Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, respaldó la sentencia TC-01225-25, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.
Los artículos anulados, el 210 de la Ley 285 y el 260 de la Ley 3483, imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados de cuerpos castrenses por el hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el ámbito donde ocurrieran. Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, mantenían plena vigencia normativa y práctica, vulnerando de forma concreta los derechos de las personas homosexuales que sirven al país desde estas instituciones.
Mediante un comunicado, el movimiento cívico no partidista destacó que el Tribunal Constitucional reafirmó un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, al tratarse de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Además, subrayó que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que, durante décadas, legitimaron desigualdad estructural en la carrera policial y militar.
“El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, expresó la entidad.
Asimismo, Participación Ciudadana resaltó que la sentencia fortalece la institucionalidad democrática, al ordenar que todas las normas internas, de cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados, se adecuen al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.
La entidad valoró la claridad con la que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.
En ese orden, reiteró que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para todos los poderes públicos y para los particulares.
Participación Ciudadana exhortó a las instituciones del sector seguridad y defensa a adoptar medidas inmediatas para adecuar sus reglamentos, procedimientos internos y políticas de recursos humanos al estándar constitucional reafirmado por esta decisión.
“Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución”, puntualizó.
Llamado a ciudadanía y medios de comunicación
Participación Ciudadana hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a elevar el rigor informativo y evitar ser “presa fácil” de la desinformación, el morbo o el sensacionalismo que muchas veces surge a partir de titulares amarillistas o reacciones emotivas en redes sociales.
“En tiempos marcados por bulos, noticias falsas y discursos que distorsionan debates esenciales, es indispensable que la población lea, contraste y verifique el contenido real de decisiones tan relevantes como una sentencia del Tribunal Constitucional”, manifestó.
La entidad destacó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa desde la información veraz y el análisis crítico, indicando que la lectura responsable más allá del titular es un acto de ciudadanía activa.
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