Inversionistas mexicanos solicitan entrevista al presidente Abinader para tratar proyecto AIB, ahora suspendido

El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que encabeza el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, solicitó al presidente Luis Abinader una entrevista para tratarle sobre las decisiones, a su juicio equivocadas, adoptadas por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), y que afectan una inversión norteamericana del 33% de las acciones del propuesto y cancelado Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).

La carta explica que ASUR, una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, opera aeropuertos como el de Cancún, en México, o el Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, con movimiento de más de 70 millones de pasajeros por año, además de que gestiona otras 16 terminales aeroportuarias.

Explica que ASUR hizo una inversión al adquirir el 25%de las acciones del AIB, incluyendo a la República Dominicana en su portafolio de inversiones, bajo la premisa de la seguridad jurídica y el potencial de crecimiento de las operaciones aéreas y del turismo dominicano.

Legalidad y viabilidad técnica y aeronáutica

Dijo que, “previo a materializar su inversión, procedió a realizar una minuciosa y exhaustiva debida diligencia (due diligence) para asegurarse de la legalidad y viabilidad técnica y aeronáutica del AIB".

"Dicho proceso -prosiguió- incluyó un levantamiento de todos los permisos y autorizaciones recibidas desde numerosos organismos estatales, el decreto 270-20 dictado por el Poder Ejecutivo y el Contrato de Concesión suscrito entre el Estado dominicano, la Comisión Aeroportuaria y la sociedad Aeropuerto Internacional de Bávaro”.

Explica que el contrato con el Estado “refleja un marco jurídico otorgado en identidad de condiciones a los firmados por el Estado dominicano con los aeropuertos internacionales de La Romana, el Cibao y Punta Cana”.

En su carta al primer mandatario, la empresa, a través de su representante Adolfo Castro Rivas, explica que sus estudios determinaron que los aspectos técnicos del AIB “son los más completos que hemos tenido la oportunidad de evaluar como empresa líder en Latinoamérica en la gestión y operación aeroportuaria”.

Agrega que sus análisis de la demanda actual y el crecimiento del tráfico aéreo en la zona “refleja la necesidad de una nueva terminal aeroportuaria que pueda adaptase a esa nueva realidad”.

Apunta a que la nueva terminal aumentaría la competitividad, conectividad y mejoraría la calidad y los precios de los servicios, beneficiando de manera directa los turistas, las líneas aéreas, los prestadores de servicios conexos y al gran público viajero.

Explican que esto también implica un aumento de los ingresos que recibe el Estado y sus instituciones vinculadas, por los impuestos, tasas, tarjetas de turismo y demás contribuciones que se generarían.

Sorpresa y esperanza

Dice que ASUR recibió con sorpresa el decreto 02-24 dictado por el presidente Abinader el 5 de enero de 2024, que detonó y dejó sin efecto el decreto 270-20 del presidente anterior, autorizando el establecimiento del AIB.

Esa decisión constituye la cuestión principal de "la esperanza de tratar con usted, en la entrevista previamente solicitada”.

Cuestionan que el IDAC le recomendara al presidente Abinader la cancelación de la autorización, basándose en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de diciembre del 2023, y que a su vez se sostenía en una modificación reglamentaria del propio organismo regulador.

En esta modificación, sostiene, se desconocía la autoridad del presidente de la República para aprobar un aeropuerto internacional, prerrogativa contenida en la Ley Aeronáutica del país, que establece que es exclusiva del Poder Ejecutivo aprobar un aeropuerto internacional.

Le dicen en su carta al presidente que “el IDAC ha sido el principal antagonista del proyecto, que ha llevado al ánimo de los jueces que el AIB es lesivo al interés nacional y que su proceso aprobatorio fue desarrollado al margen de las regulaciones aplicables y la ley, llegando incluso a modificar, mediante la Regulación precitada, el marco jurídico para su aprobación, en contra de lo previsto en legislaciones de mayor jerarquía como lo son la ley 491-06 y la propia Constitución de la República”.

La carta de 5 páginas sostiene que “para nosotros, inversionistas cautelosos, habiendo hecho a través de nuestros abogados una evaluación amplia sobre el régimen legal de los demás aeropuertos privados y las previsiones de la Ley 491-06, el proceso de aprobación de AIB ha estado apegado a las disposiciones legales vigentes, está revestido de una más amplia legitimidad jurídica, viabilidad técnica aeronáutica y responde a una necesidad estructural acorde al desarrollo de la región este de la República Dominicana”.

Explican que hasta ahora “no hemos podido encontrar una razón objetivamente técnica que nos explique por qué la principal autoridad aeronáutica de un país se opone a la construcción de un aeropuerto que solo traerá beneficios para el desarrollo de la Repúbvlica Dominicana y para el crecimiento de su principal destino turístico”.

Dicen que República Dominicana, siendo una isla, debe desarrollar infraestructuras que faciliten el transporte aéreo, y que el IDAC es el organismo para facilitar técnicamente esas inversiones.

En ese sentido, se quejan de que el IDAC, a través de una resolución administrativa, cerrara las puertas al AIB al disponer que el aeropuerto AIB debía enmarcarse dentro de la ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas, una figura jurídica que en este caso es imposible aplicar, porque el proyecto no requiere fondos públicos de ninguna naturaleza y está financiado totalmente por capital privado, local y extranjero, al igual que los demás aeropuertos privados del país.

Sostienen que IDAC con su resolución 30.2021 se fue más allá de sus potestades regulatorias la disposición del Poder Ejecutivo de que los inversionistas podrían recurrir nuevamente reintroduciendo el proyecto al IDAC.

Entienden que no hay manera de explicar cómo un proyecto con exclusiva inversión privada puede someterse a una ley de alianza con el Estado, pero además le recuerda que el Aeropuerto Internacional de Pedernales, en proyecto, se levantará con la figura del fideicomiso y no con la Ley de Alianza Público-Privada.

El representante de ASUR le explica al presidente que son conscientes de lo abanderado que es Luis Abinader de la inversión extranjera para fomentar sectores productivos dinámicos, “y que su gobierno constituye un ejemplo a nivel regional como respetuoso de la seguridad jurídica y el respeto a los derechos adquiridos”.

Señala que la inversión realizada por ASUR “ha sido estimulada y realizada dentro del marco de los incentivos y postulados del Tratado de Libre Comercio entre RD, Centroamérica y los Estados Unidos, al amparo del cual han sido establecidas también las vías para dirimir desavenencias derivadas de la interpretación de los acuerdos entre los Estados firmantes y los inversionistas extranjeros”.

Dicen estar seguros de que el gobierno de Luis Abinader ha propiciado un envidiable clima de Inversiones altamente estimulante”, y le reiteran su solicitud de cita con los señores Fernando Chico Pardo y Adolfo Castro, “en la seguridad de que encontraremos soluciones mutuamente convenientes para el desarrollo de su gran país y el crecimiento continuo del turismo bajo su liderazgo. Para nuestra empresa es un honor y un privilegio ser parte de ese gran proyecto de nación que usted ha propiciado”.

La carta fue recibida en el Palacio Nacional el 27 de marzo del 2025, a la 1.07 PM.