El tráfico y la comercialización ilegal de armas y municiones han propiciado el surgimiento de un mercado clandestino en la República Dominicana, sobre el cual las autoridades carecen de control y registro de la cantidad y variedad de armas y calibres que ingresan de manera ilegal a través de los muelles comerciales y aeropuertos internacionales desde el año 2006, cuando se implementó la prohibición de importación de armas y componentes para uso civil.
El Decreto 309-06, emitido por el Poder Ejecutivo durante el mandato de Leonel Fernández, estableció la prohibición de importar armas de fuego, municiones y materiales afines, con el propósito de disminuir la delincuencia en el país. Sin embargo, después de dos décadas, esta medida continúa siendo objeto de debate y críticas.
La entrada no regulada de armas en el mercado clandestino ha impulsado la expansión y consolidación de redes criminales que utilizan estos armamentos para llevar a cabo sus actividades ilícitas y enfrentarse a las fuerzas del orden. A su vez, la disponibilidad de armas de alto calibre y grandes cantidades de munición en manos de grupos delictivos ha provocado un aumento significativo de la violencia ligada al narcotráfico, según han indicado las autoridades.
Asimismo, diversas investigaciones de organismos de seguridad confirman que una parte sustancial de estos arsenales termina en manos de organizaciones criminales en la República Dominicana y Haití, impulsada por la creciente demanda de bandas armadas en el vecino país. Como resultado de esta problemática, se ha fortalecido la cooperación entre las agencias de seguridad estadounidenses y dominicanas, quienes trabajan conjuntamente para rastrear el origen de las armas y desmantelar las redes responsables de su tráfico.
Las autoridades estadounidenses, como los agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y personal del Departamento de Seguridad Nacional, vienen trabajando de cerca con sus homólogos dominicanos, compartiendo informaciones y conocimientos para monitorear los cargamentos que despiertan sospechas y detener a personas implicadas en redes de contrabando internacional de armas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Dirección General de Aduanas, entre agosto de 2020 y enero de 2025, las autoridades lograron incautar 4,45 millones de municiones y 529 armas de fuego de diferentes calibres en los principales puertos del país. Entre las armas confiscadas se encuentran ametralladoras Uzi, rifles de asalto, fusiles AK-47 y modelos de calibre 5.56, lo que evidencia la diversidad y peligrosidad del armamento que los traficantes intentan introducir ilegalmente.
Para llevar a cabo estas incautaciones, las autoridades de Aduanas han contado con el apoyo de herramientas tecnológicas de última generación, como los escáneres de rayos X, el escáner móvil, bodycams (cámaras corporales) y bodyscans (escáneres corporales). Estos dispositivos han sido fundamentales para identificar con exactitud numerosos contrabandos de armas y municiones en los muelles.
Las investigaciones han puesto de manifiesto que una parte significativa de las armas y municiones decomisadas tenía como destino Haití. En ese país, numerosos grupos criminales adquieren estos equipos letales en Estados Unidos e intentan introducirlos a través de la frontera terrestre dominicana, con el objetivo de cometer delitos graves contra la población haitiana.
En 2025, la Dirección General de Aduanas incautó un cargamento compuesto por decenas de armas de fuego y 36.000 municiones de diversos calibres, el cual procedía de Estados Unidos y, según un comunicado de la entidad, tenía como destino final Haití.
A favor y en contra de la prohibición
La disposición implementada hace veinte años ha provocado una polarización de opiniones: por un lado, sectores abogan por la derogación inmediata del decreto, mientras que otros exigen que se mantenga vigente para garantizar la seguridad ciudadana. A lo largo de este periodo, el Gobierno ha implementado flexibilizaciones temporales a la normativa con el fin de favorecer a sectores específicos, como las empresas de seguridad y organismos oficiales, permitiéndoles renovar y actualizar sus inventarios de armas y municiones bajo condiciones reguladas.
La Asociación de Importadores de Armas de la República Dominicana ha intensificado su llamado al Poder Ejecutivo para que se proceda con la derogación definitiva del Decreto 309-06, el cual prohíbe la importación de armas de fuego y municiones. Los representantes del sector sostienen que esta medida, vigente desde hace casi dos décadas, ha resultado contraproducente para la seguridad ciudadana, ya que ha fomentado el mercado negro y el contrabando de armas.
Por otro lado, la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (Adivaf) alertó que la prohibición de importación vigente desde 2006 ha forzado el cierre definitivo de más del 50 % de las 45 empresas que integran el gremio. Tras casi dos décadas de restricciones ininterrumpidas, el sector formal atraviesa una crisis sin precedentes que ha diezmado la operatividad de los negocios legalmente constituidos en el país.
Sin embargo, organizaciones como el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, el Centro de Estudio sobre Justicia y Participación, entre otras entidades, han venido abogando para que el Poder Ejecutivo mantenga la restricción en la importación de armas y municiones para uso civil.
Medida provisional
En respuesta a las solicitudes de la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (Adivaf) y la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), el presidente Luis Abinader promulgó en 2023 el Decreto 30-23. Esta medida provisional estableció un periodo de seis meses para la importación regulada de armas de fuego de uso civil y sus respectivas municiones, suspendiendo temporalmente la prohibición general que se mantenía vigente desde 2006.
El decreto facultó al Ministerio de Interior y Policía para establecer los cupos y procedimientos de importación de las armas de fuego, con especial énfasis en las escopetas calibre 12, destinados a las empresas de seguridad que cuenten con el debido registro y autorización para operar.
En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo promulgó un nuevo decreto (175-25) que solo autorizaba la importación temporal de municiones, extendiendo esta medida por un periodo de seis meses. En esa ocasión, la disposición no solo benefició a las empresas de seguridad privada, sino que incorporó a los polígonos de tiro debidamente registrados en el país.
Se disparan los precios de armas y municiones
La veda impuesta desde hace 20 años a las importaciones de todo tipo de armas de fuego, municiones y demás insumos relacionados ha generado una distorsión crítica en el mercado formal de armas, provocando que los precios en las armerías autorizadas se disparen a niveles sin precedentes.
Miembros de la Asociación Dominicana de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego consultados por el diario Acento advirtieron sobre la crítica situación que enfrenta el sector debido al incremento desproporcionado en los costos de los insumos. Según los directivos, el precio de una caja de cartuchos para escopeta se ha disparado, costando hoy hasta siete veces más que en 2006, previo a la implementación de la prohibición.
Como ejemplo, destacan que una escopeta que anteriormente se comercializaba en un rango de entre 30.000 y 35.000 pesos, hoy supera los 150.000 debido al impacto de la inflación y las crecientes restricciones a la importación. La situación es aún más crítica en el segmento de las armas cortas: una pistola Glock ronda actualmente los 400.000 pesos, una cifra exorbitante comparada con los 75.000 pesos que costaba en 2006. Además, hay que destacar que se trata de armas usadas, porque las nuevas están prohibidas para la venta legal.
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