La jueza de Atención Permanente de Santiago, Yiberty Polanco, impuso presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica de RD$500,000 a cada uno de los 10 hombres investigados por porte ilegal de armas, proxenetismo, trata de personas y violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La decisión contrasta con lo solicitado por el Ministerio Público, que había pedido prisión preventiva de 18 meses, argumentando que los detenidos formaban parte de una red criminal organizada, calificada como asociación de malhechores.
Los imputados
El expediente incluye a George Orlando Gutiérrez Mercedes, Jesús Emilio Ruíz Ramírez, José Enrique Pichardo Núñez, Junior David Matos Monegro y Estarlin Javier Bonilla, así como a Carlos Manuel Sosa, Yapur Ramia Díaz (a) Shampoo, Leury Damián Mata Castillo, Carlos José Troche Rodríguez (a) Nino Dólar y Omar Elías Estrella Taveras.
El grupo fue arrestado en la madrugada del 5 de mayo de 2026 durante un allanamiento en una villa del municipio San José de las Matas.
El arsenal incautado
Al momento del operativo, las autoridades reportaron que los detenidos tenían en su poder un fusil modelo AM-15 con municiones, dos pistolas calibres 40 y 9 milímetros con varios cargadores, un pasamontaña, 20 celulares, cuatro vehículos y un maletín con distintas prendas.
Además, durante el allanamiento se incautaron varias porciones de un vegetal presuntamente identificado como marihuana, así como sustancias en polvo pendientes de análisis por parte de las autoridades competentes.
Las colombianas: ¿víctimas o turistas?
El caso incorpora también la situación de seis mujeres de nacionalidad colombiana que se encontraban en el lugar al momento del operativo. El Ministerio Público las señala como víctimas de trata de personas y proxenetismo. Sin embargo, las propias mujeres han rechazado esa versión.
Las extranjeras fueron identificadas como Julibeth Del Carmen Barros Orozco, Valeria Sofía Caro Rojas, Tania Mota, Yazmin Correa Bustamante, Anyeline Rojas Barros y Laura Valentina Zapata, todas mayores de edad.
"Queremos dejar claro que no somos víctimas de trata de personas. Estábamos ahí por diversión, somos jóvenes, nos divertimos, vivimos el día a día. Estamos aquí por nuestra voluntad", declaró Yazmin Correa Bustamante tras la primera audiencia.
Las mujeres sostienen que se encuentran en República Dominicana como turistas y que cuentan con toda su documentación en regla.
Celebración en los pasillos
Tras conocerse la decisión de la juez Polanco, tanto las colombianas señaladas como víctimas como los familiares y allegados de los imputados celebraron el fallo con expresiones de júbilo en los pasillos del Palacio de Justicia de Santiago.
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