El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, a una mujer imputada de falsificar documentos públicos para beneficiarse de una pensión por sobrevivencia en la supuesta calidad de esposa superviviente de un oficial de la Policía Nacional fallecido en 2019.
Dilennys Mercedes Mercedes Rossó fue arrestada con orden judicial en el marco de la investigación del caso a cargo de la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), Esther María González Peguero, y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.
La Fiscalía ante la Junta Central Electoral recibió la denuncia del caso de parte de familiares de la víctima que establecieron que Mercedes Rossó se hizo pasar por viuda de su pariente, un primer teniente de la Policía Nacional, para lo cual utilizó un acta de defunción falsa.
La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado (Hacienda) emitió una certificación donde hace constar que la imputada cobraba del Plan de Retiro de la Policía Nacional, desde el día 25 de abril de 2020, un salario de RD$13,814.55, con un monto anual de RD$41,443.65 y una regalía de RD$3,453.64.
Mientras, la Dirección Nacional del Registro Civil certificó, en fecha 17 de junio del 2025, que en el sistema automatizado de Registro Civil no existe ningún registro de matrimonio correspondiente al oficial fallecido.
Igualmente, la Dirección Nacional del Registro Civil, emitió una certificación de que existe un matrimonio civil, celebrado en fecha 10 de abril 2025 ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción Santo Domingo Norte, entre Dilennys Mercedes Mercedes Rossó y otro señor.
Ese órgano oficial también emitió otra certificación de defunción del agente policial, quien, según consta en el documento, falleció el 13 de febrero de 2019.
Durante la investigación fue obtenida una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), emitida en fecha 22 de mayo del 2025, la cual indica que Mercedes Rossó es propietaria de un automóvil privado marca Nissan, modelo Versa SV, año 2016, valorado en RD$369,830.83, logrando establecerse con todas las evidencias, cómo se materializó el ilícito y los beneficios obtenidos por la imputada.
El Ministerio Público ha dado a estos hechos la calificación jurídica provisional de falsificación y uso de documentos falsos y estafa, lo que constituye una violación a los artículos 147, 148,150, 151y 405 del Código Penal dominicano y la Ley 4-23 Ley Orgánica de Actos del Estado Civil en el artículo 210, en perjuicio del Estado dominicano, la Junta Central Electoral y los familiares del oficial fallecido.
Mercedes Rossó, quien se encuentra detenida en el centro de privación de libertad de la ciudad Juan Bosch, fue arrestada mediante la orden judicial núm. 530-2025-EMES-01048, emitida por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
La solicitud de medida de coerción privativa de libertad fue sustentada con suficientes pruebas documentales y procesales, así como elementos materiales y testimoniales.
20 años de prisión para hombre que mató a una joven y lanzó su cuerpo a un vertedero improvisado
Un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que, el 21 de septiembre de 2023, mató a una joven en Puerto Plata y la lanzó a un vertedero improvisado en el sector El Cupey.
El procesado, Pablo Andrés Payano García (el Cojo), fue hallado culpable de matar a María Eliza Reyes Martínez (Isa).
De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Leury Virgilio Ureña Morrobel, el hoy condenado abordó a la víctima en las proximidades del parque Juan García, desde donde la trasladó a distintos puntos de la ciudad hasta llegar al sector Cofresí, donde le suministró sustancias controladas y luego la estranguló, provocándole la muerte.
Durante el proceso de investigación, la Fiscalía logró recolectar pruebas documentales, testimoniales y periciales que resultaron determinantes para sustentar la acusación y demostrar la responsabilidad penal del procesado.
El expediente litigado por José Martínez Montán establece que, tras cometer el crimen, Payano García trasladó el cuerpo sin vida de la víctima a un vertedero improvisado en el sector El Cupey, donde lo dejó abandonado con la intención de ocultar el hecho criminal.
El tribunal colegiado presidido por la jueza Benecia Rojas acogió en todas sus partes la teoría del caso presentada por el Ministerio Público y dictó la referida condena de 20 años de reclusión mayor, la cual deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
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