El Día de la Independencia Nacional, que se celebra cada 27 de febrero, conmemora el momento histórico en que la República Dominicana proclamó su separación definitiva del dominio haitiano en 1844, tras 22 años de ocupación.
Ese día, los patriotas encabezados por Juan Pablo Duarte, junto a los trinitarios, proclamaron la soberanía nacional en la Puerta del Conde con el disparo del trabucazo de Ramón Matías Mella y el izamiento de la bandera dominicana, marcando el nacimiento de la nación libre, independiente y soberana, basada en los ideales de libertad, identidad y autodeterminación del pueblo dominicano.
En el marco de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el profesor titular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Alexi Martínez Olivo, sostuvo que la República Dominicana es plenamente soberana en términos jurídicos, pero enfrenta límites estructurales que condicionan el ejercicio de su soberanía económica en el contexto global actual.
¿Independencia o dependencia: una falsa dicotomía?
Desde una mirada académica, Martínez Olivo explicó que hablar hoy de independencia absoluta resulta poco realista. A su juicio, el mundo contemporáneo se rige por relaciones de interdependencia económica, incluso entre las grandes potencias. En ese escenario, la República Dominicana cuenta con instituciones propias y con un marco constitucional que define su política económica, pero su inserción en los mercados internacionales impone condicionamientos inevitables.
¿Tiene el país control sobre su modelo económico?
El economista aclaró que la literatura distingue entre independencia formal e independencia efectiva. Aunque el país es formalmente independiente, sus márgenes para definir políticas productivas, fiscales y sociales pueden verse limitados por compromisos internacionales, acuerdos bilaterales y condiciones del entorno financiero global. Ningún país, enfatizó, ejerce ese control en un vacío internacional.
Según Martínez Olivo, la Constitución otorga al Estado dominicano plena autoridad para definir su política monetaria, fiscal y regulatoria. Sin embargo, esa autonomía opera dentro de restricciones prácticas relacionadas con el acceso al financiamiento externo, las reglas del comercio internacional, los flujos de capital y las expectativas de los mercados.
El académico señaló que el margen de maniobra depende de indicadores objetivos. Indicó que la deuda pública consolidada ronda entre el 56 % y 58 % del PIB, un nivel moderado en comparación regional, lo que concede cierto espacio fiscal. No obstante, advirtió que la dependencia de importaciones y del financiamiento externo reduce la capacidad de respuesta ante choques internacionales, como alzas de tasas de interés o incrementos en los precios de los energéticos.
Martínez Olivo explicó que la estabilidad macroeconómica es un medio, no un fin. Un país puede mantener inflación controlada y crecimiento sostenido, pero aun así enfrentar restricciones para definir prioridades productivas o fortalecer sus políticas sociales. Desde el punto de vista académico, sostuvo que la soberanía económica debe incorporar también una dimensión distributiva y social.
¿De qué dependemos más hoy: deuda, importaciones o financiamiento?
Explicó que las cifras sugieren que la mayor vulnerabilidad del país proviene del sector externo real. Las importaciones representan cerca del 29 % del PIB y el déficit de cuenta corriente ronda el 3 %. Aunque la deuda externa, estimada en torno al 44 % del PIB, es relevante, no resulta excesiva, lo que indica que la dependencia es más estructural que meramente financiera.
¿Qué papel juegan el FMI y el Banco Mundial?
El especialista precisó que estos organismos no sustituyen al Estado en la toma de decisiones, pero influyen de manera indirecta. Sus evaluaciones, asistencia técnica y financiamiento inciden en los marcos de referencia que afectan la percepción internacional del país y, en determinados momentos históricos, su influencia ha sido considerable.
¿La dependencia energética compromete la independencia nacional?
Martínez Olivo explicó que la dependencia energética introduce vulnerabilidades externas, especialmente frente a choques de precios y conflictos geopolíticos. Aunque no anula la independencia política, sí limita la autonomía económica, lo que refuerza la importancia estratégica de la diversificación energética y el impulso a las energías renovables.
¿Qué revelan los indicadores sobre la independencia real del país?
Los principales indicadores muestran crecimiento sostenido, con tasas promedio entre 4 % y 5 %, y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la informalidad laboral, que ronda el 55 % del empleo, y brechas sociales históricas, lo que evidencia que la independencia formal no siempre se traduce en autonomía material para amplios sectores de la población.
¿Puede haber independencia sin justicia social?
Desde una perspectiva normativa, el académico sostuvo que la soberanía pierde contenido si no se refleja en mejores condiciones de vida. En ese sentido, planteó que la soberanía no debe ser solo del Estado, sino también de los ciudadanos, para que puedan ejercer plenamente derechos como la salud, la educación y la vivienda, consagrados en la Constitución.
¿Cuáles son hoy las principales amenazas a la independencia nacional?
Más que amenazas externas directas, Martínez Olivo identificó riesgos internos persistentes: debilidad institucional, baja productividad, informalidad laboral, desigualdad social y dependencia energética. Estos factores, advirtió, reducen la capacidad de respuesta del país frente a un entorno internacional cada vez más complejo.
