La mayoría de los lectores de Acento que participaron en un sondeo sobre el nuevo Código Penal favorece aplazar su entrada en vigor hasta que sean corregidas las observaciones planteadas por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
En el sondeo realizado en el portal de Acento, el 59.78 % respondió que sí respalda la posición de Finjus, mientras que el 36.96 % se manifestó en contra.
La diferencia fue aún mayor entre los usuarios de la red social X, donde el 74.1 % apoyó posponer la entrada en vigencia del código, frente a un 25.9 % que consideró que debe aplicarse tal como fue aprobado.
La consulta se realizó luego de que Finjus advirtiera sobre la necesidad de revisar el texto antes de su implementación, al considerar que contiene disposiciones ambiguas e incoherencias que podrían generar conflictos en su aplicación.
Un debate dividido
Los comentarios publicados por los lectores reflejan posiciones encontradas sobre el futuro del nuevo Código Penal.
Quienes respaldan la postura de Finjus consideran que el texto debe corregirse antes de entrar en vigor para evitar conflictos jurídicos y futuras impugnaciones.
"100 por ciento de acuerdo", escribió uno de los participantes. Otro sostuvo que "claro que sí, se deben corregir algunas inconsistencias y vacíos legales".
Algunos usuarios argumentaron que cualquier norma que contradiga la Constitución terminará siendo revisada por los tribunales. "Las garantías y derechos fundamentales terminarán moldeándolo", comentó un lector al referirse al eventual control constitucional de las disposiciones más controvertidas.
Sin embargo, otro grupo entiende que el país no puede seguir postergando una legislación cuya discusión se ha extendido por más de dos décadas.
"No, que entre ya; hay que organizar este país", expresó un usuario. Otro señaló que, "si nos llevamos de eso, va a llegar el 2050 y todavía estará engavetado".
También hubo quienes defendieron que las correcciones se hagan una vez el código esté en vigor.
"Jurídicamente no es posible detener su aplicación; cualquier corrección debe hacerse mediante una reforma aprobada por el Congreso", escribió un participante. Otro recordó que el proyecto permaneció más de 20 años en discusión legislativa y consideró que los ajustes pendientes pueden resolverse posteriormente mediante reformas o decisiones del Tribunal Constitucional.
El intercambio de opiniones evidencia que, más allá de la aprobación del Código Penal, persiste un debate sobre la conveniencia de aplazar su entrada en vigencia para introducir cambios o permitir que las eventuales controversias sean resueltas durante su aplicación.
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