República Dominicana recibe cada año al primer bebé con una celebración que destaca la buena salud de la criatura y la atención brindada por los médicos. Detrás de esta tradición, cargada de simbolismo y optimismo, persiste una realidad que suele pasar desapercibida en los titulares: la maternidad en la adolescencia.
El 2026 no fue la excepción. En el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este, nació el primogénito de Marianny Encarnación, una joven de 19 años.
Su historia forma parte de una estadística mucho más amplia y preocupante. Solo en 2025, el sistema de salud pública registró 15,044 partos en niñas, jóvenes y adolescentes menores de 19 años, lo que representa el 20.1 % del total de 74,784 partos y nacimientos contabilizados a nivel nacional, según la Dirección de Gestión de la Información del Sistema Nacional de Salud.
El embarazo adolescente, definido como aquel que ocurre entre los 10 y los 19 años, es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un problema de salud pública.
La entidad advierte que está vinculado a la pobreza y a la falta de acceso a educación, y que conlleva no solo riesgos físicos para la madre, sino también consecuencias sociales y económicas.
En 2025, el SNS registró 15,044 partos en niñas y adolescentes menores de 19 años, lo que representó una disminución de 13.8 % en comparación con los 17,463 partos contabilizados en 2024, y una reducción aún mayor, 28.7 %, frente a los 21,119 registrados en 2023.
No obstante, el desglose de las estadísticas publicadas en el portal de Datos Abiertos revela que la mayoría de estos nacimientos corresponde a adolescentes de entre 15 y 19 años, con 14,310 partos, mientras que 734 fueron en niñas menores de 15 años.
En 2024, el sistema de salud pública reportó 17,463 partos en menores de edad. De ese total, 740 corresponden a niñas menores de 15 años.
El caso de la niña de 12 años ingresada en la Maternidad San Lorenzo de los Minas, con un feto muerto de cinco días, es un ejemplo de estas estadísticas.
Pero la realidad es que detrás de cada niña embarazada existe un adulto que tuvo relaciones sexuales: la vulnerabilidad de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual y los embarazos en adolescentes.
Esta realidad, para la ginecóloga Lilliam Fondeur, “no son relaciones; son crímenes en serie cometidos contra la infancia, las cifras que deberían sacudirnos”.
Asimismo, unas 16,723 a adolescentes de entre 15 y 19 años fueron registradas en la categoría de partos, lo que representó el 19 % de los 91,661 registrados en 2024. En tanto, en 2023 se contabilizaron 21,119 partos en menores de 19 años, de los cuales 862 ocurrieron en niñas menores de 15 años y 20,257 en adolescentes de entre 15 y 19 años.
Sin embargo, el fenómeno no se limita a los partos.
Durante el año pasado se registraron 1,341 abortos en niñas y adolescentes de hasta 19 años, lo que evidencia la magnitud del problema más allá de los nacimientos.
Ese mismo año, el sistema de salud pública contabilizó 15,044 partos, que derivaron en 15,127 nacimientos. De estos, 14,887 fueron nacidos vivos, mientras que 240 corresponden a nacidos muertos, según los registros oficiales.
La mayoría de los embarazos que ocurren en la adolescencia no son intencionales. América Latina y el Caribe es la región con el porcentaje más alto de embarazos no intencionales entre adolescentes, alcanzando el 67 %, por encima de Europa con 56 %, Asia, 49 %; África, 45 %; y Oceanía, 36 %.
El embarazo en adolescentes está altamente vinculado a las uniones tempranas y violencia sexual, especialmente en menores de 15 años, destaca ONU Mujeres.
“Las menores de edad no tienen capacidad para consentir. El embarazo en adolescentes es una forma de violencia. Es dominación pura y se tipifica como un delito”, destacó la ginecóloga Lilliam Fondeur.
A nivel global, el Banco Mundial estima que las uniones a temprana edad son responsables de que tres de cada cuatro niños nazcan de madres menores de 18 años.
En República Dominicana, aunque la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) no desglosan datos específicos sobre las uniones con hombres mayores o las circunstancias de agresión y violencia sexual de los embarazos, sí brindan un panorama sobre los nacimientos de niños a cargo de niñas.
Esta situación se agrava cuando, según el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las niñas y adolescentes que viven en pobreza tienen cinco veces más probabilidades de estar en uniones tempranas en comparación con aquellas en mejores condiciones económicas.
La ONE reportó que, al cierre de 2019, el 51.9 % de las mujeres de 20 a 49 años que se casaron o unieron antes de los 18 años pertenecían al quintil más pobre, que, el Banco Central dominicano (BC) fijó el costo de la canasta familiar del quintil 1 en RD$ 14,477 frente a los RD$ 31,443 del promedio nacional.
Les seguían el 45 % del segundo quintil y el 38 % del tercer quintil, cuya canasta básica estaba en RD$ 20,597 y RD$ 25,218, respectivamente.
