El contrato minero otorgado para el proyecto “Cobre El Hoyazo II” en la Cordillera Septentrional autoriza únicamente actividades de exploración y no contempla explotación de minerales, según lo establecido en la Resolución R-MEM-CM-013-2024 (013-Resolucion-Cobre-el-Hoyazo-II (1)) del Ministerio de Energía y Minas.
El documento concede a la empresa Vertrixi Holding, S.R.L. una concesión de exploración por un período de tres años, durante los cuales solo pueden realizarse estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos, muestreos y perforaciones exploratorias, sin permitir la extracción de minerales con fines comerciales. La resolución precisa que cualquier actividad fuera de ese marco sería causal de caducidad de la concesión, conforme a la Ley Minera 146-71.
El contrato también establece que, previo al inicio de los trabajos en campo, la empresa deberá contar con los permisos ambientales correspondientes, someter evaluaciones de impacto ambiental y cumplir con restricciones en zonas pobladas, áreas protegidas y sus entornos, así como presentar informes periódicos a las autoridades mineras.
El Ministerio de Energía y Minas informó que ofrecerá detalles técnicos adicionales para despejar dudas sobre la concesión vigente y su alcance legal, en un contexto de creciente atención pública sobre la protección ambiental en la Cordillera Septentrional.
El contenido del contrato fue abordado luego de que el presidente Luis Abinader afirmara públicamente que desconoce la existencia de un contrato de explotación minera en la Cordillera Septentrional y que tuvo conocimiento del tema a través de la prensa, tras denuncias formuladas por el sacerdote Nino Ramos.
Durante un encuentro con la prensa en Santiago, el mandatario explicó que instruyó al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, para ofrecer una rueda de prensa en la que se aclarará el alcance real del contrato y se reiterará que no existe autorización para explotación minera en la zona. Abinader confirmó que sí existe un acuerdo de exploración, pero insistió en que no se ha aprobado ninguna fase de explotación.
El tema ha generado inquietud en comunidades de la región norte y en sectores ambientalistas, que han advertido sobre los posibles impactos de una eventual explotación minera. Ante estas preocupaciones, el presidente destacó la importancia de las denuncias sociales y señaló que las advertencias realizadas motivaron la revisión del contrato por parte del Gobierno.
El Ministerio de Energía y Minas informó que ofrecerá detalles técnicos adicionales para despejar dudas sobre la concesión vigente y su alcance legal, en un contexto de creciente atención pública sobre la protección ambiental en la Cordillera Septentrional.
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