El Gobierno de la República Dominicana negó este viernes haber mantenido relación comercial con los vinculados al caso de corrupción en España conocido como Koldo, por el que hay tres imputados, entre ellos el exministro español de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020.
Desde la llegada de Luis Abinader a la Presidencia dominicana, el 16 de agosto de 2020, en plena pandemia, "el Gobierno dominicano no ha suscrito contratos, ni ha realizado procesos de compras o adquisiciones de bienes y servicios con ninguna de las empresas señaladas en dicho caso", entre ellas Pronalab, Modular HV Corp, Reusa, GSI Dominicana, Bali, Megalab Eurofins y Eurofins Histolog, señaló el Ejecutivo del país caribeño en un comunicado.
Insistió en que "la presente administración no mantiene vínculos comerciales ni relaciones contractuales con las referidas entidades", al tiempo que subrayó su compromiso "con la transparencia y el cumplimiento de la ley".
Negocios en República Dominicana
El comunicado del Gobierno fue emitido después de que informaciones procedentes de España indicaran que Víctor de Aldama, un tercer imputado, intentó aprovechar sus vínculos con Koldo García y el entonces ministro Ábalos para abrir negocios en República Dominicana en el verano de 2020, en plena crisis sanitaria.
Presuntamente, Aldama insistió en múltiples ocasiones para que Koldo García intercediera y lograra una llamada entre Ábalos y Abinader, con el objetivo de abrir la puerta a operaciones vinculadas al suministro de material sanitario en plena crisis de la covid‑19.
Este caso ha provocado un gran desgaste político al partido socialista, ya que Ábalos fue durante años hombre de confianza del presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez.
El exministro español Ábalos a juicio por presunta corrupción en contratos de mascarillas
El exministro español de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos se sienta desde el 7 de abril en el banquillo de los acusados, junto a su asesor, Koldo García, y un empresario, por presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia de covid, en 2020.
El juicio se celebra en el Tribunal Supremo entre el 7 y el 30 de abril, días en los que Ábalos y su asesor serán conducidos desde la cárcel, donde permanecen como presos preventivos desde noviembre.
Poco más de dos años después de que el entonces desconocido asesor fuese detenido, arranca el primer juicio de una causa que propició la salida del exministro del partido socialista (PSOE), donde fue secretario de Organización (número tres de la formación), la renuncia a su escaño en el Congreso hace unos meses y su entrada en prisión provisional, junto a su asistente.
Caso Koldo
Se trata del primer juicio del conocido como caso Koldo -que tiene más piezas en la Audiencia Nacional-, en el que la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, una pena inferior a los 30 años que solicitan las acusaciones populares que lidera el conservador Partido Popular.
El tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama, que tiene otras causas judiciales pendientes, afronta la menor petición -7 años- al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia, que fue precisamente lo que le sacó de prisión.
Se les acusa de concertarse para aprovechar los cargos de Ábalos, como ministro y secretario de Organización del PSOE para beneficiar a empresas promovidas por Aldama, entre otras cuestiones, en dos contratos públicos de mascarillas para dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes, a cambio de presuntas comisiones ilegales.
El juicio provoca una gran expectación pública, como ejemplo, 53 medios de comunicación, nacionales e internacionales, están acreditados para seguir el juicio.
A lo largo del día de hoy pasarán por el tribunal once testigos, entre ellos, el hijo Ábalos y su expareja Jéssica Rodríguez, cuya contratación en dos empresas públicas centra parte de la acusación, al considerar el fiscal que el exministro promovió su fichaje, pese a que nunca "desempeñó tarea alguna".
Pero en total, está previsto que declaren más de 80 testigos, entre los que sobresalen por su perfil político la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres. Ambos deberán responder por los contratos de mascarillas con las empresas presentadas por Aldama cuando presidían los gobiernos regionales de las islas Baleares y Canarias, respectivamente.
Ambos declararán por escrito, pero no responderán a un formulario de preguntas, presentaran un informe.
Los tres acusados serán los últimos en declarar ante los jueces.
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