Ante la preocupación manifestada el pasado martes por el Ministerio Público sobre la posible declaración de extinción de acción penal en el caso Medusa, surgió el debate – y la preocupación de diversos sectores – sobre la posibilidad de que las operaciones Pulpo y Medusa, ambos procesos abiertos por corrupción y diferentes delitos, corran el mismo destino que el caso Super Tucano.
No es la primera vez que el órgano persecutor ha externado esta inquietud. El 19 de junio del presente año, el Ministerio Público indicó que las dilataciones en el denominado caso Medusa han surgido, fundamentalmente, por parte de algunas defensas, entre ellas, la del principal acusado en esta operación, el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.
Aunque en 2021 se dictó auto de apertura a juicio contra Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Ramón Piccini, Daniel Aquino Hernández y las empresas 4D Business Group y Magycorp, por la compra de los aviones, el proceso judicial del caso Super Tucano inició en 2016 como un caso complejo.
No fue hasta el inicio del nuevo juicio, tras apelar una sentencia que favorecía a los imputados, que los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, declararon la extinción de la acción penal del caso Super Tucano, por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
La extinción de la acción penal está contenida en el artículo 44 del Código Procesal Penal, como un instrumento que da fin a un proceso judicial, siempre y cuando cumpla con una de 13 circunstancias descritas.
De acuerdo a la Ley 10-15, que modifica el artículo 148 del Código Procesal Penal, “la duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento, establecidos en los artículos 226 y 287 del presente código, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de pruebas. Este plazo sólo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos.”
Estos planteamientos los evocó la defensa técnica del imputado Pedro Rafael Peña Antonio, quien solicitó la declaración de la extinción de este proceso por haber transcurrido el plazo máximo.
"Mala administración"
Para el abogado Alejandro Tejada, la finalización de los procesos en estos términos se produce por la "mala administración" de los casos por parte del Ministerio Público al instrumentar los expedientes tan voluminosos, razón por la cual tardan en conocerse en los tribunales.
Explicó que en el caso Medusa puede operar la extinción a favor de los procesados por la amplia acusación instrumentada por el órgano persecutor, la cual, a su entender, pudo ser resumida, acusar menos personas o abrir casos con menos encartados para que se pueda conocer ante los tribunales del país de una manera más rápida y eficiente.
El proceso conocido como Antipulpo, según Tejada, se encuentra bajo el mismo riesgo, ya que la acción contra los imputados inició en el 2020.
El abogado añadió que pese a que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha realizado una buena investigación, esta no la ha sabido concluir, ya que la norma estable que los casos deben de conocerse en el período antes señalado.
Para entender los plazos previos a la posible extinción de la acción penal en los casos Antipulpo y Medusa, basados en lo que explican las normas dominicanas, es necesario hacer un repaso por dichos procesos, desde sus inicios.
Antipulpo
Con los allanamientos simultáneos, iniciados por el Ministerio Público el miércoles 2 de septiembre del año 2020, arrancó con la primera fase del proceso Antipulpo, el cual fue declarado complejo el 8 de diciembre de ese año.
Actualmente, el caso Antipulpo se encuentra en el juicio de fondo, con la lectura de la acusación por parte del órgano persecutor.
En el caso Antipulpo, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deybi Timoteo, conoció la audiencia preliminar del lunes 10 de octubre del 2022 y concluyó el 23 de enero del 2023.
Este proceso, que implica a hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez y algunos funcionarios de la pasada gestión, ha sido uno de los que más rápido se ha conocido en la etapa intermedia.
En el expediente que contiene 3,445 páginas, se describe cómo Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y valiéndose de tal condición, habría sustraído entre los años 2012 y 2020, RD$ 4 mil 796 millones de los fondos públicos, al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado, practicando tráfico de influencias.
Medusa
El caso Medusa salió a la luz en junio del 2021. En este se encuentran involucradas un total de 41 personas y 22 empresas, incluyendo al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez.
A los implicados se les acusa de formar parte de una red de corrupción, en la que se habría manejado más de RD$ 6 mil millones en sobornos, en el período del 2016 al 2020.
La audiencia preliminar se conoce en la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el Palacio de Justicia de las Cortes, situado en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El magistrado, el 12 de agosto del 2022, intentó dar inicio a la parte preliminar del proceso, sin embargo, no fue hasta junio del 2023 inició esa etapa, con la lectura íntegra del expediente.
Sin embargo, debido a los tiempos y para agilizar la lectura de acusación, el juez Martínez decidió presentar un nuevo calendario de audiencias, extendiendo el horario de las mismas, por lo que ahora se conocerán los martes y viernes de 9:00 am a 9:00 pm.