El Gobierno dominicano convocará en los próximos días al Consejo Nacional de Migración para analizar si flexibiliza los requisitos de renovación de los permisos temporales de trabajo de ciudadanos venezolanos, quienes enfrentan serias dificultades para obtener la documentación exigida tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó este lunes que el Consejo Nacional de Migración será convocado "en los próximos días" para tratar el tema, entre otros asuntos de la agenda migratoria.
La funcionaria hizo el anuncio tras participar en la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, al ser consultada por periodistas sobre la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para los venezolanos residentes en el país.
"Hasta el momento simplemente estamos con la resolución que usted ha mencionado emitida por la Dirección General de Migración. En los próximos días estaremos convocando al Consejo Nacional de Migración para este y otros temas, que contará con la presencia del señor presidente de la República", dijo Raful.
La ministra no adelantó si el Ejecutivo modificará la normativa vigente ni en qué dirección podría moverse la decisión.
La convocatoria al Consejo —el órgano consultivo de más alto nivel en materia de política migratoria— sugiere que el Gobierno reconoce la gravedad de la situación, aunque sin comprometerse aún con ninguna medida concreta.
El doble terremoto dejó a Venezuela sin infraestructura documental
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el centro-norte de Venezuela el 24 de junio dejaron, según cifras actualizadas al 29 de junio, al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, con La Guaira como el estado más devastado.
La ONU estimó que hasta 6,76 millones de personas podrían resultar damnificadas. Cinco días después de la tragedia, las réplicas continúan: este lunes se registró un nuevo sismo de 4,6 en la costa de La Guaira.
La catástrofe colapsó buena parte de la infraestructura administrativa venezolana, lo que dificulta —o directamente imposibilita— que los ciudadanos de ese país puedan tramitar o renovar pasaportes, obtener certificaciones laborales o acceder a otros documentos exigidos por la normativa migratoria dominicana para mantener su estatus regular.
Qué exige la Resolución DGM-001-2026 que hoy está en vigor
Mientras el Consejo delibera, la Resolución DGM-001-2026 de la Dirección General de Migración sigue vigente. La norma establece los requisitos para renovar los permisos temporales de trabajo (TT-1) de los extranjeros admitidos como trabajadores temporeros, categoría bajo la cual se encuentran miles de venezolanos acogidos al Plan Nacional de Normalización.
Entre las exigencias figuran:
- Pasaporte vigente con al menos 18 meses de validez.
- Contrato de trabajo registrado y aprobado por el Ministerio de Trabajo.
- Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
- Póliza de garantía migratoria.
- Certificado médico.
- Pago de los derechos correspondientes.
La resolución también eliminó la posibilidad de renovar los permisos mediante declaraciones juradas de ingresos, por lo que ahora es obligatorio presentar la certificación o resolución del Ministerio de Trabajo que avale la relación laboral.
Además, el carné de trabajador temporero solo habilita a su titular para la actividad, el tiempo y la zona autorizados; el incumplimiento puede derivar en deportación conforme a la Ley General de Migración.
Una resolución ya cuestionada antes del terremoto
La DGM-001-2026 ya generaba controversia antes de la catástrofe. El 24 de junio —el mismo día de los sismos— la Red de Encuentro Dominico-Haitiano Jacques Viau y el Movimiento Socio Cultural para el Trabajo Humanitario y Ambiental (Moscta) sugirieron su impugnación.
Ello, al considerar que en la práctica deroga disposiciones del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), afectando a miles de trabajadores que se habían acogido a ese proceso.
Vuelos humanitarios, pero silencio sobre los migrantes
El Gobierno dominicano ha actuado con rapidez en algunos frentes: el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) activó un vuelo humanitario para repatriar dominicanos desed Venezuela, con capacidad para 90 pasajeros, saliendo desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia.
La operación se enmarca en la denominada Operación Quisqueya Solidaria 2026.
Sin embargo, la respuesta hacia los venezolanos que ya viven y trabajan en territorio dominicano ha sido más cautelosa. La convocatoria al Consejo Nacional de Migración es, por ahora, la única señal de que el tema está en la agenda del Ejecutivo.
La decisión que tome el Consejo tendrá consecuencias directas sobre miles de venezolanos que, de no poder renovar sus permisos por falta de documentación, quedarían en situación irregular y expuestos a deportación.
El dilema para el Gobierno es político y jurídico a la vez: flexibilizar los requisitos implica modificar o suspender temporalmente una resolución que acaba de entrar en vigor, en un contexto en que la política migratoria dominicana apunta hacia una mayor exigencia documental.
La fecha de la convocatoria al Consejo no fue precisada por Raful. Tampoco se informó si el organismo podría emitir una resolución de emergencia o si el proceso seguirá los tiempos ordinarios.
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