Los casos de Angélica Hernández, Anyeli Sánchez y Rebecca Brizard muestran fallas de habilitación, intrusismo y controles insuficientes.
Entre finales de marzo y julio de 2026, al menos tres mujeres murieron en República Dominicana durante o después de someterse a procedimientos estéticos. Los casos ocurrieron en Santiago, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, bajo circunstancias que actualmente son investigadas por las autoridades.
Las fallecidas fueron Angélica Geraldine Hernández Rodríguez, quien murió durante una liposucción realizada en la Clínica Diosa, en Santiago; Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, fallecida después de someterse a varios procedimientos en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética (Clideme), y Rebecca Brizard, de 28 años, intervenida presuntamente por un barbero que no posee título de médico en un establecimiento sin habilitación sanitaria.
Rebecca Brizard: intervenida por un barbero en una vivienda adaptada como clínica
El caso más reciente corresponde a Rebecca Brizard, una comerciante y madre de tres hijos que residía en el batey Palavé, en Santo Domingo Oeste.
De acuerdo con el relato ofrecido por sus familiares, la joven fue sometida el viernes 24 de julio a una abdominoplastia en la denominada Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Alma Rosa I, Santo Domingo Este.
La intervención habría sido realizada por Emanuel Hernández Medrano, de 38 años, señalado por las autoridades como un barbero sin título de médico ni acreditación como cirujano plástico y quién salió del país con destino a Colombia el 25 de julio, según informó la Policía Nacional. El director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa Pérez, informó que Hernández había realizado al menos otros dos procedimientos en el mismo establecimiento.
Según el funcionario, la directora médica y propietaria del centro, Griselda Basora, declaró que el hombre había prometido entregar sus credenciales, pero nunca lo hizo. Sin embargo, se deberá determinar por qué se le permitió participar en intervenciones sin haber presentado título universitario, exequátur, colegiatura ni certificación de especialidad previamente.
Durante el procedimiento también habrían estado presentes la directora médica y dos anestesiólogos, según el Ministerio de Salud Pública, por lo que se ha planteado la posibilidad de que existan responsabilidades administrativas compartidas.
Centro operaba sin habilitación sanitaria
La inspección realizada por Salud Pública también determinó que el establecimiento donde fue intervenida Rebecca no tenía licencia de habilitación ni una cartera de servicios autorizada. La institución calificó el lugar como "clandestino" y dispuso su clausura definitiva.
Rebecca recibió la ubicación del centro la noche anterior y fue citada para presentarse durante la madrugada. Horas después de la cirugía presentó complicaciones respiratorias. Los familiares, quienes presentaron una querella ante la Fiscalía de Santo Domingo Este, describieron el inmueble como una vivienda adaptada para realizar procedimientos, con un letrero que no era visible desde el exterior.
Según el acta de defunción, se señala como causas de la muerte un edema pulmonar y una insuficiencia respiratoria.
Angélica Hernández: murió en una clínica que ya había sido objeto de cuestionamientos
Angélica Geraldine Hernández Rodríguez, de 32 años, murió el 26 de marzo de 2026 mientras era sometida a una liposucción en el Centro de Cirugía Estética y Reconstructiva Diosa Los Jardines, ubicado en Los Jardines Metropolitanos, Santiago. De acuerdo con su familia, la joven había pagado más de RD$460,000 entre el procedimiento, los medicamentos y otros gastos relacionados con la intervención.
Horas antes de entrar al quirófano, Angélica fue grabada mientras firmaba el documento de consentimiento informado. En el video se escucha a una integrante del personal explicarle cláusulas relacionadas con la responsabilidad posterior al procedimiento y recalcarle que, después de la cirugía, no se harían responsables y no podría reclamarle nada al centro. La difusión de esas imágenes generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que fue firmado el documento y la forma en que se le comunicó que se desligan de cualquier situación posterior.
Aunque el consentimiento informado acredita que una paciente fue advertida sobre posibles complicaciones, su firma no libera al médico ni al establecimiento de cumplir los protocolos, actuar dentro de sus competencias profesionales y garantizar condiciones adecuadas para responder ante una emergencia.
La familia sostiene que durante la operación surgieron complicaciones que el personal no pudo controlar debido a la supuesta falta de equipos y protocolos de emergencia. A partir de esas alegaciones presentaron una querella por homicidio involuntario y presuntas violaciones a la Ley General de Salud 42-01 contra los médicos Óscar Polanco, Eriberto Liranzo y Cindy Jiménez, así como contra Cary Peña, señalada como la persona que presuntamente captaba a las pacientes.
