Tras la aprobación del nuevo Código Penal dominicano, las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos sectores, se trata de un hito jurídico que moderniza un texto anclado en el siglo XIX. Para otros, un retroceso en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.
El abogado Diógenes Durán valoró la aprobación del nuevo instrumento como “el cierre de una era del Código napoleónico”, considerando que la República Dominicana se desvincula de una de las pocas legislaciones aún basadas en esa matriz europea.
Sin embargo, instó a una lectura crítica del articulado para evaluar si se corrigieron “penas mínimas excesivas” y se ajustaron figuras a las nuevas realidades.
“Ni la ley ni la cárcel han erradicado el delito en ningún país del mundo”, afirmó, pero dijo confiar en que el nuevo marco legal, bien aplicado y socializado, podría dar mejores resultados.
Desde otra perspectiva, el abogado Robinson Reyes alertó sobre posibles conflictos constitucionales. En concreto, cuestionó el artículo 3 sobre “culpabilidad”, al considerar que vulnera el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 69.3 de la Constitución dominicana.
“Solo se puede considerar culpable a quien haya actuado con dolo o culpa, y eso debe probarse”, subrayó.
Tres causales, negligencia médica y censura: los puntos críticos
Para el abogado y médico Leonardo Andújar Záiter, la exclusión de las tres causales del aborto representa una limitación severa al derecho de autonomía de las mujeres sobre su cuerpo.
Lamentó que el Congreso haya ignorado el reclamo social sobre esta materia y advirtió que, por primera vez, se penaliza la negligencia médica.
“Antes no había ningún artículo que hiciera referencia directa a la actividad médica como hecho punible”, indicó.
En contraste, el penalista Jean Cristofer Pérez celebró la aprobación como una victoria largamente esperada. A su juicio, el Código anterior no permitía enfrentar las nuevas modalidades delictivas con eficacia.
“Teníamos un nivel de criminalidad 100 kilómetros por delante del marco legal”, afirmó.
Aunque admite que el nuevo código “no es perfecto”, cree que es mejor contar con una herramienta actualizada que seguir combatiendo la delincuencia “con las manos vacías”.
Cándido Mercedes: “El retroceso es ideológico”
Desde una perspectiva sociológica, Cándido Mercedes ofreció una visión más crítica.
El sociólogo advirtió sobre la carga ideológica detrás del texto legal, señalando que ha sido “abordado desde sectores ultraconservadores” y que conceptos como “aborto” se han ideologizado para imponer narrativas morales.
No se habla de interrupción voluntaria del embarazo; se impone una terminología que criminaliza a quien decide no continuar con un embarazo, expresó.
Mercedes también cuestionó artículos que podrían usarse para intimidar la prensa, como el artículo 377 y el 310, los cuales contemplan penas de prisión y multas por difamación o críticas a funcionarios públicos.
“Esto genera un clima de autocensura y pone en riesgo la libertad de expresión en el siglo XXI”, aseguró.
El sociólogo también denunció los privilegios legales concedidos a militares y funcionarios religiosos, señalando que algunos artículos blindan a instituciones como la Iglesia Católica ante hechos de encubrimiento de delitos.
“En otros países se condena no solo al agresor, sino a la institución que lo protegió. Aquí, seguimos protegiendo estructuras que han fallado a las víctimas”, sostuvo.
¿Reforma o retroceso?
Aunque el nuevo Código Penal ha sido promovido como una herramienta jurídica moderna, su contenido ha polarizado a la sociedad dominicana.
Mientras algunos celebran la inclusión de nuevas figuras delictivas como el feminicidio, el acoso y los crímenes de odio, otros denuncian omisiones graves, regresiones en derechos adquiridos y un enfoque ideológico que responde más a intereses partidistas que al bienestar social.
Para Mercedes, la contradicción es evidente: “No se puede gobernar con un programa que promete tres causales y terminar legislando en contra de ellas. Esa incongruencia erosiona la confianza en la democracia y en la clase política”. Esta pieza legislativa entrará en vigencia dentro de un año.
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