El Ministerio Público depositó formal acusación penal en contra de los que identifica como integrantes de la estructura criminal de lavado de activos y estafa electrónica cometida contra 426 víctimas y que fue desmantelada con la operación Guepardo de lucha contra el fraude inmobiliario.
De manera individual el Ministerio Público acusó, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
También, a las personas jurídicas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas como instrumentos utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera ilícita.
El Ministerio Público puso en marcha la operación Guepardo en febrero del año 2025 junto al Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft), de la Policía Nacional.
La investigación fue encabezada por los fiscales Claudio Cordero, por la Procuraduría Antilavado, y Mayerling Rondón, por la Fiscalía de La Romana, quienes coordinaron las diligencias investigativas, análisis financieros y recopilación probatoria que sustentan el expediente acusatorio.
La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez, responsables de la Procuraduría Especializada Antilavado y de Fiscalía de La Romana, manifestaron que "esta acusación representa un paso firme en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan esquemas fraudulentos inmobiliarios y mecanismos de lavado de activos para afectar la economía y la confianza de la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de llevar estos casos hasta las últimas consecuencias".
El expediente acusatorio establece la existencia de 426 víctimas, que resultaron afectadas por la organización, y está sustentado en más de 1660 elementos de prueba, que incluyen evidencias documentales, materiales, periciales, ilustrativas y audiovisuales, las cuales describen el funcionamiento interno de la estructura, el flujo del dinero ilícito y la participación de cada uno de los imputados.
Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que sea designado el juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana competente, a los fines de que se proceda a la fijación de la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal evaluará la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público para decidir sobre la apertura a juicio.
El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan en curso, con el objetivo de identificar y someter a la acción de la justicia a otras personas vinculadas a la red criminal, en procura de una respuesta integral frente a los hechos y de garantizar la reparación de las víctimas afectadas por el esquema fraudulento.
Modus operandi de la red desmantelada
Se acusa a Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova de liderar esta red que operó desde inicios de 2022 hasta marzo de 2024 bajo la fachada de empresas aparentemente legítimas del sector inmobiliario: Novasco Real Estate SRL, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One.
El esquema consistía en utilizar la reputación de la reconocida franquicia internacional RE/MAX para generar confianza entre las víctimas y captar inversiones en falsos proyectos inmobiliarios que eran promocionados agresivamente a través de medios digitales y redes sociales, según reveló la investigación del MP.
Los integrantes de la red captaban a sus víctimas —tanto dominicanos residentes en el país como en el extranjero— ofreciéndoles oportunidades de inversión inmobiliaria con retornos atractivos.
Una vez que las personas depositaban su dinero, los fondos no eran destinados a ningún proyecto real, sino que eran desviados y lavados a través de las empresas fachada del grupo.
Quienes reclamaban la devolución de su dinero eran enfrentados con intimidación: el abogado de la empresa, Javier Gustavo Ulloa Bueno, según el Ministerio Público, "utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas" que exigían sus recursos.
La magnitud del fraude alcanzó cifras millonarias: la red movilizó más de 18 millones de dólares provenientes de las víctimas.
La estructura contaba con roles bien definidos, según la acusación del MP: líderes que diseñaban el esquema, contables como Joana Paola Guerrero Milián que manejaban las finanzas de Novasco Real Estate, y master brokers (empresa o agente inmobiliario experto que obtiene la exclusividad para comercializar grandes proyectos inmobiliarios) que se encargaban de reclutar nuevos inversionistas.
Los bienes adquiridos con el dinero estafado —vehículos de alta gama, propiedades e inmuebles— fueron incautados durante los allanamientos ejecutados en febrero de 2025 en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
El caso tomó dimensión internacional cuando la señalada como principal líder de la estructura, Loany Lismeiry Ortiz Nova, fue arrestada en Colombia en febrero de 2025.
Sin embargo, su extradición a República Dominicana se complicó tras solicitar refugio ante las autoridades colombianas, lo que llevó al Gobierno de ese país a suspender el proceso en febrero de 2026 mientras se resuelve tal solicitud.
Paralelamente, un tribunal de La Romana autorizó la venta anticipada de bienes incautados vinculados a Novasco Real Estate para resarcir a las víctimas, en una decisión histórica.
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