas de seguridad.
Paliza aseguró que el convenio no compromete la soberanía nacional, debido a que cualquier solicitud de ingreso dependerá de la evaluación y aceptación caso por caso del Gobierno dominicano.
Explicó además que se tomaron previsiones específicas para evitar el traslado de ciudadanos haitianos al territorio nacional, debido a la sensibilidad estratégica de las relaciones entre Haití y República Dominicana.
El funcionario adelantó que en los próximos días la Cancillería ofrecerá mayores detalles sobre el alcance del acuerdo.
El contexto del acuerdo
El memorándum fue suscrito el martes 12 de mayo en el marco de la iniciativa “Escudo de las Américas”, en medio de la campaña de deportaciones impulsada por el Gobierno estadounidense.
Según las informaciones oficiales divulgadas por la Cancillería dominicana y la Embajada de Estados Unidos en el país, el acuerdo tiene carácter no vinculante y contempla el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países, previamente evaluados, sin antecedentes penales y en condición de tránsito.
El documento excluye expresamente a nacionales haitianos y a menores de edad no acompañados. Además, establece que el Gobierno de Estados Unidos asumirá el respaldo financiero y operativo para garantizar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen.
La firma del convenio coincidió con la polémica generada por una orden de un tribunal federal del Distrito Sur de Florida relacionada con el traslado hacia República Dominicana del ciudadano haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe.
Sin embargo, el Ministerio de Interior y Policía aclaró este miércoles que Vorbe mantiene un impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a una notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ejecutada por la Dirección General de Migración, por lo que no podrá ingresar al país.
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