La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) expresó que las informaciones divulgadas indicaban que el procedimiento habría sido realizado por un médico que no era cirujano plástico acreditado y dentro de un establecimiento que no estaba habilitado para efectuar ese tipo de operaciones. El Ministerio de Salud Pública ordenó posteriormente el cierre definitivo del centro, aunque sus representantes legales han defendido que disponía de autorización para ofrecer servicios quirúrgicos.
El nombre de Óscar Polanco adquirió especial relevancia porque los familiares sostienen que fue el médico que realizó la intervención y porque, según la querella, ya había enfrentado otros tres procesos por presunta mala práctica, correspondientes a los años 2011, 2015 y 2016.
El Ministerio Público ha entrevistado a por lo menos seis personas, entre ellas anestesiólogos, un asistente, el médico que realizaba la operación, el administrador de la clínica y el propio Polanco. Hasta la actualización más reciente no se habían producido arrestos ni sometimientos, mientras continúa pendiente la determinación de las responsabilidades a partir del informe de autopsia, el expediente clínico y las demás evidencias recabadas.
Anyeli Sánchez: sometida a múltiples procedimientos por un médico con antecedentes
Menos de un mes después, el 15 de abril, murió Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, tras someterse a una extensa intervención estética en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética (Clideme), situada en el sector Mirador Sur del Distrito Nacional.
Según relató su prima, Nicole Fernández, Anyeli había autorizado al médico José del Carmen Desena Montero a realizarle una reconstrucción de la pared abdominal, una abdominoplastia, liposucciones en los brazos, la entrepierna y la espalda, además de una transferencia de grasa a los glúteos. Por el conjunto de procedimientos habría pagado alrededor de US$9,000.
Después de la primera intervención, la joven comenzó a sentir fuertes dolores abdominales y fue llevada nuevamente al quirófano. Su familia afirma que durante esa segunda operación recibió unas cuatro pintas de sangre y que posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia otro establecimiento en condiciones críticas. Sus parientes sostienen que ya había fallecido cuando se produjo el traslado.
Los familiares también aseguraron que Anyeli se encontraba en buen estado de salud antes de la cirugía y denunciaron que tuvieron que gestionar por su cuenta la autopsia ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), debido a que no habrían recibido oportunamente su historial clínico. La joven dejó en la orfandad a un niño de cuatro años.
El caso adquirió mayor gravedad al conocerse los antecedentes de Desena Montero, quien había sido expulsado de SODOCIPRE en febrero de 2021 por diversas violaciones, según informó el entonces presidente de la entidad, Aniceto Rodríguez. La exclusión de una sociedad especializada no equivale por sí sola a la pérdida del derecho a ejercer la medicina, pero sí constituía un antecedente que debía ser considerado al evaluar su trayectoria profesional.
Además, en septiembre de 2025, la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional lo declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de Bianca Melina de los Santos Corcino, de 18 años, ocurrida en 2020 después de una intervención estética. El tribunal le impuso un año de prisión suspendida y una multa, pero la sentencia no le prohibió continuar ejerciendo la medicina.
En aquel proceso, el tribunal determinó que se había extraído una cantidad de grasa superior a los límites establecidos, que la paciente no reunía las condiciones de peso y talla requeridas y que no existía un consentimiento informado válido. La autopsia atribuyó el fallecimiento de Bianca a un embolismo de tejido graso posterior al procedimiento, acompañado de insuficiencia respiratoria.
Siete meses después de esa condena ocurrió la muerte de Anyeli, lo que llevó a su padre y a los abogados de la familia a cuestionar cómo el médico pudo continuar realizando cirugías pese a sus antecedentes. Salud Pública ordenó posteriormente el cierre del área quirúrgica de Clideme por incumplimientos sanitarios, mientras el caso permanece sujeto a investigación y sin que hasta el momento exista una sentencia que establezca responsabilidad penal por este nuevo fallecimiento.
No todos los casos responden a la misma irregularidad
Aunque las tres muertes ocurrieron dentro de un período aproximado de cuatro meses, no en todos los casos las cirugías fueron practicadas por personas sin título médico.
Ese elemento está confirmado, hasta ahora, en el expediente de Rebecca Brizard, en el cual Salud Pública identificó al presunto operador como un barbero sin formación médica acreditada.
En los casos de Angélica Hernández y Anyeli Sánchez participaron profesionales de la medicina, pero las investigaciones buscan establecer si los centros estaban autorizados para realizar los procedimientos, si se cumplieron los protocolos y si existió alguna actuación negligente.
