La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias de investigación penal contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos.
El procedimiento se originó a raíz de una demanda presentada el pasado 5 de enero por dos mujeres que desempeñaron labores profesionales para el artista.
Esto es lo que se ha informado sobre la acusación formulada en contra del artista hasta el momento:
Las denunciantes, que cuentan con el respaldo jurídico de la organización Women’s Link Worldwide, afirman haber sufrido episodios de acoso y violencia sexual durante el año 2021.
La investigación de la Audiencia Nacional incluye también a dos empleadas del equipo de Iglesias, señaladas por captar presuntamente a las trabajadoras y coordinar sus condiciones laborales.
El equipo legal de las víctimas ha calificado las actuaciones conjuntas como una posible organización criminal dedicada a la explotación de mujeres en el entorno del cantante.
Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.
Actualmente, el Ministerio Público mantiene las diligencias bajo secreto para determinar la veracidad y el alcance de los hechos relatados en la denuncia.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha manifestado el compromiso del Ejecutivo con el esclarecimiento de los hechos y ha rechazado cualquier espacio de impunidad.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado a la protección de las víctimas y a la necesidad de investigar con rigor la ausencia de consentimiento.
La revelación de este proceso judicial coincide con una investigación periodística coordinada entre eldiario.es y la cadena estadounidense Univisión Noticias.
Las extrabajadoras aportaron a los responsables del reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.
A pesar de la gravedad de los cargos, las autoridades han recordado la vigencia de la presunción de inocencia mientras se desarrollan las pesquisas judiciales pertinentes.
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