¿Estamos ante una independencia formal pero no sustantiva?
En el ámbito académico, esta interpretación es ampliamente aceptada, explicó. La República Dominicana es plenamente independiente en términos jurídicos, pero enfrenta limitaciones estructurales para convertir esa independencia en autonomía económica y bienestar social generalizado.
¿Qué tendría que cambiar para fortalecer la soberanía económica?
El economista enumeró como prioridades el fortalecimiento institucional, la profesionalización de la gestión pública, la diversificación productiva, la reducción de la informalidad, una mayor eficiencia del gasto público y el avance hacia una mayor cohesión social. “No se trata de aislarse del mundo, sino de integrarse con mayor capacidad de decisión propia”, sostuvo.
El historiador Manuel Núñez profundizó en el sentido original de la independencia dominicana, destacando que para los fundadores no se trató únicamente de una separación política, sino de la recuperación integral de la dignidad nacional, la soberanía cultural, social, jurídica y económica.
Núñez explicó que los fundadores vivieron bajo un régimen de dominación que anuló prácticas esenciales de la vida dominicana. Recordó la prohibición del uso del idioma español en los actos públicos, el cierre de escuelas y universidades, la persecución de las tradiciones culturales y la expropiación de propiedades de familias dominicanas expatriadas, cuyas tierras fueron entregadas a la soldadesca haitiana. “Ese contexto generó la conciencia de que solo un Estado propio podía garantizar la preservación del ser nacional”, afirmó.
¿Qué tipo de dominación rechazaron los independentistas?
El historiador señaló que no se trataba solo de una ocupación territorial, sino de un régimen despótico que desconocía el territorio histórico dominicano y pretendía imponer obligaciones económicas ajenas, como la deuda contraída con Francia por la independencia haitiana. “Mientras se anulaba nuestra soberanía, se pretendía que los dominicanos pagaran la independencia de otro pueblo”, subrayó.
El país que soñaron los padres de la Patria
Según Núñez, el proyecto nacional concebido por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella quedó claramente plasmado en el proyecto constitucional duartiano. Este proponía un Estado soberano sustentado en la separación de poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial y añadía el poder municipal como expresión directa de la soberanía popular.
Ramón Matías Mella
Enfatizó que, desde su origen, la República Dominicana se concibió como una nación donde la soberanía no residía en monarcas ni en designios divinos, sino en la voluntad del pueblo dominicano, expresada libremente a través del voto.
Ese principio sentó las bases de una democracia representativa, aún en un contexto histórico distinto al actual, explicó.
¿Cuáles eran los pilares del proyecto nacional independentista?
El historiador enumeró como pilares fundamentales:
- El respeto de las fronteras históricas establecidas en el Tratado de Aranjuez de 1777.
- La creación de un Estado de derecho donde todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley.
- La supresión de la esclavitud y de la pena de muerte.
- La conformación de un gobierno electivo y representativo de la voluntad popular.
¿La independencia de 1844 fue solo política?
Para Núñez, la independencia concebida en 1844 fue simultáneamente política, económica y social. Política, porque implicaba gobernarse a sí mismos; económica, porque rechazaba la asunción de deudas y compromisos internacionales ajenos; y social, porque permitió restablecer instituciones fundamentales como el sistema judicial, educativo, religioso y cultural del país.
¿Qué define a un Estado verdaderamente independiente?
El historiador precisó que un Estado independiente posee atributos inconfundibles: capacidad de emitir su moneda, ejercer control sobre su territorio, establecer su propio marco legal, definir sus relaciones internacionales y defenderse frente a amenazas externas. “La independencia es ejercicio real de soberanía, no una simple declaración”, afirmó.
¿Qué lugar ocupaba el ciudadano común en ese proyecto de nación?
Núñez destacó que el proyecto independentista no fue concebido para una élite. Desde sus inicios, reconocía el derecho del ciudadano común a la propiedad, a la defensa del territorio, a la igualdad jurídica y a la participación política, sin distinción de raza, origen o condición social. “Eso marcó una ruptura profunda con los modelos excluyentes de la época”, indicó.
¿Cómo se concebía la relación entre poder político y moral pública?
El historiador explicó que el poder político debía someterse a la ley. Inspirados en principios del Código Civil napoleónico y en la noción moderna de Estado de derecho, los fundadores establecieron normas para proteger la vida, la propiedad y los derechos de terceros, garantizando que la justicia actuara como árbitro supremo del orden social.
¿Fue la independencia un hecho consumado o un proceso permanente?
Para Núñez, la independencia fue pensada como una ruptura definitiva con el poder haitiano, pero también como un proceso continuo de afirmación nacional. “La defensa de la soberanía territorial, económica, social y jurídica no termina en 1844; es una tarea constante de cada generación”, afirmó.
¿Qué vigencia tiene hoy ese ideal independentista?
El historiador concluyó que los desafíos actuales obligan a repensar la independencia más allá del plano simbólico.
La soberanía sigue siendo una construcción diaria. Fortalecer instituciones, garantizar igualdad, proteger la cultura y asegurar justicia social es la forma contemporánea de honrar el ideal de los fundadores, sostuvo.
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