El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó este miércoles la detención del presunto detective Ángel Martínez, imputado por difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La decisión fue adoptada luego de que Martínez incurriera en “delitos de audiencia” durante su comparecencia ante el tribunal.
El magistrado acogió la solicitud del abogado de la funcionaria, Miguel Valerio, y dispuso que Martínez permanezca detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta el próximo martes, cuando se conocerá la audiencia de medida de coerción.
En el transcurso de la audiencia, el juez también declaró al abogado del imputado, Rafael Percival Peña, como litigante temerario, ordenando que, para volver a ejercer ante el tribunal, deberá pagar el equivalente a una quincena del salario de un juez, como sanción por su comportamiento procesal.
Según explicó Percival Peña, el magistrado le impuso la sanción luego de que este lo recusara y le reclamara por haberle informado a su cliente, en los pasillos del tribunal, que conocería su caso. El abogado consideró inapropiada dicha actuación, alegando que ese tipo de comunicación debe realizarse formalmente durante la audiencia.
Querellas que enfrenta Ángel Martínez
Ángel Martínez no solo enfrenta la querella interpuesta por Faride Raful. La exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, también presentó una denuncia por difamación e injuria agravada, sustentada en los artículos 367 y siguientes del Código Penal dominicano, la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Por esta acusación, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impuso medidas de coerción.
Además, los abogados Elín Sepúlveda y Wandy Durán lo acusan de estafar a la señora Sandra Eugenia de la Rosa por más de 300,000 dólares mediante un presunto esquema fraudulento que incluía una empresa ficticia.
Asimismo, Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte interpuso otra querella en su contra por supuestas conductas difamatorias, que llevó a la jueza de Atención Permanente de Santiago, Yiberty Polanco Herrand, a imponerle impedimento de salida, grillete electrónico y presentación periódica.
Otros querellantes son el exministro de Educación, Roberto Fulcar, y el diputado Sergio – Gory – Moya, quienes lo acusan de divulgar declaraciones falsas y difamatorias a través de sus plataformas digitales, constituyéndose en actores civiles en sus respectivas denuncias.
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