El abogado Robinson Reyes calificó como "un caso particular" el proceso judicial que involucra al pelotero Wander Samuel Franco Aybar y se refirió a la decisión del Ministerio Público de recurrir en apelación el perdón judicial que le fue concedido.
Reyes sostuvo que una de las principales críticas a la sentencia es que Franco nunca manifestó arrepentimiento por los hechos que dieron origen al proceso.
"Es un caso muy particular. Algunas críticas que he visto en los medios proceden porque él no ha externado ni una sola vez arrepentimiento por su relación con una menor de edad", expresó.
El jurista recordó que los jueces otorgaron un perdón judicial al pelotero debido a que la pena impuesta fue inferior a cinco años, aunque consideró que ese beneficio debió estar acompañado de una muestra de arrepentimiento.
"Los jueces, de manera benigna, le otorgaron un perdón judicial, que procede cuando la pena es inferior a cinco años. No obstante, el perdón judicial debería estar acompañado de un arrepentimiento de la persona que cometió el hecho", manifestó.
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Asimismo, explicó que el perdón judicial elimina los antecedentes derivados de la condena.
"El perdón judicial le limpia el expediente de vida. Es parecido a la amnistía que daban los reyes antes a un condenado. A eso equivale el perdón judicial", afirmó.
En ese sentido, indicó que ahora será la Corte de Apelación la que determine si mantiene ese beneficio o modifica la sentencia.
"Probablemente le suspenda la pena tal y como está, pero quizás le quite el perdón judicial. Tendríamos que esperar ese resultado", agregó.
Ministerio Público busca que se revoque el perdón judicial
Las declaraciones de Reyes se producen luego de que el Ministerio Público interpusiera un recurso de apelación parcial contra la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, emitida por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata.
Con ese recurso, el órgano acusador solicita a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata revocar la parte de la decisión que concedió el perdón judicial a Franco, quien fue declarado penalmente responsable por violar el artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, relativo al abuso sexual y abuso psicológico en perjuicio de una adolescente.
La apelación inicia la fase de alzada del proceso. Corresponde ahora notificar a las partes para que presenten sus escritos de contestación dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal y, posteriormente, la Corte fijará la audiencia en la que conocerá el recurso.
En el mismo expediente, la condena de 10 años de prisión impuesta a Martha Vanessa Chevalier por explotación sexual comercial y lavado, madre de la menor.
Hasta el momento, la familia de la víctima y sus representantes legales no ha emitido declaraciones públicas sobre la apelación presentada por el Ministerio Público.
Conani respalda apelación del Ministerio Público
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) expresó su respaldo a la decisión del Ministerio Público de interponer un recurso de apelación contra la sentencia que otorgó un perdón judicial a Wander Franco, al considerar que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes debe prevalecer por encima de cualquier otra circunstancia.
En un comunicado, la institución reiteró su compromiso con el principio de "cero impunidad" frente a cualquier vulneración de derechos de menores de edad, sin importar la condición social, económica o profesional de la persona involucrada.
"El interés superior del niño debe constituir el eje central de toda decisión, por encima de cualquier otro factor", señaló Conani.
La entidad sostuvo que las violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes deben recibir una respuesta oportuna, efectiva y apegada al marco jurídico nacional e internacional, al tiempo que destacó que la persecución de conductas que afectan su integridad y desarrollo fortalece la confianza en el Sistema Nacional de Protección.
Asimismo, recordó que la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA) constituye un compromiso del Estado dominicano para prevenir estas situaciones y garantizar que niñas y adolescentes puedan desarrollarse en entornos seguros, libres de violencia y de prácticas que limiten el ejercicio pleno de sus derechos.
Conani concluyó reafirmando su compromiso de promover y garantizar una protección efectiva frente a cualquier situación que atente contra la integridad física, psicológica o sexual de una persona menor de edad.
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