La Red de Ciudadanos Contra la Corrupción exhortó al presidente Luis Abinader a intervenir para detener un proyecto de modificación de la Ley núm. 140-02 que, según la organización, facilitaría la expansión de las agencias hípicas y eliminaría las restricciones de distancia aplicables a los establecimientos de juegos de azar.
El presidente de la entidad, Enmanuel Eugenio Pimentel Reyes, afirmó que la iniciativa, ya aprobada en el Senado y en estudio en la Cámara de Diputados, abriría la posibilidad de que las agencias hípicas operen dentro de bancas de apuestas distribuidas en todo el territorio nacional.
Durante una comparecencia pública, Pimentel sostuvo que esta modificación permitiría instalar máquinas tragamonedas en esos establecimientos, lo que, a su juicio, tendría un impacto negativo en la sociedad dominicana.
"Esto no puede pasar. Va a producir mayor pobreza a la sociedad dominicana y un daño inconmensurable a la niñez", expresó.
Alertan sobre impacto social
La Red manifestó preocupación por el posible incremento de la ludopatía y aseguró que los sectores más vulnerables serían los principales afectados, entre ellos niños, adolescentes, madres solteras, viudas y familias de escasos recursos.
Pimentel Reyes sostuvo que el país no necesita una mayor expansión de los juegos de azar, sino políticas enfocadas en educación, generación de empleos y oportunidades para la población.
Asimismo, cuestionó que el salario de los trabajadores pueda destinarse al consumo de juegos de azar y advirtió sobre las consecuencias sociales que, según afirmó, tendría una mayor presencia de máquinas tragamonedas en comunidades de todo el país.
Llamado a las autoridades
Además del presidente Abinader, la organización solicitó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, analizar con responsabilidad el alcance del proyecto antes de su eventual aprobación.
Pimentel Reyes aseguró que la posición de la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción responde a la defensa de la niñez, las familias dominicanas y las futuras generaciones, y no a intereses políticos o económicos.
La entidad reiteró que aún existe la oportunidad de impedir la aprobación de una iniciativa que considera perjudicial para el país y llamó a las autoridades a escuchar las preocupaciones planteadas por distintos sectores de la sociedad.
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