En contraste, solo el 27.3 % de las mujeres del cuarto quintil y el 18.3 % del quintil más rico experimentaron uniones tempranas, destacando una correlación directa entre la pobreza y esta problemática.
Niñas atrapadas en uniones tempranas
Elena, con apenas 16 años, vivió una “realidad oculta” del crecimiento del 5 % que ha exhibido la economía dominicana durante la última década.
Mientras realizaba los quehaceres del hogar, comentó que se llevaba la mano a la espalda baja en señal de dolor, una molestia que iba debido a su embarazo de 33 semanas.
La joven, que abandonó la escuela, intentaba manejar su vida diaria en una pequeña casa alquilada por RD$ 7,000 en el municipio rural de Las Salinas, Barahona.
Su historia parece ser tan lejana como los 184 kilómetros de distancia entre la capital dominicana y la provincia ubicada en la segunda región con mayor nivel de pobreza extrema, de un 3 % de la población viviendo en estado de vulnerabilidad, de acuerdo con el informe de Situación macroeconómica, publicado por el Ministerio de Hacienda y Economía.
Pero, ella es parte de las cifras. Una de cada cinco féminas está casada o vive en uniones informales aun siendo menor de edad, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Los datos son más graves cuando la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró que el 21.2 % de las mujeres dominicanas entre 20 y 24 años estaban casadas o mantuvieron una unión con un hombre mayor de edad antes de cumplir 18 años.
Allí, agregó, sobrevive con los escasos RD$ 200 diarios que su esposo, José Miguel, de 27 años, deja “debajo del mantel” antes de ir a “buscar el moro”.
Ahora, ella tiene que cuidar de su hogar.
Las niñas y adolescentes en Quisqueya dedican 36.6 horas al trabajo doméstico, frente a las 4.4 horas de los hombres. En porcentaje equivale al 55.2 % de las adolescentes y jóvenes casadas que se dedican exclusivamente a las tareas de trabajo doméstico y el 7.2 % no estudia ni trabaja de manera remunerada, para un total de 62.4 %, conforme la entidad estatal.
Desde la ventana de su hogar, dijo vía llamada, que observaba con nostalgia su infancia y su futuro como arquitecta de sus sueños.
Para niñas y adolescentes como ella, los sueños de estudiar y construir un futuro se ven reemplazados por las obligaciones de ser madre y el rol de esposa a una edad en la que aún deberían estar en las aulas.
Las uniones a temprana edad, definido por organizaciones internacionales como la unión formal o informal entre un menor de edad y un adulto, no solo representa la pérdida de una infancia, sino también el inicio de una vida de responsabilidades y limitaciones impuestas.
Las uniones a temprana edad exponen a niñas y adolescentes a un ciclo de pobreza, violencia y exclusión social que impacta tanto su desarrollo personal como el de sus comunidades, pese a que esta práctica está prohibida por la Ley 1-21, promulgada por Luis Abinader en 2021.
Ella contó cómo sus vecinas, en sus uniformes escolares de polos azul cielo y pantalón caqui y zapatos negros, acudían cada día a la jornada escolar. Es una realidad que ella ya no podía vivir.
“No pude seguir en la escuela…”, contó con voz baja a través de la llamada.
“Tenía que ser una mujer, mi mamá siempre me decía que me comportara como tal y lo atendiera (a su esposo) porque él me daba dinero para comprar ropa, comida y pagar el alquiler”, confesó.
Ante esto, la directora de World Vision República Dominicana, Elicaury Bautista Bidó, explicó que, aunque la Ley 1-21 representa un logro importante, incluso adelantado respecto a otros países como Colombia, que la aprobó en 2025, el desafío más complejo es transformar las prácticas culturales que “aún toleran o normalizan estas situaciones”.
“Una ley no cambia la cultura de la noche a la mañana. La transformación cultural requiere educación, denuncia, y un compromiso colectivo para erradicar estas prácticas”, enfatizó.
El problema no es solo económico: un estudio de la Vicepresidencia de República Dominicana señaló que el 50 % de estas menores no termina sus estudios, en un contexto donde los resultados de la prueba PISA fueron desalentadores.
El país ocupó el penúltimo lugar en matemáticas de los 14 países de América Latina y el Caribe evaluados. En ciencia y lectura, se ubicó en el último lugar.
Los países de América Latina y el Caribe pierden al menos US$ 4,524 millones anuales debido a la reducción en los niveles educativos de las féminas afectadas, en el caso de República Dominicana, la cifra se proyecta en al menos US$ 51.8 millones cada año, conforme el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Las cifras son preocupantes si se mira más allá.
El 23 % de estas niñas y jóvenes enfrenta menores posibilidades de obtener un empleo de calidad, en un contexto donde el 53.4 % de los ocupados del mercado laboral dominicano cuenta solo con un nivel educativo secundario, porcentaje que se traduce a 2,751,872 de los 5,149,829 ocupados, de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) en el trimestre de agosto-septiembre del año pasado.
