Podría ser yo, por una salud sin miedos, así titula la iniciativa regional que da nombre al nuevo informe de CLADEM-RD y el NAM sobre la criminalización del aborto en República Dominicana, una radiografía dolorosa de cómo el sistema judicial y de salud persigue a mujeres por decidir sobre sus vidas.

Entre 2016 y 2023, 68 mujeres fueron procesadas por aborto. En cuatro casos analizados, todas fueron arrestadas sin garantías, incluso cuando estaban hospitalizadas. La información médica se utilizó en su contra sin orden judicial, violando su intimidad y sus derechos.

Las cuatro mujeres estudiadas son madres, pobres, con trabajos precarios, y una de ellas es migrante haitiana, víctima de violencia obstétrica y discriminación racial. En un caso, sus hijos fueron enviados a hogares de acogida mientras ella estaba en prisión preventiva.

“Este no es un informe más. Es un llamado urgente a que se elimine el delito de aborto en la legislación dominicana y se regule desde el sistema de salud. Solo así podremos empezar a frenar la violencia institucional que recae sobre las más vulnerables”, subraya CLADEM-RD.

La organización convoca a las aliadas feministas a seguir articulando estrategias para exigir un sistema de salud libre de miedo y un Estado que respete los derechos humanos de todas las personas.

Este estudio forma parte de la iniciativa regional Podría ser yo, por una salud sin miedos, que tiene como objetivo documentar, desde un enfoque interseccional, cómo los procesos penales por aborto y otros eventos obstétricos vulneran derechos humanos y garantías procesales en seis países de Latinoamérica y el Caribe: Chile, Brasil, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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