El patrón verificable no consiste únicamente en la presencia de falsos cirujanos. También incluye centros sin habilitación o con servicios fuera de su cartera autorizada, deficiencias en infraestructura, ausencia de protocolos de emergencia, procedimientos múltiples y controles que suelen aplicarse después de que ocurre una complicación grave.
Salud Pública reporta cientos de establecimientos intervenidos
En mayo, el Ministerio de Salud Pública informó que 501 establecimientos sanitarios y estéticos recibieron órdenes de cese de servicios entre enero de 2024 y abril de 2026.
La distribución oficial fue de 281 establecimientos en 2024, 177 en 2025 y 43 durante los primeros cuatro meses de 2026.
Entre las irregularidades identificadas figuran:
- Operar sin licencia de habilitación.
- Mantener permisos vencidos.
- Ofrecer servicios fuera de la cartera autorizada.
- Realizar modificaciones estructurales sin aprobación.
- Contratar personal sin las acreditaciones requeridas.
- Incumplir normas sanitarias y de manejo de residuos.
Posteriormente, el director de Habilitación y Acreditación indicó que desde octubre de 2021 habían sido intervenidos o clausurados 1,493 establecimientos. El Reglamento 1138-03 establece que todo establecimiento de salud debe obtener su habilitación antes de comenzar a operar y demostrar que cuenta con infraestructura, equipos, recursos humanos y procedimientos adecuados.
Advertencias del gremio y los especialistas
El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha denunciado históricamente el intrusismo profesional en el área estética. Por otra parte, la entidad especializada que agrupa a los cirujanos plásticos acreditados es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre). En 2025, su entonces presidente, Aniceto Rodríguez, advirtió sobre el aumento del intrusismo, incluidos médicos sin la formación requerida y extranjeros cuyos títulos no habían sido convalidados en el país.
Sodocipre también ha alertado sobre cursos de corta duración utilizados para presentarse como especialista y sobre ofertas con precios muy inferiores a los habituales, debido a que pueden implicar reducción de controles, personal, equipos o condiciones de seguridad.
La sociedad dispone de un directorio público de sus miembros. Sin embargo, que una persona no aparezca en ese listado no demuestra automáticamente que ejerza ilegalmente siempre que cuente con el título médico, el exequátur, la formación especializada, la colegiatura y la habilitación del establecimiento.
Un antecedente que trasciende los casos dominicanos
Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) documentó la muerte de 93 ciudadanos estadounidenses después de someterse a cirugías estéticas en República Dominicana entre 2009 y 2022.
La investigación encontró que las muertes aumentaron de un promedio de 4.1 por año entre 2009 y 2018 a 13 por año entre 2019 y 2022. En los casos con autopsias disponibles, las principales causas fueron el embolismo graso y el tromboembolismo venoso.
El informe no atribuyó todos los fallecimientos a centros clandestinos ni a falsos médicos. También identificó como factores de riesgo la realización simultánea de múltiples procedimientos y las complicaciones propias de intervenciones extensas.
A esos antecedentes se suman casos como el de Johanna González, de 25 años, fallecida durante una liposucción en 2018, y Altagracia Díaz, de 51 años, quien murió en 2019 después de una reducción de senos y una liposucción abdominal. En ambos expedientes, los familiares reclamaron investigaciones sobre las circunstancias de las intervenciones.
La verificación debe realizarse antes de entrar al quirófano
Las autoridades y las sociedades médicas recomiendan comprobar que el profesional tenga título de médico, exequátur, formación especializada y autorización para ejercer en el país.
También debe confirmarse que el establecimiento figure como habilitado por Salud Pública y que su cartera autorizada incluya específicamente el procedimiento que será realizado.
La presencia de un quirófano, un letrero o personal con batas no demuestra que un centro esté legalmente habilitado. Tampoco las fotografías en redes sociales, las recomendaciones personales ni los resultados mostrados por otros pacientes sustituyen la comprobación de las credenciales.
Las muertes de Angélica Hernández, Anyeli Sánchez y Rebecca Brizard muestran que el problema no puede reducirse a decisiones individuales de las pacientes. La existencia de establecimientos irregulares y personas que intervienen sin formación exige controles preventivos, intercambio de información entre las instituciones, sanciones oportunas y mecanismos públicos que permitan verificar fácilmente quién puede operar, dónde y bajo cuáles condiciones.
Compartir esta nota