Propietarios de inmuebles destinados a rentas cortas, dominicanos residentes en el exterior y usuarios de plataformas digitales de hospedaje anunciaron el lanzamiento de la campaña “Mi Propiedad, Mi Derecho”, con la que buscan participar en el debate sobre la regulación de esta modalidad de alojamiento en República Dominicana.
La iniciativa surge durante el proceso de consulta pública abierto por el Ministerio de Turismo (Mitur) sobre propuestas para regular las rentas de corta duración.
Según los organizadores, las disposiciones sometidas a consulta podrían imponer cargas excesivas a los propietarios y provocar la salida de miles de unidades del mercado. Sin embargo, las propuestas todavía se encuentran en fase de discusión y no han sido firmadas como resoluciones definitivas.
El período para presentar observaciones vence el próximo 22 de julio, fecha también confirmada por la Asociación Dominicana de Rentas Cortas, que ha solicitado al Mitur ampliar el plazo y abrir una mesa técnica con representantes del sector.
Cuestionan certificación de los condominios
Entre las disposiciones señaladas por los promotores de la campaña se encuentra la exigencia de presentar una certificación del condominio que acredite que el propietario puede alquilar su apartamento por períodos cortos.
Los propietarios consideran que esta condición podría limitar el uso de inmuebles adquiridos legalmente y generar conflictos cuando los reglamentos internos no establecen de manera expresa si permiten o prohíben esa actividad.
La legislación dominicana sobre condominios permite que los propietarios adopten reglamentos y decisiones colectivas sobre el uso de las unidades, por lo que la operación de rentas cortas puede depender de las condiciones bajo las cuales fue concebido cada proyecto y de las normas aprobadas por su asamblea.
Los promotores sostienen que cualquier regulación debe proteger tanto los derechos individuales de los propietarios como la convivencia, la seguridad y las decisiones colectivas dentro de los residenciales.
Rechazan que viviendas sean sometidas a estándares hoteleros
La campaña también cuestiona que los alojamientos particulares deban cumplir requisitos de calidad similares a los exigidos a establecimientos hoteleros.
A juicio de sus impulsores, una persona que alquila uno o dos apartamentos no debería estar sometida a las mismas obligaciones administrativas y operativas que una empresa que gestiona un hotel o una amplia cartera de propiedades.
La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (Adoreco) ha planteado una preocupación similar al señalar que la propuesta aborda las rentas cortas exclusivamente como una actividad turística, pese a que estos inmuebles también son utilizados para viajes laborales, tratamientos médicos, estudios y otras estadías temporales.
La organización ha pedido establecer requisitos diferenciados según la naturaleza y el tamaño de cada operador, en lugar de aplicar un régimen uniforme a propietarios individuales y empresas administradoras.
Advierten sobre inspecciones y entrega de documentos
Los organizadores también expresaron preocupación por la posibilidad de que el Ministerio de Turismo realice inspecciones aleatorias en viviendas particulares registradas como alojamientos de corta duración.
Entienden que cualquier proceso de inspección debe estar claramente delimitado, respetar la privacidad, establecer las condiciones bajo las cuales puede ingresar una autoridad y garantizar el debido proceso.
Asimismo, cuestionaron la cantidad de información y documentos que, según afirman, tendrían que ser presentados ante el Mitur para completar el registro y mantener la autorización correspondiente.
Actualmente, el Ministerio de Turismo dispone del Registro Nacional Turístico, cuya plataforma incluye una categoría específica para viviendas amuebladas alquiladas por períodos breves mediante servicios como Airbnb y Booking.
Temen reducción de la oferta y aumento de precios
Los promotores de “Mi Propiedad, Mi Derecho” sostienen que los nuevos requisitos podrían llevar a numerosos propietarios a abandonar el mercado formal de rentas cortas.
Advierten que una reducción considerable de las unidades disponibles podría provocar aumentos en los precios de los alojamientos y disminuir las alternativas para turistas extranjeros y viajeros dominicanos.
La campaña afirma que entre un 30 % y un 40 % de las reservaciones realizadas mediante plataformas de rentas cortas corresponde a ciudadanos dominicanos. No obstante, en la información suministrada no se especifica la fuente, el período analizado ni la metodología utilizada para obtener ese porcentaje.
Los propietarios también sostienen que esta modalidad genera ingresos para servicios complementarios como transporte, limpieza, mantenimiento, alimentación, administración inmobiliaria y actividades turísticas.
Llaman a participar en la consulta pública
La campaña exhortó a propietarios, usuarios, inversionistas y otros ciudadanos interesados a presentar sus observaciones ante el Ministerio de Turismo antes de que concluya el proceso de consulta.
Los comentarios pueden ser remitidos al correo habilitado por el Mitur para recibir las propuestas relacionadas con las resoluciones.
Adoreco también ha solicitado que el período sea extendido y que se organice una mesa técnica para analizar las implicaciones jurídicas, tributarias, inmobiliarias y turísticas de la regulación. La entidad afirma que apoya la formalización del sector, pero considera necesario evitar requisitos que puedan afectar su desarrollo o generar inseguridad jurídica.
El debate enfrenta ahora dos necesidades: establecer controles que garanticen seguridad, transparencia y convivencia en los alojamientos, y evitar que la regulación imponga condiciones desproporcionadas a quienes utilizan sus propiedades como fuente de ingresos.
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