La digitalización de los procesos judiciales, la eliminación de las notificaciones irregulares y el acceso remoto a las sentencias forman parte de las medidas que Justiniano Montero plantea impulsar durante sus primeros 100 días al frente de la Suprema Corte de Justicia.
Las propuestas fueron presentadas al explicar los alcances de la Ley 87-26, promulgada el pasado 5 de noviembre, que modifica la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
Montero identificó varios cambios que busca implementar para reducir los trámites presenciales, agilizar el funcionamiento de los tribunales y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales.
Uno de los objetivos es que abogados, oficiales públicos y alguaciles puedan disponer de firma digital para sus actuaciones, sin tener que imprimir documentos, firmarlos, escanearlos y luego subirlos a las plataformas correspondientes.
“Se aspira a que todos los abogados y auxiliares de la justicia tengan firma digital”, expresó.
El magistrado indicó que este proceso representa un desafío para los primeros 100 días, aunque considera que su implementación puede realizarse con relativa facilidad debido a la experiencia que ya tiene el Poder Judicial con la firma digital de los jueces.
Georreferenciación para las notificaciones de alguaciles
Otro de los cambios que destacó Montero es la incorporación de un sistema digital de georreferenciación para registrar las notificaciones realizadas por los alguaciles.
La herramienta permitirá dejar constancia del lugar donde se ejecuta cada diligencia, así como de su trazabilidad hasta que el acto sea incorporado al expediente judicial.
“Se acabaron las notificaciones de actos de alguacil en el aire”, afirmó.
El propósito, según explicó, es que quede un registro digital que permita comprobar dónde se realizó la notificación y verificar que efectivamente fue ejecutada.
Esta disposición está contemplada en el artículo 12.1 incorporado a la Ley 339-22 mediante la nueva legislación, que establece el registro de las coordenadas geoespaciales, la fecha y la hora oficial de cada diligencia procesal.
Sentencias digitales sin necesidad de acudir al tribunal
Montero también explicó que los ciudadanos podrán descargar e imprimir sus sentencias digitales sin tener que trasladarse a los tribunales para realizar trámites adicionales.
Según indicó, cuando una persona reciba una sentencia en su teléfono celular, computadora o aplicación, podrá utilizar ese documento como original, debido a que estará almacenado en el repositorio digital correspondiente.
“Esa sentencia que le llegó, como es la original que está en la nube, usted ya la puede bajar de su dispositivo e imprimirla”, explicó.
Agregó que los documentos contarán con un código QR que permitirá verificar su autenticidad y confirmar que fueron emitidos por el tribunal correspondiente.
Acceso remoto a las decisiones judiciales
Entre las prioridades que Montero señaló para los primeros 100 días también figura ampliar el acceso remoto a las sentencias, de manera que las partes puedan consultar las decisiones judiciales sin tener que esperar por trámites presenciales.
Como referencia, mencionó la experiencia que ha desarrollado desde diciembre del año pasado en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
Explicó que, una vez los jueces firman una decisión y el secretario genera el rol de sentencias leídas, el sistema permite que las partes reciban una notificación y accedan al documento con un solo clic.
“Ya usted tiene ahí reflejado […] su sentencia sin ningún tipo de esfuerzo ni de sacrificio”, manifestó.
El planteamiento busca extender este mecanismo para facilitar que los usuarios conozcan las decisiones de los tribunales y tengan acceso a ellas de manera más rápida.
Inteligencia artificial para agilizar los casos judiciales
Otra de las iniciativas que Montero plantea impulsar es la incorporación de inteligencia artificial a la administración de justicia, como parte de un modelo que permita responder de manera diferenciada según la frecuencia y complejidad de los casos.
El magistrado explicó que esta transformación requiere primero mejorar la conexión entre las secretarías de los tribunales, para que puedan intercambiar información y funcionar de manera coordinada a través de plataformas digitales.
“Las secretarías de los tribunales hay que interoperarlas para que entre una y la otra puedan funcionar en línea sin ningún tipo de problema”, señaló.
A su juicio, la eficiencia también dependerá de que la naturaleza de cada caso pueda vincularse con las herramientas disponibles para dar respuesta a los procesos judiciales.
En ese sentido, propuso organizar un modelo homogéneo de inteligencia artificial que, con el apoyo del personal humano, permita agilizar la atención de los casos frecuentes y de menor complejidad.
Montero explicó que, si entre el 60 % y el 70 % de los expedientes que recibe un tribunal corresponden a casos sin mayores niveles de complejidad, estos podrían recibir una respuesta en tiempos diferentes a los que requieren procesos más difíciles.
“Eso implica que el tribunal le puede dedicar más tiempo a los casos que tienen otros niveles de complejidad”, sostuvo.
La propuesta busca que el uso de herramientas tecnológicas contribuya a distribuir mejor el tiempo y los recursos de los tribunales, sin dejar de lado la intervención humana en la administración de justicia.
Las iniciativas forman parte de los cambios tecnológicos que el magistrado pretende impulsar en la administración de justicia, en el marco de la nueva normativa sobre medios digitales y de sus objetivos para los primeros 100 días de gestión.
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