Asimismo, el 22 % es víctima de violencia, similar a las 57,538 denuncias por violencia de género, de las cuales el 13.6 % correspondió a mujeres de entre 18 y 25 años, mientras que el 55 % de los agresores tenía edades entre 26 y 35 años, entre enero y octubre del 2025, según la radiografía de violencia basada en género del Ministerio Público, Oficina de Cooperación Internacional (AECID) y Cooperación Española.
El 42.8 % de las adolescentes entre 15 y 19 años en uniones tempranas reportó haber sufrido violencia intrafamiliar, en un país que solo durante el 2025 unas 59 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas, según la Fundación Vida Sin Violencia.
Del grupo etario desde 15 hasta 19 años, el 42.8 % ha sufrido violencia psicológica, el 0.6 % sexual y 0.6 % física, flagelos que agravan su desarrollo social y económico a mediano y largo plazo.
Una serie de eventos desafortunados que no deberían existir en la vida de un niño o una niña que al menos, durante su minoría de edad solo debería estar preocupado por recibir una educación de calidad que permita un mejor futuro.
“La realidad es que debemos tener claro que la mayoría de nuestras niñas que cometen el error de contraer matrimonio no son conscientes de lo que están haciendo. Son empujadas por las miserias económicas y sociales que arropan nuestra sociedad”, consideró el abogado Manuel Canela Contreras en Acento.
“En manos del Estado está cumplir con esta garantía, no permitamos que los abusos continúen”, recalcó.
El costo del embarazo en adolescente y la maternidad temprana en países de América Latina y el Caribe se estima en US$ 15,357 millones cada año, de acuerdo con estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
De este monto, US$ 13,538 millones corresponden al impacto directo en las mujeres, distribuidos principalmente entre las pérdidas por ingresos laborales (US$ 7,455 millones), costos sobre la disponibilidad laboral y el empleo (US$ 1,558 millones), y los asociados a la educación (US$ 4,524 millones).
En cuanto a los Estados, los gastos del sistema de salud ascienden a US$ 803 millones, y las pérdidas fiscales asociadas alcanzan US$ 1,015 millones.
El impacto económico también es notable. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), erradicar las uniones a temprana edad podría generar un beneficio de US$ 4,800 millones para los gobiernos de América Latina y el Caribe para la década del 2030.
Quisqueya no es eximida de esta realidad, pues el valor de los salarios adicionales que hubieran ganado estas mujeres, si no se hubieran casado temprano, se estima en US$ 1,133 millones en paridad de poder adquisitivo.
El abogado Manuel Canela Contreras expresó que el matrimonio a temprana edad es el inicio de un círculo vicioso de flagelos que afectan a la sociedad dominicana.
Con este, se genera no solo una unión conyugal entre un adulto con la capacidad de discernimiento, con una menor de edad que apenas está empezando a vivir, sino también embarazos en adolescentes, deserción escolar, y una violencia de género e intrafamiliar.
Además, la ONE señala que el 43.1 % de las adolescentes de 15 a 19 años casadas o en uniones tempranas carecen de acceso a métodos anticonceptivos, lo que aumenta significativamente el riesgo de embarazos no planificados.
El Unfpa calcula que una inversión de US$ 1.8 millones para anticonceptivos y educación sexual integral permitiría reducir la tasa media de fecundidad en un 36 % en estas comunidades. De hecho, destaca que, por cada dólar invertido en la prevención del embarazo en adolescentes, los países recibirán beneficios entre US$ 15 y US$ 40.
Hasta el 29 de diciembre de 2025, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) informó que el Estado destinó RD$ 2,244.3 millones a servicios médicos de salud sexual y reproductiva, así como a centros de salud materno-infantil; RD$ 417.2 millones a acciones de prevención, atención y protección contra la violencia de género.
Además, RD$ 102.7 millones a programas de corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo, según datos del Sistema de Gestión Financiera de la Información.
Salud reproductiva
No obstante, Lilliam Fondeur, ginecobstetra, visibiliza una realidad que no sale a la luz hasta analizar las estadísticas publicadas en el Portal de Datos Abiertos.
Los datos del Servicio Nacional de Salud contabiliza que, en 2024, 322 adolescentes fueron esterilizadas; en 2025, hasta octubre, 130 más.
“Una menor de edad no puede consentir la pérdida definitiva de su capacidad reproductiva. No tiene la madurez legal ni vital para comprender la magnitud de esa decisión. Quitarle esa posibilidad no es prevención ni cuidado: es una violación de sus derechos humanos más básicos, una agresión contra su futuro y su autonomía”, explicó la especialista.
“Esterilizar a una menor de edad no es una decisión médica. Es una condena. Es violencia institucional que anula proyectos de vida y perpetúa desigualdades. Quien lo permite o lo justifica no está protegiendo a nadie: está participando, activa o pasivamente, en un crimen de lesa humanidad”, agregó Fondeur.
La eliminación de estas prácticas nocivas es una prioridad para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, la meta 5.3 de la Agenda 2030 se centra en erradicar las uniones tempranas como parte del esfuerzo global por garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
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