El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) salió al paso de los señalamientos formulados por la Contraloría General de la República con una réplica institucional en la que combina explicaciones técnicas, aceptación parcial de observaciones, solicitudes de reconsideración y compromisos de mejora.
La respuesta oficial procura aclarar diferencias contables y administrativas, y dejar constancia de medidas que, según la entidad, ya están en marcha para corregir debilidades detectadas durante la auditoría.
Uno de los primeros puntos abordados por el Ministerio se refiere a las diferencias entre el Sistema Integrado de Administración de Bienes y los estados financieros al 31 de diciembre de 2024. La institución acogió la observación y aseguró que inició un proceso de conciliación, depuración y regularización de los activos fijos, incluida la corrección de una cuenta de terrenos por RD$ 5,500,000.00.
La explicación oficial atribuye parte de esas diferencias a la fusión institucional, al uso de métodos distintos de depreciación, a limitaciones técnicas del sistema contable y al tratamiento de adiciones a activos ya registrados. Como salida estructural, el Ministerio informó que trabaja en la implementación de un nuevo sistema ERP, conforme a los lineamientos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, para integrar la información patrimonial y fortalecer los controles.
La Contraloría tomó nota de esa respuesta, pero mantuvo la observación mientras no concluya la conciliación entre los registros patrimoniales, contables y administrativos. A juicio del órgano auditor, la diferencia pendiente todavía requiere depuración, soporte documental y evidencia de corrección integral.
Pasivos heredados
El informe también coloca bajo revisión las cuentas por pagar del Ministerio. La entidad confirmó un saldo total de RD$ 70,549,526.47 al cierre de 2024 y reconoció que parte de las obligaciones con más de dos años de atraso corresponde a compromisos heredados, algunos sin soportes suficientes para ser validados y tramitados conforme a las normas vigentes.
Frente a ese hallazgo, el Ministerio propuso conformar un equipo técnico especializado para depurar la cartera de cuentas por pagar y remitir los expedientes que correspondan al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Deuda Pública. No obstante, rechazó la observación sobre diferencias entre el auxiliar contable y las etapas del gasto, al sostener que no existe una equivalencia automática entre los registros contables de pasivos exigibles y los registros presupuestarios de compromisos, devengados o preventivos.
La Contraloría no dio por cerrado el punto. El órgano de control sostuvo que la existencia de cuentas por pagar con antigüedad superior a dos años evidencia debilidades en la depuración y seguimiento de pasivos, y advirtió que la explicación sobre las diferencias entre registros no elimina la obligación de conciliar, documentar y sustentar los saldos reportados.
Compras y urgencias
En materia de compras y contrataciones, el Ministerio certificó que los procesos del período auditado ascendieron a RD$ 15,973,353,838. y aseguró que fueron ejecutados conforme a la normativa vigente. Al referirse a las compras por modalidad, pidió a la Contraloría la remisión del anexo 7.2, alegando que no fue incluido en la memoria USB recibida y que esa ausencia le impide verificar el detalle utilizado por los auditores.
La entidad acogió parcialmente el señalamiento sobre procesos no incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). Explicó que el caso de mayor monto corresponde a un proceso de urgencia para la terminación del centro Las Parras, por lo que, a su entender, no podía ser planificado en el PACC. Los demás casos fueron vinculados por el Ministerio a metas presidenciales en proyectos hospitalarios, carcelarios, educativos y de infraestructura.
La Contraloría, sin embargo, sostuvo que la exclusión de procesos del plan anual debía estar respaldada con evidencias formales de urgencia, reprogramación o autorización. También mantuvo la necesidad de revisar los soportes del anexo solicitado para confirmar la composición de las compras por modalidad y los montos adjudicados.
Contratos y datos reservados
Otro punto de fricción aparece en los expedientes contractuales. El Ministerio rechazó la observación sobre supuestas tachaduras, borrados o supresiones en contratos y afirmó que esas intervenciones obedecen al resguardo de datos personales sensibles en documentos publicados, en cumplimiento de la Constitución, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales.
La entidad aseguró que los contratos originales, completos y sin ocultamiento, reposan en sus archivos y están disponibles para revisión. La Contraloría, aun así, señaló que la protección de datos personales no sustituye la obligación de conservar contratos íntegros, verificables y con las credenciales requeridas para fines de auditoría.
Adenda bajo disputa
La discusión también alcanzó el proceso MIVHED-CB-OB-LPN-006-2024 y la aplicación de la Ley 83-24. El Ministerio sostuvo que el señalamiento no procede, porque la adenda registrada ante la Contraloría refleja el monto efectivamente aprobado, por RD$ 2,202,145,441, y fue evaluada por las áreas correspondientes del órgano de control.
Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación relativa a la adenda y la actualización de precios hasta que se demuestre, con cálculos y soportes técnicos, que el nuevo presupuesto fue aplicado únicamente sobre las partidas pendientes de ejecución. Para el órgano auditor, la certificación del registro contractual constituye un antecedente administrativo, pero no una validación definitiva del monto observado.
Obras con atrasos
Los señalamientos sobre ocho proyectos con desembolsos de avance y ejecución limitada fueron respondidos por el Ministerio con una advertencia: cada caso, sostuvo, debe evaluarse con información técnica, cronológica y contractual adicional. La entidad atribuyó los atrasos a causas diversas, entre ellas estudios de suelo, rediseños estructurales, edificaciones ocupadas, demoliciones no previstas, verificaciones de seguridad, solicitudes de equilibrio económico, inicios cercanos al cierre del período auditado y falta de avance físico suficiente para generar cubicaciones.
El Ministerio también afirmó que varios proyectos ya presentan avances físicos posteriores al corte de auditoría y que esas condiciones deben ponderarse antes de concluir sobre la procedencia del hallazgo. Como respaldo, indicó que adjuntó informes individuales de los proyectos observados.
La Contraloría respondió que esas justificaciones deben estar acompañadas de cronogramas, cubicaciones, informes de supervisión y evidencias de avance físico. Mientras esos soportes no sean verificados, el señalamiento sobre atrasos y uso de anticipos permanece sujeto a comprobación.
Nómina y expedientes
En el capítulo de recursos humanos, el Ministerio afirmó que la observación sobre nómina tiene carácter informativo y no contiene incumplimientos ni requerimientos de acción correctiva. También dejó constancia de que el anexo 8.1 no fue incluido en la memoria USB remitida, lo que, según la entidad, limita su capacidad de contrastar el detalle levantado por la Contraloría.
Asimismo, la asignación de combustible fue uno de los puntos aceptados de manera parcial. El Ministerio sostuvo que algunos cálculos partieron de salarios incorrectos, que dos casos ya habían sido corregidos y que otros respondían a funciones operativas territoriales. Al final, reconoció que solo RD$17,000.00 exceden el límite normativo del diez por ciento y se comprometió a readecuar esos montos.
La Contraloría dejó ese punto condicionado a la presentación de evidencias. Para el órgano auditor, las correcciones salariales, los ajustes ya realizados y la readecuación de los casos que exceden el límite legal deben quedar debidamente documentados antes de considerar cerrado el hallazgo.
El Ministerio también acogió la observación sobre la inexistencia de una matriz de control de empleados y anunció la elaboración de una herramienta actualizada que consolide beneficios, plazos y fechas de pago. Aun así, sostuvo que esos beneficios ya están definidos y administrados mediante políticas internas y normas vigentes, aunque no se encuentren reunidos en el formato requerido por los auditores.
La Contraloría respondió que la existencia de políticas internas no sustituye la necesidad de una matriz formal de seguimiento. Por eso mantuvo la recomendación de implementar un instrumento que consolide beneficios, plazos, fechas de pago y responsables de control.
Otro tramo del informe se concentra en los expedientes de personal incompletos. La institución acogió parcialmente la observación, aunque cuestionó que algunos documentos señalados como faltantes sean exigencias normativas expresas para todos los servidores públicos. También explicó que parte de los expedientes proviene de entidades anteriores, como la OISOE y el INVI, y prometió completar progresivamente los registros existentes y conformar de manera íntegra los expedientes de nuevo ingreso.
La Contraloría sostuvo que esas explicaciones no eliminan la debilidad de control documental. El órgano auditor mantuvo la necesidad de completar, ordenar y actualizar los expedientes conforme a los requisitos aplicables y a los estándares internos que defina la propia entidad.
La réplica oficial
El balance general de la réplica muestra a un Ministerio que no se limita a negar los hallazgos. En varios puntos acepta observaciones, en otros las acoge de manera parcial y, en los casos que entiende improcedentes, presenta argumentos contables, presupuestarios, técnicos o legales para pedir reconsideración. La institución también insiste en que parte de las diferencias señaladas proviene de procesos de fusión, registros heredados, ausencia de anexos y situaciones posteriores al corte de la auditoría.
Aun con esas explicaciones, la respuesta oficial queda sometida al examen de la Contraloría. El órgano de control mantiene abiertos los puntos que requieren soportes adicionales, conciliaciones terminadas, expedientes completos y evidencias de corrección. Por eso, el peso de la historia descansa ahora en si el Ministerio logra convertir su réplica en pruebas verificables y en mejoras efectivas de control interno.
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