Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre y una mujer investigados por su presunta participación en una red que reclutaba a menores de edad para someterlos a explotación sexual.
Los imputados fueron identificados por el Ministerio Público como Andrés Acosta Vargas y Franyely Franchesca Peralta Guzmán. Ambos deberán cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación de Rafey, en Santiago.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Santiago, los sospechosos contactaban a adolescentes de entre 13 y 17 años y les ofrecían dinero y regalos a cambio de que sostuvieran relaciones sexuales con otros menores. El expediente señala que el hombre grababa esos encuentros.
El Ministerio Público sostiene que los investigados captaban a personas menores de edad en condiciones de vulnerabilidad y utilizaban ofrecimientos económicos para involucrarlas en estas prácticas.
La investigación, a cargo del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, ha permitido identificar al menos tres presuntas víctimas, incluida una adolescente de 17 años que se encuentra en estado de gestación, según expuso la fiscal litigante Heidys de León durante la audiencia.
Tribunal autoriza anticipo de pruebas
Además de la prisión preventiva, el juez Dayham Rodríguez autorizó el anticipo de pruebas de las víctimas menores de edad y de otro adolescente que figura como testigo.
La medida busca preservar sus testimonios y evitar que tengan que comparecer repetidamente ante los tribunales, con el riesgo de revictimización que ello implica.
El tribunal también autorizó el levantamiento de evidencias forenses y la extracción de información de los teléfonos celulares presentados por el Ministerio Público como parte de la investigación.
Fiscalía presentó objetos recolectados en un allanamiento
Como parte de los elementos depositados ante el tribunal, el órgano acusador presentó evidencias recolectadas durante un allanamiento a la residencia de Acosta Vargas.
Según el expediente, entre los objetos encontrados figuran preservativos nuevos y usados, medicamentos, somníferos, estimulantes sexuales, cámaras de videograbación, cables transmisores USB y dinero en efectivo.
La Fiscalía atribuye provisionalmente a los investigados violaciones a la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; al artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03, sobre protección de niños, niñas y adolescentes, y a la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las imputaciones corresponden a la etapa de investigación y deberán ser conocidas en el proceso judicial. La imposición de prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad.
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