El partido Frente Amplio anunció que el domingo 21 de septiembre realizarán frente al Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello a las 10:00 a.m., una vigilia en defensa de la salud y contra el presunto caso corrupción por parte del Seguro Nacional de Salud (Senasa), además exigirán al Gobierno la terminación de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.
Durante una manifestación pacífica realizada frente al local del Senasa, la organización política convocó a la población a realizar manifestaciones simultáneas frente a las oficinas de Senasa en todo el país, para expresar el rechazo ciudadano a los actos de corrupción.
Asimismo, afirmó que los mecanismos de supervisión del Senasa y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social fallaron en su rol de vigilancia, y rechazó la decisión del Gobierno de inyectar recursos extraordinarios, alegando que “se convierten en subsidios sin garantías, perpetuando la impunidad y la corrupción”.
La organización política denunció que, de acuerdo con reportajes de la prensa nacional, funcionarios y exfuncionarios del Senasa en complicidad con prestadores privados de salud, inventaron miles de atenciones inexistentes, cobradas fraudulentamente al sistema, provocando el desvío de cientos de millones de pesos.
En ese orden, la organización demandó una mejoría en la calidad de los servicios de salud que esta ARS ofrece a la clase trabajadora y a los más necesitados, garantizando atención digna, oportuna y humana, así como una rebaja sustancial en el costo de los medicamentos.
De su lado, la vicepresidenta del partido, Luz Eneida Mejía, manifestó que el Estado dominicano ha fallado en garantizar los derechos del pueblo, tras los presuntos actos de corrupción detectados en el Senasa.
Mejía exhortó al Gobierno Central realizar una investigación “profunda, transparente, sin privilegios y que no queden vacas sagradas escondidas”, que revele los nombres de las clínicas, laboratorios y centros de diagnóstico involucrados en el esquema de desvío de fondos.
Sostuvo que los responsables deben ser llevados ante los tribunales y sentados en el banquillo de los acusados para recibir sanciones y condenas ejemplares.
“Que no ocurra como en otros casos de corrupción, donde todo termina en simples multas para complacer a todo el mundo”, advirtió Mejía.
En ese orden, llamó a la ciudadanía a salir a defender su seguro y sus derechos, indicando que las irregularidades afectan a los sectores más pobres, como trabajadores informales y domésticos.
“Están robándole a los desempleados, a los chiriperos y a las trabajadoras domésticas. Si le quitan la capacidad de comprar medicamentos, están robando a los más pobres”, manifestó.
Sobre la investigación
Durante LA Semanal con la prensa del pasado lunes, el presidente Luis Abinader indicó que, en noviembre de 2024, el Gobierno solicitó formalmente al Ministerio Público investigar las presuntas irregularidades en el Senasa, incluso antes de que existieran reportajes periodísticos sobre el tema.
En ese mismo orden, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) informó que por instrucciones directas del presidente Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo del Senasa, Edward Guzmán, el pasado sábado 13 de septiembre entregaron a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, un informe con “graves hallazgos” de irregularidades detectadas en el Senasa.
“El Gobierno reafirma el compromiso del presidente Abinader con la transparencia, el fortalecimiento institucional y su política firme de cero tolerancias con la corrupción”, indicó el documento oficial difundido por Diecom.
La investigación, en la que también participan la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, se originó a raíz de denuncias del programa de televisión “Reporte Especial con Julissa Céspedes”, que expuso un supuesto esquema de corrupción que involucraría a funcionarios, exfuncionarios y médicos.
Estos habrían sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos para autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas.
En ese entonces, Senasa estaba dirigido por Santiago Hazim, quien se desempeñó en el cargo desde el inicio del gobierno de Abinader hasta el mes pasado, cuando fue sustituido por Edward Guzmán.
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